La protesta de los autoconvocados de la Educación y la Salud se agravó y se desvirtuó un poco más ayer, cuando los manifestantes decidieron realizar un corte total de la ruta nacional 9, a la altura del expeaje de Aunor, en el ingreso de la ciudad, dejando varados en la ruta a miles de personas. Finalmente, y a partir de la intervención de la jueza de Garantías Ada Zunino y los fiscales Rivero y González, el piquete se levantó.

Más temprano, y luego de que la Policía no lograra despejar la ruta ya que los manifestantes se enfrentaron a golpes con los efectivos de las fuerzas de seguridad, un grupo de camioneros intentó negociar con los manifestantes para poder ingresar con sus productos a la ciudad.

Ante la negativa de los autoconvocados, la paciencia de las personas varadas se fue agotando con el paso de las horas e intentaron quitar por la fuerza una de las banderas con las que cortaban la ruta, lo que fue repelido con violencia por los manifestantes.

De los incidentes participaron los trabajadores de la Educación y la Salud, quienes se trenzaron con camioneros y familias que, desesperados, exigían el cumplimiento de su derecho a circular. Incluso se necesitó la intervención del fiscal Pablo Rivero para permitir la circulación de una mujer embarazada, a la que insólitamente mantenían retenida en el piquete.

Tan grave se tornó la situación que en el lugar debieron presentarse la jueza Zunino y los fiscales Rivero y Gabriel González, quienes intentaron negociar con los manifestantes, que se mantenían intransigentes exigiendo la presencia de autoridades de primera línea del Gobierno provincial en el lugar.

La manifestación y los incidentes tienen lugar en momentos en que el Gobierno de la Provincia negocia con los gremios con representación las paritarias del 2023, negociación que pasó anoche a un cuarto intermedio. Sin embargo, los autoconvocados desconocen la representatividad de los sindicatos y exigen una negociación paralela.

Cerca de las 21 los autoconvocados aceptaron levantar el corte, en medio de un coro de bocinas de cientos de automovilistas que desaprobaban la protesta que los mantuvo retenidos durante más de seis horas, sin poder comer o ir al baño.

Fue la jueza Zunino quien logró disuadir a los manifestantes minutos después de las 20, mientras efectivos de Infantería se desplegaban en la zona.

La jueza les había dado a los docentes autoconvocados y demás manifestantes un tiempo límite para que se liberara la ruta y evitar de esa manera un nuevo enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

"La situación se volvió de emergencia pública", consideró la jueza Zunino en diálogo con El Tribuno, mientras permanecía en la zona donde se generó el corte. "Me hice presente en lugar, escuché los reclamos, les di mi punto de vista como ciudadana y como jueza, y les expliqué que había cumplir con la ley", agregó.

La magistrada contó que una mujer, con una enfermedad y desesperada, le solicitó que intervenga, entre tantos otros requerimientos de quienes intentaban ingresar o salir de la ciudad.

"Los intimé a que depongan la actitud y les advertí que en caso de no hacerlo se iba a aplicar la fuerza pública", dijo Zunino.

La jueza dio más detalles de la conversación con los autoconvocados. "Les dije que toda persona tiene derecho a protestar, pero en este caso había un ejercicio abusivo y que impedía la libertad de trabajadores iguales que ellos, y que tenía que hacer cumplir la ley", añadió.

"No estuvieron muy de acuerdo, pero ante la intransigencia entendieron que se iba a cumplir mi orden".

Por su parte, el fiscal Pablo Rivero fue uno de los primeros representantes de la Justicia en acercarse al conflicto. "Desde las 16 nos hicimos presentes en el corte para darle inicio a la gestión del protocolo. Sin embargo, se les requirió la liberación de la calzada y no hubo respuestas hasta cerca de las 21 horas", dijo en diálogo con este medio.

"Entendiendo que es una cuestión de flagrancia y seguridad para los docentes que estaban en la protesta y para las personas que querían ingresar, se requirió a la jueza de Garantías la intimación al despeje, bajo apercibimiento de utilizar la fuerza pública", acotó.

El fiscal también confirmó el clima de violencia permanente: "Hubo una agresividad que requirió la intervención de la jueza con medida cautelar".