Es preocupante que personas procesadas por innumerables hechos de corrupción durante sus funciones como jefe comunales puedan asumir cargos públicos nuevamente. La impunidad y la falta de respuestas adecuadas para los actos de corrupción socavan la confianza en el sistema político y judicial.

En el caso del exintendente Manuel Cornejo, fue condenado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Sin embargo, no irá a prisión hasta que la sentencia quede firme.

Tras de Cornejo está en la lista de procesados Julio Antonio Jalit, exintendente de Pichanal, que enfrenta acusaciones de estafa, administración fraudulenta, peculado de servicios y otros delitos graves. Sergio "Topo" Ramos, también electo como intendente de Rosario de Lerma, se ampara en los fueros del Senado provincial. Así como los mencionados, existen siete exintendentes con causas judiciales. Solo una exintendenta que irá a prisión efectiva, Angelina Lucía Canchi, de Isla de Cañas, por los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, condenada a la pena de cuatro años de prisión efectiva, que ya cumple en la Unidad Carcelaria 9 de Orán, e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos en la administración pública. A la lista se suma la condena al exintendendente de Angastaco, Eduardo Ramón Díaz a tres años de prisión condicional.

Es inaceptable que personas acusadas de corrupción regresen a cargos en los que cometieron delitos. Parece haber lagunas legales que permiten que asuman antes de ser juzgados.

La impunidad y la falta de rendición de cuentas son alarmantes. Estos individuos podrían gobernar a pesar de tener causas pendientes y posibles condenas. Aun con las condenas recientes de Cornejo y Canchi, no se logra la confianza necesaria que fortalezca a la Justicia con sus dictámenes y que garantice que aquellos acusados de corrupción enfrenten juicios y cumplan con las consecuencias legales.

La integridad en la gestión pública es esencial. No podemos permitir que los corruptos regresen al poder y sigan socavando nuestra confianza en las instituciones. Ramos tiene tantas causas complicadas como el condenado Cornejo. Llegó a devolver, sin ninguna vergüenza, dinero que hace varios años desapareció de su administración para la construcción de casas sociales. La Justicia pidió el desafuero del actual senador por Rosario de Lerma pero nunca tuvo respuestas. Es decir, silencio corporativo para evitar ser condenado por la Justicia.

Jalit también fue electo intendente y dentro de poco seguramente será el siguiente en la lista de condenados. Pero el hecho de ser electos y estar a punto de asumir en los cargos donde fueron objeto de procesamientos por corrupción marca una impronta nunca vista en la provincia.

Jalit, que pasó en pocos años de ser empleado de una estación de servicios a un opulento terrateniente de fincas productivas en el norte de la provincia, en caso de ser juzgado antes de la fecha de asumir podría ir tras las rejas. ¿Y qué pasará con su cargo? ¿Convocarán a nuevas elecciones en Pichanal? O asumirá el presidente del Concejo Deliberante. La incógnita es saber sobre las causas de Ramos. ¿Será enjuiciado este año o pasará como ocurrió hace 20 años atrás con la famosa causa de los intendentes, donde también fue actor principal y la causa quedó bochornosamente archivada en la Justicia salteña?