El pasado 4 de agosto, un nuevo femicidio conmovió a la sociedad salteña desde el barrio privado El Tipal. Según registros del Observatorio de las violencias de género "Ahora que sí nos ven", fue el decimosexto en la provincia desde comienzos de año. Para otras fuentes, citadas en diferentes notas periodísticas, fueron menos. La epidemia que en los últimos 15 años dejó a más de 4.100 niños, niñas y adolescentes huérfanos, tiene miradas que titubean hasta en el registro de las muertes violentas de mujeres por razones de género. También tiene víctimas silenciosas sobre las que la abogada Eugenia Hernández Berni, Asesora de Incapaces 5 del Ministerio Pupilar de Salta, compartió su mirada y preocupaciones.

¿Cómo cree usted que se podría garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia?

En primer lugar deberíamos visibilizar las acciones cotidianas y los roles que asignamos a las mujeres y a los hombres. No podemos continuar manteniéndonos al margen de las situaciones de violencia que día a día aparecen en nuestro móvil, en nuestras conversaciones familiares o de amigos. La sociedad salteña debe replantearse qué estamos haciendo, y sobre todo qué estamos tolerando, porque si no empezamos a construir sobre la base de igualdad de oportunidades y derechos no podremos esperar otra cosa que más violencia, más femicidios y más víctimas.

"No podemos avanzar hacia una vida libre de violencia si no la prevenimos, sancionamos a través de una sentencia y erradicamos".

Si un niño, niña o adolescente crece en un ambiente de violencia, con conductas estereotipadas en los roles asignados al hombre y la mujer, con la concepción de esta última como sujeto-objeto de subordinación, es muy probable que proyecte su vida adulta de idéntica manera, porque ha naturalizado la violencia en su propia vida. Debemos ser reflexivos para conseguir cambios significativos en nuestra sociedad.

Cada año cientos de niños, niñas y adolescentes pierden a sus madres y padres.

Son víctimas silenciosas de los femicidios...

Solo durante 2022 la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró a 234 hijas e hijos que estaban a cargo de víctimas de femicidios.

Se trata de personas que son potenciales beneficiarias del Régimen de Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes (RENNyA) creado por ley 27.452. Es importante destacar que, en aquellos casos en que el femicidio es cometido por el otro progenitor, el niño, niña o adolescente debe afrontar no solo la pérdida de su madre, sino también la de su padre.

¿Qué sucede, en esos casos, con la responsabilidad parental?

La ley sanciona con la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental a aquel progenitor que ha cometido el delito de homicidio en perjuicio del otro. Esta circunstancia deja al niño, niña o adolescente en un estado de desprotección por la ausencia de los progenitores para el correcto ejercicio de las acciones de cuidado. La ley prevé la obligación de las autoridades judiciales, esto es de los jueces, de proveerles la tutela.

"Si no empezamos a construir sobre la base de igualdad y derechos no podremos esperar otra cosa que más violencia".

¿En quién recae la tutela?

Se debe designar algún pariente o referente afectivo que pueda asumir los cuidados. Si el niño, niña o adolescente no cuenta con una persona idónea que pudiera asumir sus cuidados, ingresa bajo la protección del Estado en un dispositivo a cargo de la Secretaría de la Niñez y Familia. Esta cuestión, que en la letra de la ley aparece como técnica y abstracta, en nada visualiza el grave sufrimiento y la tragedia que un femicidio genera en la vida de un niño, niña o adolescente, ya que no tan solo deberán enfrentarse a la pérdida de ambos progenitores y a una vida sin ellos, sino que también deberán afrontar una grave afectación psicológica y emocional, con un daño moral irreparable. Tomar conciencia de esto, y entender que los femicidios no solo afectan a los hijos y familiares directos de las mujeres asesinadas, sino que dañan a toda la sociedad, es el primer paso para un cambio significativo que nos permita vivir libres de violencia.

¿Qué respuestas da el Estado, o cómo debería responder, frente a la violencia contra la mujer y los femicidios?

La obligación de protección del Estado consiste en tres tareas fundamentales: la primera es prevenir; la segunda, sancionar, y la tercera, erradicar la violencia contra la mujer. Todas estas obligaciones son de absoluta relevancia, ya que no podemos avanzar hacia una vida libre de violencia si no la prevenimos, sancionamos a través de una sentencia judicial y erradicamos. El Estado debe adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, debe contar con un adecuado marco jurídico de protección que tenga una aplicación efectiva, y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias, con fiscales especializados, dentro del marco establecido por leyes nacionales y provinciales.

¿Por qué son necesarias medidas integrales?

La estrategia de prevención debe ser integral porque debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Sería una buena opción incluirla en los planes académicos escolares para la formación en derechos humanos y género de la población escolar. Hoy se advierte también la importancia de implementar reparaciones que tengan un alcance comunitario, como campañas de concientización y cursos obligatorios en espacios laborales. Se debe tener muy presente, además, que el Estado tiene una obligación reforzada en la erradicación de la violencia contra la mujer. Por lo tanto debería facilitar que sus instituciones y organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos humanos y género brinden asistencia en las acciones de capacitación comunitaria, la cuales deberían adecuarse a la cosmovisión de las comunidades indígenas y demás colectivos sociales.

Violencia: ¿hacia dónde vamos como sociedad?

La asesora de Incapaces 5 de Salta, Eugenia Hernández Berni, remarcó que la violencia de género y su expresión más extrema y brutal, los femicidios, "nos obligan a todos y cada uno de nosotros a hacer una pausa para analizar, con la seriedad y responsabilidad que se merece una vida, lo que estamos haciendo, lo que toleramos, lo que hemos naturalizado y ver a dónde queremos llegar como personas y como sociedad".

La letrada recordó que, tal como lo advierte la Convención de Belém do Pará, la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos fundamentales, sino que es "una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres" que "trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión".

Partiendo de esa base, la funcionaria del Ministerio Público Pupilar invitó a reflexionar sobre los roles que se asignan en Salta a hombres y mujeres. Aseguró que analizar el entorno diario que nos rodea en nuestra propia familia suele ser suficiente para advertir "la preconcepción de atributos, conductas, características poseídas o papeles que son, o deberían ser, ejecutados por hombres y mujeres, respectivamente".

La abogada, quien en 2018 también se desempeñó como visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que es posible asociar, sin mayores esfuerzos, la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes.

En este contexto, remarcó que se suele condicionar las opciones de vida de una mujer recayendo en la concepción "tradicional" sobre el rol social que tiene asignado como madre. Agregó que, según esa concepción, se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas con renunciamientos a aspectos esenciales de "su identidad o anhelos de realización personal, profesional y de autodeterminación incluso en su decisión de no continuar en pareja".

Hernández Berni hizo notar que, en estos casos, "el estereotipo de género, su creación y uso se convierten en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer". Recalcó que las condiciones "se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales y en los miembros de toda la sociedad que, de algún modo, justifican la violencia contra la mujer" con frases súper comunes como "la golpeó o mató por que era infiel" o "ella no atendía a los hijos".

La funcionaria precisó que la influencia de patrones socioculturales discriminatorios suele dar como resultado una descalificación de la víctima en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad por los hechos, "ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en una suerte de tolerancia comunitaria a las inconductas desaprensivas de los agresores, quienes actúan inmersos en la idea de que su actuar está justificado".

Frente a este lamentable escenario social, Hernández Berni planteó que lo fundamental "es restablecer las condiciones de seguridad y reconocimiento a la solidaridad social y participación en torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pues la información que se ha generado hasta ahora tiende a construir un clima de tolerancia a la violencia contra la mujer y de desinformación sobre la responsabilidad de cómo garantizar este derecho".