El ministro de Interior, Guillermo Francos, llegó al Palacio Legislativo pasadas las 18 con el nuevo texto corregido de la “Ley de Bases” bajo el brazo y se metió rápidamente en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para recibir uno a uno a los líderes de los bloques “dialoguistas” que exigían cambios al articulado.

Tras una charla cara a cara entre Francos y Menem, se sumó Santiago Caputo, estrecho colaborador del presidente Javier Milei, seguido del presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo y la diputada nacional del mismo partido María Eugenia Vidal.

De esa primera reunión surgió que la idea que empujaba el riojano de sesionar este mismo sábado pasa a archivo y concentrarán esfuerzos en dictaminar el martes que viene y abrir el recinto el jueves para votar el proyecto ómnibus.

“Las conversaciones avanzan. El balance es positivo. Tenemos que estudiar la contrapropuesta que nos trajeron”, señalaron fuentes del PRO.

El siguiente en ingresar al despacho de Menem fue el jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, quien lidia con una interna agrietada dentro de su bloque, con un sector más propenso a acompañar y otro con ganas de romper.

Luego se sumaron el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, y el diputado libertario Oscar D´Alessandro.

Con el PRO más cerca de acompañar el dictamen del oficialismo pese a algunos dudas con ciertos artículos, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal tomaron la iniciativa para condicionar su apoyo a la remoción de cinco puntos del proyecto con los que a priori no van a aceptar.

“No hay posibilidades materiales de que mañana haya un dictamen serio”, sostuvo, desconfiado, un importante líder de este conglomerado opositor.

En ese sentido, se encontraban esta tarde ultimando su propio dictamen los diputados nacionales Oscar Agost Carreño (Cambio Federal), Paula Oliveto (Coalición Cívica), Mariela Coletta (UCR) y el asesor y ex diputado Fernando Sánchez.

Este dictamen alternativo incorpora únicamente los temas económicos, fiscales y energéticos, otorgando facultades delegadas al Poder Ejecutivo por solamente un año y no dos años (y otros dos prorrogables) como pretende el Gobierno.

Este proyecto opositor, además, reduce las alícuotas de derechos de exportación, incorpora una fórmula de movilidad atada a la inflación como la que implementó el Gobierno de Cambiemos, y supedita las privatizaciones de empresas públicas al envío del pliego de términos y condiciones al Congreso nacional.

Sobre este punto, dejan afuera del paquete de 41 privatizaciones que pretende el Gobierno las siguientes empresas públicas: YPF, Banco Nación, ARSAT, YMAD y Nucleoeléctrica, por lo que avalan la conversión de la naturaleza jurídica de las restantes 35 compañías estatales sujetas a privatización.

En tanto, acompañan la eliminación de la "ley Guzmán" que obligaba a pedir autorización al Congreso para el endeudamiento, aunque sujetan estas operaciones de toma de crédito al control de la comisión bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación.

“No le vamos a pedir lo que no le pedimos al Gobierno de Macri”, justificaron altas fuentes de Hacemos Coalición Federal a las que NA tuvo acceso.

Por otra parte, el dictamen de este sector de la oposición dialoguista autoriza el traspaso al Tesoro del paquete accionario del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de ANSES, aunque especifica que esos recursos se utilicen para la cancelación de deudas de las provincias.