Insólito. Entre julio y diciembre pasados, más de $300 millones gastó el Estado provincial en los sueldos de 127 docentes que no volvieron a trabajar después del paro docente de 2023.

Así lo reveló a El Tribuno Eduardo Costello, secretario Institucional y de Administración del Ministerio de Educación de Salta: "Nos llamó la atención la cantidad de docentes que no estaban prestando tareas desde el año pasado. Pedimos un informe a la Dirección de Personal de Educación y nos informaron que 127 personas estaban sin prestar tareas, sin causas justificadas desde mediados del año pasado".

La Secretaría de Trabajo fue consultada para descartar la posibilidad de medidas de fuerza o paros sindicales que justificaran las ausencias, y la respuesta fue negativa. La situación, que ha pasado desapercibida durante meses, concretamente más de 100 días efectivos de clases, pone de manifiesto la falta de medidas efectivas para abordar la inasistencia prolongada de estos educadores. Sin embargo, en tiempos de crisis hay que afinar el lápiz, está claro.

La inasistencia, según la interpretación de las autoridades comentó Costello, se considera como falta injustificada, sin contar con amparo legal que respalde estas prolongadas ausencias. Por ese motivo, se decidió iniciar un sumario administrativo a los 127 docentes, con la posibilidad de cesantía si no se justifican debidamente.

"No existe acción legal que ampare estas inasistencias, hubo un amparo que fue rechazado por la Corte el año pasado, por lo que se interpreta la no prestación de tareas como falta injustificada", indicó.

Costello reveló que estos docentes, a pesar de tener pequeños descuentos mensuales, continuaron percibiendo la mayor parte de sus salarios. Esta situación generó una erogación significativa para el Estado, llegando a la cifra asombrosa de alrededor de $300 millones. Pero eso no es todo, porque además fue necesario contratar a otros docentes para cubrir las vacantes, lo que generó un costo adicional y seguramente lo seguirá generando mientras no se resuelva el sumario.

La falta de acción oportuna por parte de las autoridades es evidente, ya que las inasistencias de estos docentes no fueron abordadas a tiempo. Aunque las escuelas informan regularmente las asistencias, en este caso particular, la situación se dejó correr sin aplicar medidas adecuadas. Por estatuto, más de 10 días de inasistencias injustificadas corresponde un sumario administrativo, advirtió el funcionario provincial. Esto para que el mismo agente pueda hacer su descargo.

De cara al inicio de clases en un mes, Costello fue consultado sobre la posibilidad de una resolución inmediata. Sin embargo, señaló que el proceso administrativo está en espera de recursos internos y que la resolución final dependerá de los plazos administrativos. Aclaró que los tiempos administrativos no están bajo su control e insistió en la importancia de trabajar conforme a los plazos y leyes vigentes.

El Ministerio ya notificó a los docentes sobre la iniciación del sumario, y Costello afirmó que se están llevando adelante las acciones correspondientes en la Dirección Jurídica para seguir de cerca el proceso.