En el marco de la investigación por presunta corrupción en el Servicio Penitenciario, la fiscal de Impugnación en feria, Karina Holmquist Moreira, fue notificada acerca de la decisión del juez Pablo Mariño de revocar parcialmente el arresto domiciliario concedido a cinco funcionarios de dicha institución y a otros cuatro individuos vinculados con la investigación en curso. La medida comprende a cinco funcionarios del Servicio Penitenciario, destacando la presencia de tres jefes. Además, se encuentra la madre de un individuo privado de la libertad, quien se presume desempeñó un papel crucial en la fragmentación y entrega de sustancias estupefacientes a un guardia carcelario. Sumado a esto, se identificaron otras tres personas que habrían llevado adelante roles significativos dentro de la organización bajo investigación.

La decisión sobre otras cuatro mujeres imputadas en la causa es que permanezcan bajo arresto domiciliario, informaron.

En su escrito, el magistrado recomienda que, dado que la prisión preventiva afecta a personal penitenciario encargado de la custodia de los internos en el penal de la UUC 1, el Tribunal de origen debe tomar las medidas con el propósito de prevenir posibles afectaciones a la integridad física de los encausados.

El juez Mariño sugiere su reubicación en una dependencia donde no tengan contacto con los internos ni con sus colegas de trabajo.

En caso de no ser posible, se recomienda su alojamiento en alguna dependencia bajo la jurisdicción del Gobierno Federal. Asimismo, se insta a aplicar estas mismas precauciones para los acusados civiles.