Acceso web El Tribuno:
www.eltribuno.com
Contacto:
Editor: Pablo Juarez
E-mail: pjuarez@eltribuno.com.ar
Teléfono: +54 387 4246200
Por cualquier consulta administrativa o referida al sitio, puede escribirnos a: contactoweb@eltribuno.com.ar
Director: Sergio Romero
Telefono: +54 0810 888 2582
Razón Social: Horizontes On Line SA.
Registro de propiedad intelectual: 69686832Domicilio: Av. Ex. Combatientes de Malvinas 3890 - CP (A4412BYA) Salta, Argentina.
Es un pago mensual equivalente a una jubilación mínima que incluye cobertura de salud, que debe tramitar el representante legal del niño o adolescente en ANSES. “La ley es importante, visibiliza que los menores son víctimas colaterales”, dijo Milagros Piñeyro, de la Asesoría de Incapaces del Ministerio Público Pupilar.
1 DE Octubre 2024 - 15:28
La sanción de la ley Brisa se dio en julio de 2018 y se trata de un régimen de reparación económica, que incluye una obligación de cobertura de salud integral para niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores, hubieran sido víctimas de femicidio, que es un homicidio agravado por ser cometido en el marco de una violencia de género o violencia intrafamiliar. Desde la Asesoría de Incapaces del Ministerio Público Pupilar de Salta, afirman que procuran garantizar la representación legal y el asesoramiento necesario para que los hijos de las víctimas y sus familias accedan a este derecho, que se tramita ante ANSES.
El objeto de esta ley es reconocer que los hijos son víctimas colaterales o indirectas de lo que le ha pasado a su progenitora. Es por eso que establece una reparación económica, que es un pago mensual equivalente a una jubilación mínima, el cual es actualizable, no puede ser embargado.
En diálogo con El Tribuno, la secretaria letrada de la Asesoría de Incapaces Nº 9, Milagros Piñeyro dijo que se trata de una obligación que tiene el Estado a favor de estos niños y adolescentes.
Luego detalló que la reparación se tramita a través de ANSES, en donde se les va a requerir acreditar que la persona fue autor, cómplice o instigador de este delito, lo cual se demuestra a través de una sentencia judicial, que la dicte un juzgado penal y esa sentencia tiene que estar firme. En el caso de que no haya una sentencia firme se puede acreditar con la elevación a juicio, que es lo que tenemos en Salta. “Si uno va a leer la ley va a decir procesamiento, pero en Salta lo que tenemos es una elevación a juicio, que es como un equivalente y eso tiene que estar firme”, explicó Piñeyro.
Al ser consultada por el último caso de femicidio registrado en Salta, ocurrido en el barrio Ara San Juan, en donde perdió la vida la joven madre Ayélen Guantay, quién ha dejado a su hijo de dos años, indicó que es un gran avance que estén empezando los trámites de la guarda del menor. Porque uno de los requisitos cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, para acceder a la indemnización que les corresponde hasta los 21 años, es contar con un representante legal.
Luego resaltó que va a necesitar de una sentencia de guarda, que es una sentencia judicial, que acredité que estas personas son sus representantes y son los que van a tener que iniciar el trámite ante ANSES.
En el caso de que el autor o presunto autor del homicidio hubiera fallecido, lo cual se dio en muchos casos en Salta, lo que se requiere es una sentencia judicial que declaré “extinta” la acción penal.
Es decir los requisitos necesarios para hacer la presentación ante ANSES serán una copia certificada de la sentencia, DNI del representante legal, DNI del niño o adolescente, acta de nacimiento que acredite el vínculo con la víctima y la declaración de extinción de la acción penal.
Piñeyro explicó que la función de la asesoría es procurar que cada “asistido” tenga una representación legal, y además asesorar a estos representantes o posibles representantes legales de todos los derechos que le corresponden.
No solamente en cuanto a la Ley Brisa sino también si hay algún tipo de vulnerabilidad social, para requerir que el organismo administrativo de protección de derechos, que es la Secretaría de la Niñez asista a estos niños y adolescentes. También para que articule con los demás organismos del poder ejecutivo provincial y municipal competentes, ya que incluso puede pasar que haya otro miembro de la familia del autor del crimen al que se pueda reclamar alimentos.
“Muchas veces iniciado las acciones tendientes a que estos niños tengan la representación legal, que no sólo les sirve obviamente para tramitar la Ley Brisa, sino para todos los aspectos de su vida”, sostuvo la letrada.
La importancia de la ley es visibilizar que los niños, niñas y adolescentes son víctimas colaterales, debido a que no sólo pierden a su progenitora que era su lugar de contención, de afecto, de cuidado, sino que incluso muchas veces el presunto autor es incluso hasta su propio progenitor. Es por eso que se trata de una situación de gravedad y es muy importante que se mantenga esta reparación porque justamente su mamá era su sustento económico.
“Es una obligación del estado procurar siempre la mayor satisfacción de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es su interés superior”, remarcó.
Y añadió que si bien el trámite se realiza en ANSES, desde la asesoría de incapaces del poder judicial, asesoran a cada asistido sobre cómo iniciar el trámite, dónde tienen que pedir el turno, les ayudan a conseguir toda esa documentación y les recuerdan que tienen que concurrir a la sucursal más cercana a su domicilio.
Luego remarcó que a pesar de que se les brinda asesoramiento, hay muchas familias que no hacen el trámite para contar con la reparación. “Muchas familias deciden no iniciar el trámite, pese a saber que es un derecho y un beneficio de ellos”, dijo.
Finalmente desde la Asesoría de Incapaces Nº 9 recalcaron que no solamente han intervenido en situaciones de femicidio, que es lo más grave, sino también en muchas situaciones de violencia intrafamiliar. “Tratamos de que los progenitores reflexionen y tengan en cuenta que su conducta es el reflejo de lo que van a ser sus hijos”, expresó. Por ello, esa conducta como progenitores tiene que tender siempre a estar libre de violencia, ya que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir una vida sana.
Asimismo dijo que es importante que como sociedad reflexionemos, que no tengamos miedo a iniciar un tratamiento psicológico cuando entendamos que lo requerimos y que hay muchos centros de salud, hospitales, a donde se puede acudir con la obra social. “Busquemos ayuda, eso es lo importante, demos un entorno saludable a nuestros hijos”, finalizó.
La ley surgió tras el caso de Brisa Barrionuevo, una niña de tres años de la localidad bonaerense de Moreno, cuya madre fue asesinada a golpes y su cadáver arrojado al río dentro de una bolsa por su marido. Cuando Daiana Barrionuevo desapareció, su expareja le dijo a la policía que se había ido con un amante, lo que motivó una búsqueda durante 20 días, tras la cual se descubrió que había sido asesinada y su cuerpo arrojado al río.