El gobierno nacional celebra en estos días dos logros de fuerte significación política: el Congreso sostuvo el veto contra la ley de financiamiento universitario, como antes lo había hecho con la ley que intentaba aumentar el 8% a los jubilados.

Ambas leyes vetadas habían sido gestadas en el Congreso y las dos tenían errores que las volvían inconsistentes. El aumento a los jubilados hubiera consolidado, de hecho, la mayor parte del atraso de en el poder adquisitivo de las jubilaciones acarreado desde 2017. Y la ley universitaria, a su vez, pasaba por alto señalar la fuente de financiamiento.

De hecho, como exhibición de poder el gobierno salió airoso. Pero los números siguen siendo muy ajustados y dificultarían la sanción armoniosa del presupuesto 2025.

Sin embargo, es necesario que el presidente Javier Milei asuma que tanto el financiamiento como la calidad educativa no están resueltos ni lo estarán por este camino. Y que la actualización real del poder adquisitivo de jubilados y pensionados son una obligación ineludible de su gestión.

Esta semana también hubo buenas noticias para el gobierno libertario. Por primera vez desde noviembre de 2021, la inflación de setiembre rompió el piso del 4% y marcó un 3,5% que tiene fuerte valor simbólico: es el número que, como ministro, Sergio Massa prometía para abril de 2023.

Por otra parte, lograr en diez meses bajar la curva inflacionaria desde el 25% de diciembre a este 3,5% tiene sabor a victoria.

Lo mismo ocurre con el riesgo país que se ubicó en 1109 puntos, por primera vez desde setiembre de 2020. En la gestión de Massa merodeó los 2.500 puntos promedio y el 10 de diciembre registraba 1.935 puntos.

Comparando el escenario actual con la sensación de catástrofe que se vivía al concluir la gestión kirchnerista, cuando el mismo gobierno saliente reconocía que estaba en una situación de estanflación, las expectativas son ahora más optimistas. Pero no basta.

Milei cumplió su promesa de aplicar la "motosierra", que también incluía la idea de destruir el Estado por dentro. Pero - el comienza a darse cuenta - destruir el Estado sería un suicidio colectivo y sus sueños libertarios terminarían abriendo las puertas a una dictadura reaccionaria.

Hasta ahora, no destruyó nada. Encontró, si, los escombros de un Estado erosionado por el clientelismo e incapaz de brindar niveles óptimos de salud, educación y calidad de vida; es imprescindible, en consecuencia ,que empiece a fortalecerlo y a construir sistemas eficientes.

La lluvia de inversiones todavía no llegó. Los hombres de negocios no son héroes dispuestos a inmolarse y siempre marchan sobre seguro. Y todavía nada hay seguro. Incluso, cuando llegaran esas inversiones, consolidar la paz social, que es un mandato constitucional, seguiría siendo responsabilidad del Estado. Ningún inversor, local o foráneo, se va a hacer cargo como responsable de las funciones sociales imprescindibles para nuestro país, que deben ser políticas públicas.

El declive del sistema productivo argentino en las últimas décadas exige alcanzar el equilibrio fiscal, reduciendo el gasto público y eliminando el financiamiento del déficit con deuda e inflación. Pero la capacidad de sacrificio de la gente tiene un límite.

Los problemas educativos no se arreglan con ajustes sino con jerarquización pedagógica y presupuestaria de la enseñanza en todos sus niveles. Con control efectivo de la Auditoría General de la Nación. La obra pública no puede quedar paralizada. La actualización de las tarifas de servicios afecta la economía doméstica.

El país necesita dar vuelta de página y empezar a transitar por los senderos del realismo, el diálogo y la cooperación. Y esto deberían entenderlo tanto los oficialistas como los opositores, todos cautivos en una grieta destructiva.