En un corta vida institucional, Aguas Blancas, tuvo dos intendentes. Uno, Sergio Oliva, tiene condena confirmada por abrir un paso ilegal en la frontera con Bolivia. A sucesor, Carlos Martínez, acaban de revocarle el arresto domiciliario por entorpecer la investigación del asesinato de su propio hermano, César Martínez, en un crimen con sello narco.

El municipio más joven de la provincia, creado por ley en 2015 en el departamento Orán, está intervenido y con un fuerte despliegue de fuerzas federales en puerta en la zona fronteriza con Bermejo (Bolivia).

En este contexto, la directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, Virginia Cornejo, pidió a la Justicia Federal la apertura de una investigación con foco en irregularidades detectadas en los padrones electorales de esa comuna. Una de sus arterias, 20 de Febrero, tiene solo cinco cuadras en las que los frentes se reparten entre viviendas y galpones. Sin embargo, según el padrón definitivo de comicios nacionales del 23 de octubre de 2023, allí tendrían sus domicilios 603 de los votantes habilitado en las 12 mesas del municipio.

Llamativamente, todos esos sufragantes fueron registrados en el padrón electoral con domicilio en calle

"20 de febrero sin número (S/N)". Parecida es la situación de cientos de votantes con domicilio consignado en calle "25 de mayo sin número". La residencia legal de otra cantidad inquietante de electores es incluso más imprecisa, ya que en el padrón su domicilio figura simplemente como "Aguas Blancas S/N".

A fin de acreditar las evidentes irregularidades, Cornejo acompañó al Ministerio Público Fiscal de la Nación los padrones de electores correspondientes a las 12 mesas electorales. Aclaró que las anómalas situaciones expuestas son apenas demostrativas de "la cantidad exorbitante" de personas con idéntico domicilio.

"Si bien en un primer momento puede pensarse que se trata de errores u omisiones culposas por parte de las autoridades involucradas en la cadena de confección de los padrones de electores, que inicia en el Registro Nacional de las Personas y culmina en la Justicia Electoral, no debe perderse de vista la peculiaridad de que estas anomalías se den en una zona de frontera", resumió Cornejo.

La funcionaria nacional consideró que "los hechos expuestos pueden tipificar en diferentes conductas delictivas, ya sea si en los padrones de electores existen personas inscriptas dolosamente como votantes cuando legalmente no son ciudadanos, o si se está entregando la ciudadanía argentina a extranjeros sin que se cumplan los requisitos previstos por las normas legales para su obtención", agregó, con acento en la necesidad de medidas de prueba que corroboren la residencia legal de los electores y legitimidad de sus documentos nacionales de identidad (DNI).

A esos fines, solicitó la designación de un investigador del Ministerio Público Fiscal, o en su caso de Gendarmería, para que realice un relevamiento de las personas que supuestamente tienen sus domicilios en la calle 20 de Febrero de Aguas Blancas.

Pidió, además, que se libren oficios a la Embajada de Bolivia, para que informe si alguna de esa 603 personas tiene ciudadanía boliviana; al Registro Nacional de las Personas, para que informe si esos electores están asentados como ciudadanos argentinos por nacimiento o naturalización, como así también a la Justicia Electoral, para que remita los correspondientes legajos a fin de controlar su regularidad.