Una semana antes de los comicios de octubre de 2011, el comisario Miguel Osvaldo Sosa denunció una oscura trama en Salvador Mazza. El oficial, que poco antes había encabezado una investigación que desbarató una red de trata con ramificaciones en el norte salteño, advirtió que en su domicilio, según el padrón electoral de ese municipio fronterizo, tenían residencia 20 votantes bolivianos.

La denuncia, que radicó en la Comisaría de Salvador Mazza, recayó en la Fiscalía Penal a cargo de Julio Mendía Campos, desde donde ni siquiera lo llamaron para ratificarla. Quienes sí se movieron fueron los jefes policiales. Con presiones y hostigamientos, Sosa fue prácticamente obligado a retirarse de la fuerza.

Esas elecciones les permitieron a Carlos Villalba aferrarse a la intendencia de Salvador Mazza, con una de las listas encabezadas por el gobernador Juan Manuel Urtubey a nivel provincial, y un padrón que incluía en esa localidad fronteriza a cientos de ciudadanos bolivianos que inclinaron la balanza con votos comprados al otro lado de la línea internacional. Dos años después el jefe comunal fue destituido, luego de que agentes federales lo sorprendieran, el 15 de agosto de 2013, en un burdel de la capital salteña donde se explotaba y facilitaba la prostitución con fines de trata. En noviembre de ese año Villalba intentó ser reelecto, pero perdió ante el candidato del Frente para la Victoria, Rubén Méndez, intendente que también terminó destituido en 2018 y acusado bajo cargos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

En octubre de 2011, el exjefepolicial de Salvador Mazza denunció que en veredas y casas particulares de José de Pocitos había padrones en los que alrededor de 4.000 ciudadanos de Bolivia consultaban sobre las mesas de municipios fronterizos de Salta donde estaban habilitados para votar a cambio de dinero.

"Con solo revisar los padrones de Salvador Mazza se darán cuenta de que hay cientos de personas cuyos domicilios son falsos y figuran como viviendo en las escuelas y hasta en el Escuadrón de Gendarmería Nacional", advertía Sosa, tras remarcar que "yo mismo, que tengo residencia en Salvador Mazza, supuestamente vivo junto a unos 20 bolivianos, porque todos tienen residencia en mi domicilio. Y así sucede con muchos otros vecinos", acotaba.

En 2012 a Luz Alvarado, paraguaya residente en Misión La Paz, dos funcionarios del Registro Civil le ofrecieron el acceso a un DNI argentino con la amnistía dispuesta para originarios. Ella gratificó a los agentes públicos con una piel de yaguareté que terminó adornando un gorro comparsero. El trámite terminó vetado. Luego de que El Tribuno expusiera el caso, Alvarado obtuvo la residencia argentina por las vías legales.

En marzo de 2011, siete meses antes de que la denuncia del exjefe policial de Salvador Mazza ingresara a la Fiscalía Penal, el gobierno nacional había prorrogado con el decreto 278/11 una amnistía con la que se facilitó la inscripción de nacimientos de niños hasta 12 años y que, por una gestión del gobierno de Salta, incluyó desde entonces también a personas mayores que acreditaran pertenencia a comunidades originarias con dos testigos ante cualquier sede policial y con el aval de caciques. Esa medida, tendiente a garantizar el acceso a un DNI y los derechos de la ciudadanía, fue acompañada con una reglamentación provincial que se prestó en años posteriores a un aluvión de registros de nacimientos irregulares.

DNI y pasaportes con la identidad de fallecidos

Mariela Barrientos recibió el 13 de diciembre de 2023 una pena de tres años de prisión, de ejecución en suspenso, por seis DNI y pasaportes gestionados para ciudadanos bolivianos con la identidad de personas fallecidas en el Registro Civil de Embarcación. Ernesto Solá, juez federal de Revisión, ratificó con esa condena un acuerdo de la defensa de Barrientos con la Fiscalía Federal de Orán al que el juez de Garantías de la jurisdicción, Gustavo Montoya, había declarado inadmisible.

La mujer que recibió la pena condicional como autora de falsedad ideológica en documentos de identidad argentinos operaba con un cómplice profugado, Juan Ramón Aparicio. Por cada DNI y pasaporte cobraban entre 6.000 y 9.000 dólares.

Efectivos de la Policía Federal la detuvieron el 24 de octubre de 2023 en la terminal de ómnibus de Embarcación, donde esperaba abordar un micro de larga distancia.

Barrientos tenía un pedido de captura librado por el juez Montoya en febrero de ese año, en el marco de una investigación que se abrió en octubre de 2022 tras una denuncia radicada por la subsecretaria del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, María Fernanda Ubiergo. Un pasaporte tramitado con un domicilio inexistente en Embarcación había llamado la atención de las autoridades del organismo provincial.

En noviembre de 2023, al formalizar la imputación penal contra Barrientos con lapidarias pruebas reunidas en el expediente, la fiscal subrogante, Paula Gallo, hizo notar que una diferencia en el formato de los registros de los sistemas informáticos de la Provincia y la Nación dificultado la detección de la maniobra desentrañada con la intervención de la auxiliar fiscal Vanina Pedrana.

José Luis Coca Herrera y Aleida Villarroel, ciudadanos bolivianos que pretendían viajar a España con los pasaportes truchos, también recibieron penas de tres años de prisión en suspenso en el marco de acuerdos de juicio abreviado que los jueces Montoya y Solá homologaron meses antes de la condena dictada a Barrientos. De la suerte de Aparicio, agente prófugo del Registro Civil de Embarcación con pedido de captura internacional, nada más se supo hasta hoy.

Trámites irregulares como los que se destaparon en Embarcación, como también aquellos que permitieron a ciudadanos bolivianos acceder a DNI como falsos indocumentados pertenecientes a comunidades indígenas del norte salteño, con avales cómplices de caciques de distintas etnias, regaron el sur de bolivia de documentos argentinos irregulares. La amnistía extendida desde 2012 para originarios terminó operando como un Caballo de Troya para bandas del contrabando, narcotráfico, la trata y otros delitos del crimen organizado.

Un falso wichi que murió en el San Bernardo 

El pasado 13 de agosto un paciente terminal que llevaba una semana internado en el Hospital San Bernardo falleció. Por su DNI, quienes lo asistieron dieron por sentado que estaban ante un originario wichi de La Puntana. Tras labrar el acta de defunción, un facultativo hizo que se diera aviso al cacique de esa comunidad de Santa Victoria Este, quien aclaró que el fallecido no pertenecía a su pueblo. Así se supo que se trataba, en realidad, de Javier Herrera Pérez, un ciudadano boliviano, de 46 años, oriundo de Tarija. Constada la verdadera identidad, sus familiares desaparecieron dejando el cuerpo en el hospital y un mar de interrogantes en el sistema de Salud.