El fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio celebrada en la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, donde el sacerdote Carlos Fernando Páez fue condenado a cuatro años de prisión efectiva al ser considerado autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual sin acceso carnal, doblemente calificado por haber sido cometido por un ministro de culto reconocido y encargado de la educación, en grado de autor, en forma reiterada por tres (3) hechos, en concurso real. La sentencia fue dictada por los jueces Ricardo Hugo Martoccia, María Soledad Rodríguez y Reinaldo Burgos, quienes ordenaron su inmediata detención.

Durante el juicio, se presentaron evidencias clave en contra de Páez, quien se desempeñaba en la parroquia La Santa Cruz de Villa Saavedra, bajo la Diócesis de Orán. Las denuncias contra el sacerdote surgieron de un joven que relató hechos ocurridos entre 2015 y 2017.

En su alegato, el fiscal Cabot subrayó la importancia de la pericia psicológica conjunta realizada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y la Defensoría General. Esta evaluación determinó que el testimonio del denunciante no fue un relato aislado, sino que se alineó con las declaraciones de varios testigos que desempeñaron diferentes roles, lo que confirma un patrón de comportamiento del religioso.

El fiscal Cabot destacó que el fallo del tribunal representa un paso significativo en la búsqueda de justicia y protección de las víctimas de abuso sexual en el ámbito eclesiástico.

En la sentencia, se ordenó que, por Secretaría, una vez firme el presente, se confeccione el correspondiente cómputo de pena (Art. 573 C.P.P.). Además, se dispuso que, una vez firme la presente, se remita a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) copia certificada del fallo condenatorio junto a una revisada médica exhaustiva del condenado y sus fichas dactilares, de conformidad con lo previsto por las Acordadas 12.481 y 12.641 de la Corte de Justicia, autorizándose también la toma de fotografías del condenado.Se ordenó la extracción del perfil genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y su posterior inscripción en el Banco de Datos Genéticos, previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG) en cumplimiento con lo dispuesto por las Leyes 26.879 y 7.775, oficiando a tales efectos a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para la prosecución del trámite correspondiente.Finalmente, se fijó audiencia para el día 31 de octubre de 2024, a las 12:45 horas, para dar lectura a los fundamentos que integrarán la sentencia, para lo cual el condenado deberá ser trasladado en dicha fecha.