El anuncio de la creación de un sistema de evaluación para quienes aspiran a ingresar como empleados públicos, es una medida que jerarquiza esa profesión, pero genera rechazo en los dirigentes de los gremios estatales. Del mismo tenor, la decisión de derogar por decreto todo reglamento interno o convención colectiva que consagre el sistema de "puestos hereditarios" en la administración pública de cualquier nivel o en empresas del Estado. Es decir, que privilegia a los hijos de un empleado para sucederlo sin considerar las aptitudes de otros aspirantes. Algunos sindicatos justificaron esas cláusulas con el argumento de que se trata de una asistencia a la familia del personal fallecido en actividad.

La administración de una empresa o del Estado no pueden aplicar ese criterio. Sí, en cambio, debieran funcionar a la perfección los sistemas de seguros laborales y de contención social, pero un empleado público cumple un servicio muy importante y debe acceder al puesto por sus propios méritos.

La realidad del país es que se ha degradado la administración y, consecuentemente, la jerarquía del funcionario público. En este proceso, la caída de la oferta de cargos en el sector privado fue convirtiendo al Estado en un empleador de última instancia. Un rol que le es ajeno y que no puede sostener.

El deterioro de la economía argentina, la inconstancia en la tarea de modernización de la administración pública y la deficiencia creciente de la formación para el trabajo que brinda el sistema educativo son factores que ocupan un lugar central en la crisis argentina.

En las últimas décadas, el incremento del gasto público con respecto al Producto Bruto Interno se duplicó. Esto, claramente, es una muestra del costo de la inflación, en el marco de los desequilibrios macroecónomicos que frenan el crecimiento, obligan al incremento del gasto y ofrecen un escenario favorable para que se multipliquen los abusos de los gobernantes y las designaciones políticas para tareas irrelevantes.

En la Argentina se ha distorsionado el rol del Estado. Inspirados en la idea de que "donde hay una necesidad, hay un derecho", al ignorar que "donde hay un derecho, hay una obligación", se han confundido los roles. Por eso no se construyó un Estado dinámico y eficiente, con protagonismo en lo que no puede hacer el sector privado y, sobre todo, en condiciones de garantizar, como es su obligación, la educación, la salud y un sistema profesional de contención social.

Es decir, no hay un Estado que, más allá de los cambios de gobierno, logre sostener las políticas públicas de largo plazo. En su defecto, se desarrolló un Estado benefactor, dispendioso, sin sistemas eficientes de auditoría y con un recurso constante al aumento sobre la carga impositiva. Un campo fértil para la demagogia, dentro de la cual abunda la designación arbitraria de cargos políticos, que luego son pasados a planta permanente.

"Aplicar la motosierra" es un eslogan de campaña, pero decidir el recorte de gastos sin tomar los recaudos necesarios, puede resultar en un desastre. Desprenderse de 75.000 personas, como anunció el presidente Javier Milei, puede ser una decisión correcta, pero siempre y cuando se construya un sistema que genera puestos en el sector privado.

Hay algo indiscutible y aceptado por la mayoría de los argentinos, que es el sobredimensionamiento y la ineficiencia de la administración pública. Incluso, esa condición estimula el clientelismo político. Por ese camino, todos perdemos. Esto lo deben entender los gremios y la dirigencia política. No se trata de desguazar el Estado; lo importante es hacerlo fuerte, dinámico, y ponerse al servicio del desarrollo económico y social, con decisiones acordadas y en las que nadie se paralice por temor al costo político que le toque pagar.