Una nueva estafa millonaria con los fondos de asistencia social denunció Anses. Se trata de más de un centenar de asignaciones para embarazadas que se pagaron a personas que no debían cobrarlas y que le ocasionaron un daño al Estado de más de 160 millones de pesos.

El Ministerio de Capital Humano denunció ante la Justicia 203 casos de "graves y escandalosas" irregularidades en la tramitación de la Asignación por embarazo. En la denuncia penal recayó en el juzgado federal de Sebastián Ramos y la fiscalía de Ramiro González.

Las anomalías identificadas exponen "una práctica sistemática de presentación de documentación falsa" y certificados médicos apócrifos en diversas oficinas de atención de Anses, con el fin de percibir fraudulentamente el beneficio, que este mes de octubre es de $ 87.815. La maniobra, desde la que se hablaba hacía al menos dos años, fue investigada, verificada y documentada por la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios de Anses.

El organismo a cargo de Mariano de los Heros identificó, después de varias alertas en la Unidad de Atención Integral (Udai) de Anses de González Catán, en La Matanza, varios tipos de irregularidades recurrentes en los formularios que las beneficiarias de la prestación debían llenar, denominado 'PS 2.67, para acceder a la asignación. En al menos 203 casos en González Catán, Lomas de Zamora, Retiro (CABA), Trujillo, en Moreno y Ríos Gallegos se detectaron:

* Certificados médicos apócrifos sin registro de nacimiento.

* Simulación de interrupciones de embarazo.

* Certificados con fechas de parto futuras que ya estaban siendo utilizados para cobrar los pagos prenatales.

* Certificaciones inválidas y retenidas: en numerosos casos, Anses rechazó formularios PS 2.67 por inconsistencias notables como matrículas médicas inválidas, sellos o CUIL erróneos, y certificaciones realizadas por profesionales sin habilitación en obstetricia.

Perjuicio económico

El fraude descubierto podría ascender a más de $160 millones según dos escenarios posibles:

1- Escenario de máxima: si los 203 casos fraudulentos hubieran cobrado el 100 por ciento de la prestación durante los 9 meses correspondientes, el perjuicio ascendería a 165.959.199 pesos a valores actuales.

2- Escenario específico: en este cálculo más detallado, se observa que los Grupos I y III (80 casos) cobraron el 80 por ciento de la prestación durante 9 meses. El Grupo II (12 casos) cobró el 100 por ciento durante 6 meses. El Grupo IV (111 casos) no llegó a percibir ninguna prestación. En este escenario, el perjuicio estimado es de 58.862.376 de pesos a valores actuales.