El 19 de marzo del año 2018 se configuró en la Justicia salteña uno de los errores más graves de los que se tenga memoria, después que los padres de una menor que se encontraba en situación de vulnerabilidad social denunciara que dos hermanos residentes en una finca de la localidad de Aguaray, abusaron de su hija.

Luego de la denuncia policial en la subcomisaría de esa localidad del departamento San Martín, el legajo de investigación N° 31/18 fue girado a la fiscal de Violencia de Género, Lorena Martínez con el que se originó el expediente N° 78909/18 contra ambos muchachos con la carátula de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente y la minoridad de la víctima".

Pero increíblemente lo que la propia fiscal de Violencia de Género, Lorena Martínez, ni el juez de Garantías Nelson Aramayo, ni los defensores, asesores de incapaces, ni sicólogos de la circunscripción Tartagal del Poder judicial y del Ministerio Público nunca advirtieron fue que los acusados eran dos hermanos discapacitados, ambos oligofrénicos, (personas con discapacidad intelectual severa) a pesar de las evidencias físicas, psicológicas y motoras que ambos presentaban. Uno de ellos no habla y el otro solo balbucea incoherencias.

Fue la intervención que tuvo un magistrado que cubría la feria del mes de enero de 2021 quien advirtió la insólita situación y ordenó la libertad inmediata de ambos, la declaracíón de inimputabilidad de los hermanos aguarayenses y que fueran alojados en el Hospital Neurosiquiátrico de la ciudad de Salta.

Pero como según el informe elaborado por dos psiquiatras de esa misma institución y que formaban parte del expediente judicial no presentan peligrosidad para sí mismos, ni para terceros, ambos residen hoy en Aguaray al cuidado de una familiar cercana a ambos.

La situación actual de los discapacitados es lamentable y de total vulnerabilidad. Si bien con el patrocinio letrado de los abogados Gonzalo Maidana y Alexis Rambert Ríos fueron alrededor de 15 los funcionarios denunciados por la tutora de ambos hermanos por el cúmulo de errores cometidos, la propia Justicia salteña determinó que no hay responsabilidades de ninguno de los magistrados y funcionarios actuantes que mantuvieron presos a dos discapacitados por casi 3 años en los que sufrieron golpizas y hasta abusos sexuales.

Ningún responsable

Las gravísimas irregularidades cometidas que sin embargo no tiene a ningún funcionario del Poder Judicial, ni del Ministerio Público sancionados, comenzaron en ese mismo momento de la detención de ambos muchachos.

Se supone que los hermanos de apellido Segovia -como sucede con cualquier persona que será privada de su libertad- pasaron por el control de legalidad, un trámite para garantizarle al acusado que no fue víctima de apremios al momento de la detención entre otras garantías del debido proceso.

Ni la fiscal de Violencia de Género, ni el juez de Garantías, ni los defensores oficiales, ni los asesores advirtieron que ambos jóvenes presentan evidentes signos de ser ambos discapacitados. Uno de ellos directamente no habla y el otro se expresa de manera confusa. Pese a ello fueron encarcelados por largo tiempo.

Cometieron un error tras otro en el amplio proceso judicial

El segundo trámite procesal fue aún peor que el primero: en la audiencia de imputación en la que se les hace conocer a los detenidos el motivo de la medida dispuesta por la Justicia, tampoco nadie advirtió que se estaba en presencia de dos discapacitados, a pesar de que no hablan o expresan frases sin sentido. Como el trámite se realizó "sin ninguna novedad", los dos jóvenes fueron alojados en la comisaría de la localidad de Aguaray donde permanecieron privados de su libertad durante 2 años y 11 meses.

Fue durante la feria judicial del mes de enero del año 2021 que el Dr. Anastacio Vasquez Sgardelis recibió el expediente que había sido elevado a juicio para la condena definitiva de ambos imputados. Personal de la sala de juicio solía relatar que el magistrado se pasó horas leyendo el expediente sin poder darle crédito al sinnúmero de irregularidades que encontró. Al finalizar ordenó la inmediata libertad de ambos encausados y sus respectivos sobreseimientos. Y es que dentro del expediente constaban los certificados emitidos por un psiquiatra de Tartagal y dos del hospital de salud mental de la capital de la provincia que daban cuenta que ambos eran oligofrénicos -por tanto inimputables-. Por cuerda separada, en el juzgado de Familias y Personas, la jueza Carmen Juliá ya había dispuesto que ambos queden al cuidado de una prima, sin que la Justicia penal haya tomado conocimiento de la decisión de la magistrada, lo que torna más inverosímil la situación.

Las denuncias contra unos 15 funcionarios del Poder judicial y del Ministerio Público fueron formalizadas por lo que la Procuración General de la provincia dispuso la conformación de una unidad fiscal para que lleve adelante la investigación, pero las denuncias fueron todas rechazadas. Consultado uno de los patrocinantes de la denunciante precisó que "para la Justicia todos esos funcionarios son inocentes, por eso estamos presentando en esta semana otro recurso al Procurador General de la Provincia. Los tiempos de la Justicia lamentablemente son demasiado lentos y si lo sabrán los hermanos Segovia que estuvieron tres años presos siendo inimputables; pero no nos vamos a quedar con esta respuesta de que son todos inocentes de haber cometido esta enorme injusticia" explicó.

"Por insuficiencia en sus facultades mentales no tienen capacidad para discernir respecto de acciones disvaliosas y socialmente reprochables por lo tanto se encuentran incursos en las causales previstas en el Artículo 34". Conclusión arribada por una junta médica integrada por los médicos Psiquiatras Luis Vila y Libertad Castro con fecha del 11/11/2020. No obtante ello continuaron detenidos hasta el 4 de febrero de 2021.