Tras la Segunda Marcha Federal por la Universidad Pública, el Gobierno nacional salió a dar "manotazos" ante la contundencia de la movilización de más de 2 millones de personas en todo el país. Desde  fuentes oficiales dejaron trascender que el Gobierno habilitará a las universidades la posibilidad que le cobren aranceles a extranjeros no residentes. 

El debate es viejo y ya saldado porque los números ya fueron puestos sobre la mesa. El Tribuno le consultó al vicerector de la UNSa, Nicolás Innamorato, sobre el tema y el hombre, que es contador público explicó: "ya mostramos que el número de extranjeros no residentes en la UNSa es insignificante. Son 130 los estudiantes en esa condición, de los 40.000 alumnos regulares que tenemos. Arancelarlos no le mueve nada al presupuesto. Acá estamos hablando del financiamiento que en el caso nuestro, tiene un presupuesto mensual de 3.800 millones de pesos", dijo.

El cálculo es sencillo. Si se le cobra un arancel promedio de la Ucasal, a 180 mil pesos. Con los 130 estudiantes extranjeros se recauda menos de 25 millones de pesos, que es nada en los 3.800.000.000 de pesos.

Sin embargo, el Gobierno insiste en lo insustancial y en los próximos días será oficializado a través de la cartera que conduce el ministro Federico Sturzenegger. Se trata del capítulo de educación que formaba parte de la primera "Ley de Bases", desestimada en enero, y que luego fue recortado por el Ejecutivo. La iniciativa que reglamentará el Gobierno en el artículo que habilita a las universidades a que les cobren a sus estudiantes extranjeros no residentes. Una vez reglamentado el proyecto serán las mismas casas de altos estudios las que deberán decidir si cobrarán o no.

Sólo es fuego de artificio porque, hasta el momento, esa posibilidad está prohibida en el país.

Quizás esa distracción esté dada para otra modificación que sí afecta de manera significativa los presupuestos de las universidades y que se de en la normativa que modificará los criterios para distribuir los recursos presupuestarios en relación con la cantidad de alumnos que asisten a las universidades y sus egresos.

Ante esto, Innamorato dice. "La universidad no sólo forma a profesionales sino que además tiene como función fundamental el sostenimiento de la ciencia y la investigación. Y en el caso de la UNSa, su función de Extensión se volvió fundamental ya que contamos con 48 centros de extensión que están distribuidos en todo el territorio provincial".

Esos son los números, en cuanto a lo político, el rector Daniel Hoyos dijo que: "la cuestión de arancelar la universidad a los extranjeros es incontestable".

"En el mundo, las mejores universidades son las que más extranjeros tienen. Porque justamente eligen las de más prestigio. En Europa ya todas las universidades están comenzando a enseñar en inglés porque buscan más extranjeros. En Argentina ahora quieren ir en contra de una tendencia mundial de apertura. Habla del desconocimiento de los gobernantes", dijo Hoyos.

El otro problema que ve el rector giran en torno sobre cuáles serán las herramientas legales para imponer el arancelamiento ya que las universidades tienen autonomía delegada por la Constitución Nacional. "Vamos a ver si se anima a modificar la Constitución Nacional por medio de un decreto", concluyó Hoyos.

Respuestas

En esa lucha de sentido, en un contexto de posverdad, las universidades todas están saliendo con "las 5 mentiras y 5 verdades sobre las Universidades públicas".

Las mentiras son las siguientes:

1. Es falso que las universidades inventen estudiantes para cobrar más fondos.
2. Es falso que los pobres no estén en las universidades.
3. Es falso que no se audite lo que las universidades gastan.
4. Es falso que los salarios en las universidades estén por encima del sector público en general.
5. Es falso que la Ley de Financiamiento Universitario atente contra el equilibrio fiscal.

Las verdades

1. Inventan estudiantes para cobrar más fondos

En Argentina el presupuesto universitario no se asigna a las universidades por cantidad de estudiantes. Se actualiza según el último presupuesto consolidado y tienen en cuenta varios componentes como salarios docentes y nodocentes, gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología.

2. Los pobres no están en las universidades

El 48.5 % de los/as estudiantes inscriptos/as en materias de 2024 están por debajo de la línea de pobreza (EPH – INDEC). Casi siete (7) de cada diez (10) alumnos/as de los/as dos (2) millones que componen el sistema universitario público argentino, tienen padres y madres que no fueron a la universidad: son la primera generación de su familia en acceder a la educación superior.

3. No se audita lo que gastan

Los gastos de las universidades se componen en un 90 % en salarios (registrados) y un 10 % en gastos de funcionamiento (servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones y un mínimo equipamiento) que se rinden.

Las universidades son las entidades del sector público más controladas y auditadas (incluso lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la Jefatura de Gabinete de la Nación). Tienen auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación, más evaluaciones de gestión propias y externas de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto.

4. Los salarios están por encima del sector público en general

Los/as trabajadores universitarios/as perdieron más que ningún/a otro/a asalariado/a desde diciembre de 2023, incluso más que los/as empleados/as públicos/as del Estado Nacional. Los salarios de más del 85 % de los/as docentes de las Universidades Nacionales están por debajo de la línea de pobreza, mientras que más del 60 % de las y los nodocentes se encuentran en esa misma situación. La pérdida de poder adquisitivo de los/as trabajadores universitarios/as durante el 2024 fue de más del 30 %.

5. La Ley de Financiamiento Universitario atenta contra el equilibrio fiscal

La Ley de Financiamiento Universitario aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Nación por amplia mayoría, representa apenas el 0,14 % del Producto Bruto Interno (PBI). Similar, por ejemplo, a lo que el Gobierno dejó de percibir por bajar los bienes personales, una medida que benefició a sectores sociales de altos recursos. Por otro lado, ese 0,14 % se podría financiar con el superávit financiero anual acumulado.