Ante los informes periodísticos que publicó desde pasado lunes El Tribuno, sobre la ocupación irregular de territorio argentino en la banda fronteriza del río Grande de Tarija, el Ministerio de Seguridad de la Nación movió actuaciones de Gendarmería en la zona donde se denunciaron usurpaciones, desmontes y atropellos de cañeros tarijeños a la comunidad ava guaraní de General Mosconi.

A comienzos de semana, la directora de Vigilancia y Control de Fronteras, Hidrovías y Centro de Monitoreo, Virginia Cornejo, había adelantado a este diario que la cartera de Seguridad dispondría medidas para constatar los graves hechos expuestos en una denuncia que ingresó el pasado 13 de septiembre a la Unidad Fiscal Salta y que recayó la semana anterior en la Fiscalía Federal de Orán luego de haber sido girada inicialmente a la Fiscalía Federal de Tartagal.

En esa presentación, de la que también fueron informadas la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se advirtió que cañeros tarijeños avanzaron sobre una docena de catastros ribereños del departamento San Martín, donde desmontaron alrededor de 2.500 hectáreas selváticas y establecieron plantaciones ilegales desde las que cruzan a Bolivia en contrabando unas 150.000 toneladas de caña de azúcar.

El pasado viernes, en su cuenta de X (antes Twitter), la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, había ratificado el compromiso expresado ante El Tribuno por la directora de Fronteras. "Mandaré a la Gendarmería Nacional a comprobar si esto está pasando", anunció la ministra. Ayer, través de la red social, Bullrich destacó: "Cumplí con mi promesa de mandar a la Gendarmería. Ahora los efectivos se encuentran trabajando a fondo. El gendarme a cargo del operativo no dio el reporte a estas horas (escuchen el audio del video). Vuelven el domingo, día en que tendremos más novedades".

En el audio referido, el jefe de las patrullas enviadas a la zona de Algarrobito por el Escuadrón 20 de Orán comunicó al comandante general de la fuerza federal que en un patrullaje aéreo "se alcanzaron a divisar plantaciones de caña de azúcar", sin que pudiera establecerse "si es realmente territorio argentino o boliviano". El responsable del operativo agregó que las constancias reunidas hasta ese momento no podía determinarse a ciencia cierta la violación territorial, "porque el curso del río Tarija es cambiante" y en el último reconocimiento de mojones, realizado en agosto último, se observó que "a varios hitos los arrastró la crecida" y se perdió su localización. Tras precisar que las patrullas terrestres seguirían ampliando testimonios y constancias fílmicas y documentales hasta mañana, el jefe del dispositivo adelantó que el Escuadrón 20 de Oran elevará a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol) para convoque a la Comisión Nacional de Límites a "restablecer los hitos faltantes" para que pueda establecerse, sin margen de dudas, "si es territorio argentino o boliviano el que está ocupado por las plantaciones de caña.

La actuación del gobierno argentino tuvo inmediata repercusión en la prensa de Bolivia. Decenas de usuarios de la red social X también reaccionaron a los posteos de Bullrich. En general, los comentarios destacaron a la actual gestión de la cartera nacional Seguridad encabezada por Bullrich y la respuesta a la invasión territorial denunciada en El Trementinal, Churqui, San Telmo, Algarrobito, Media Luna, Aujoncito y otros parajes ribereños de las selváticas serranías accidentales de General Mosconi. Sin embargo, no fueron pocos los comentarios en los que se cuestionó que, teniendo coordenadas oficiales sobre la divisoria internacional y tecnología GPS que hoy permite establecer con cualquier celular o dispositivo móvil con GPS donde se está parado, no se frenen los ilícitos sin más dilaciones, solo porque hay hitos.

Ayer, en el marco del operativo, el alférez Gustavo Montiel le tomó una declaración testimonial a Natalí Vásquez, cacique guaraní de El Trementinal, quien aportó a la sección Núcleo del Escuadrón 20 algunas pruebas documentales que El Tribuno detalló en los informes periodísticos que público el lunes y jueves últimos. La referente de la comunidad Tape Iguapegui quedó bastante molesta con el acta labrada por Gendarmería, no solo por su breve extensión (ocupó menos de media carilla), sino porque no se hizo referencia a la palpable ilegalidad de los cañaverales que en 2014, ante una de las tantas denuncias presentadas en las últimas tres décadas, tuvieron una intervención de Gendarmería, AFIP y Aduanas en la que se detectó el contrabando de 70.000 toneladas de caña de azúcar en la zona de Algarrobito, explotación de niños en esas plantaciones, se secuestraron caminos con chapa boliviana y hubo detenciones por delito de contrabando y evasión fiscal.

Tampoco debería pasarse por alto que en enero último, ante una causa iniciada en Tarija contra originarios ava guaraní de El Trementinal, la propia Cancillería boliviana hizo notificar al actor de la acción penal, el líder cañero bermejeño Horacio Cruz, que las coordenadas de las tierras de las que se dice dueño se corresponden con territorio argentino. Otro dato nada menor: la primera denuncia por la remoción ilegal de hitos con la que cañeros bermejeños iniciaron su avanzada sobre suelos de Salta se remonta a 1994, o sea a 30 años atrás.