En los últimos 20 años el intendente de Rivadavia Banda Norte, Miguel Atta Gerala, enfrentó denuncias de corrupción en las que la pasividad y lentitud de la Justicia provincial jugó a su favor.

Su nombre quedó envuelto en una nueva causa, ahora del fuero federal, que lo tiene envuelto en el plan de saqueo y contrabando de rieles ferroviarios del que El Tribuno diera cuenta el pasado 27 de agosto.

Por el desguace de piezas ferroviarias orquestado en el tramo del ramal C25 que se extiende desde Padre Lozano (San Martín) y Morillo (Rivadavia), ayer efectivos de Gendarmería Nacional y agentes de la Dirección General de Aduanas realizaron nueve allanamientos en varios puntos del norte salteño, donde se concretaron incautaciones valuadas en $380 millones a una banda transnacional que canalizaba grandes contrabandos a Bolivia a través de la caliente y permeable línea de Aguas Blancas (Orán).

El inusual despliegue de fuerzas federales que fue noticia en la víspera abarcó a nueve propiedades, entre las que resaltaron fincas fronterizas que colindan con el río Bermejo y dos, en particular, que pertenecen al intendente de Morillo y a un hijo, José Miguel Gerala, quien quedó detenido.

Fuentes de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal federal Eduardo Villalba, señalaron que los procedimientos realizados en municipios norteños fueron el telón de varios meses de tareas investigativas y medidas probatorias dispuestas a partir de una denuncia. Remarcaron que el intendente de Rivadavia Banda Norte aparece como "el principal investigado" y que la hipótesis sustentada por la investigación preliminar tiene a miembros de comunidades originarias de la zona de Morillo, Pluma de Pato, Hickmann y Padre Lozano como presunto "brazo ejecutor" del robo y contrabando de piezas ferroviarias. En la mañana de hoy está prevista la audiencia de formalización de la investigación en la que la Fiscalía presentará las imputaciones ante el juez de Garantías de Orán, Gustavo Montoya. Las medidas de prueba y los allanamientos que hubo ayer se llevaron adelante con la intervención del citado juez.

 Uno de los allanamientos en un inmueble de Gerala.

Fuentes de la Dirección General de Aduanas precisaron que los procedimientos de ayer abarcaron en forma simultánea a distintas localidades del norte salteño con el objetivo de desarticular una banda que operaba con el contrabando de exportación de material ferroviario, como así también con otros metales ferrosos y no ferrosos (chatarra, hierro, acero, bronce, cobre), cableado de alta tensión y transformadores de tendidos eléctricos.

Sobre los rieles del ramal C25, aduaneros indicaron, puntualmente, que "eran sustraídos utilizando materiales de corte de las municipalidades". De confirmarse esto, la causa traería cola para más de un jefe comunal.

En Orán

En propiedades y fincas de la zona de Aguas Blancas, además de rieles ferroviarios y 150 toneladas de metales, se secuestraron productos sanitarios y de corralón, fuertes sumas de dinero, armas, municiones, vehículos y documentación de interés para la causa. Además del hijo de Gerala, fue detenido otro implicado de apellido Medina, según se informó a última hora.

  El hijo del intendente, detenido.

El pasado 27 de agosto, con una investigación periodística que tuvo repercusión nacional, El Tribuno dio cuenta que detrás del robo de rieles del ramal C25 había un plan de saqueo y contrabando de $5.000 millones.

Ese trabajo hizo notar que los saqueos focalizados en el chaco salteño no eran robos aislados, sino parte de una maniobra de desguace organizada y ejecutada con vistas gordas a ambos lados de la frontera. Con distintas fuentes y evidencias documentales, este diario reconstruyó entonces la trama ilícita del desmantelamiento de la infraestructura que el Estado Nacional dejó abandonada y descuidada tras el cierre ferroviario de los noventa.

Los controles de seguridad por los que cientos de toneladas de vías y piezas ferroviarias del C25 se filtraron hacia Bolivia, donde plantas chatarreras y de fundición las adquirieron ilegalmente a 250 dólares la tonelada, volvieron a fallar, como había ocurrido antes con los caños del Gasoducto NEA, con una inexcusable permisividad. Así como una resolución municipal de Aguaray había operado en 2020 como paraguas del saqueo de los caños de Enarsa, una falsa donación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a la comunidad wichi de Misión Salim fue la pantalla del robo y contrabando de los rieles y el material rodante que quedó en desuso en el C-25 entre Padre Lozano y Morillo.