En los últimos tiempos, secuestros de rieles ferroviarios prendieron luces de alerta en distintas rutas del norte salteño, pero cientos de toneladas se siguieron filtrando hacia Bolivia con una falsa resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Membretes, folios y sellos del organismo nacional le daban apariencia de legalidad a la supuesta donación del material ferroviario a la comunidad originaria de Padre Lozano (Embarcación), pero un chequeo periodístico básico bastó para que El Tribuno expusiera la falsedad del paraguas que transportistas esgrimían en los controles policiales y de Gendarmería

La documentación respaldatoria del saqueo planificado incluía una nota con nombre y sello de presidenta de la Comunidad Aborigen de Misión Salim, Adelina Montes, quien aparentemente le había solicitado al responsable de la AABE, Eduardo Alfonso Albanese, "la entrega legalmente o (en) donación para nuestra institución (de) los vagones y rieles en desuso que se encuentran en la zona de Padre Lozano hasta Murillo (sic)". La nota señalaba que los materiales ferroviarios serían "usados para la creación de aulas, oficinas, consultorios y un polideportivo "para albergar a jóvenes" y "alejarlos del consumo de drogas". El primer indicio de falsedad saltó a relucir en el inicio del trámite, fechado el 27 de junio último. Albanese había dejado el cargo a fines de 2023, pero su firma y sello aparecían al pie de la nota. La irregularidad se hizo todavía más evidente por la fecha de la resolución que supuestamente había hecho lugar a la donación: 24 de mayo de 2024. La fecha no solo era anterior al ingreso del pedido, sino que también tenía la firma y sello de Albanese como titular de la AABE.

La inconsistencia del convenio de la donación era incluso más notoria. Estaba fechada el 5 de junio de 2024, y junto al sello y la firma de Albanese también aparecían los de Andrea Reggiani, una exfuncionaria del disuelto Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Con todo, un tramo de 105 kilómetros del ramal C25 empezó a ser desmantelado entre Padre Lozano y Morillo. El botín del contrabando incluía 210 kilómetros lineales de rieles con un peso total aproximado de 10.500 toneladas. Cada tonelada se vendía en Bolivia a 250 dólares. Solo en rieles, el desguace ilícito implicaba unos $3.500 millones. El material rodante y otras piezas ferroviarias, a precio de chatarra, suponía otros $1.500 millones.