La estrategia intransigente y compulsiva de los gremios aeronáuticos se ha convertido este año en una pesadilla para cientos de miles de pasajeros, ya que los paros sorpresivos llevaron al límite el funcionamiento del sistema de comunicación aérea en el país.

En los últimos días, el secretario del gremio de pilotos, Pablo Biró, fue removido del directorio de Aerolíneas Argentinas. Este dirigente ocupaba ese puesto en representación de los accionistas del Programa de Propiedad Participada, pero la asamblea lo expulsó por acciones incompatibles con la responsabilidad de un director. Biró impulsó, solo en lo que va del año, trece paros sorpresivos, llevados a cabo premeditadamente en los momentos en que más daño se podía causar a la empresa y a los pasajeros. La sistemática alteración forzada de los vuelos constituye una medida de acción directa que erosiona la seguridad que la empresa debe brindar a los pasajeros, además de provocar enormes pérdidas económicas para la compañía y el país.

Por otra parte, los once gremios aeroportuarios, al realizar medidas escalonadas entre ellos, multiplican el impacto de sus acciones, ya que el paro de uno solo de ellos paraliza totalmente los aeropuertos.

Esta semana, en medio de una crispación generalizada, un paro del gremio del personal de Intercargo obligó a más de 1.500 pasajeros de distintas aerolíneas a permanecer encerrados en los aviones durante horas, debido a la negativa de proporcionar los servicios de rampas y escaleras.

Fue esta medida la que desbordó la copa. El Estado decidió despedir a los quince empleados que se negaron a permitir el descenso de los pasajeros, presentó una denuncia penal contra los responsables de la extorsión y tomó la decisión de poner en venta la empresa Intercargo.

Además, convocó a los gremios a revisar los convenios colectivos y las condiciones de trabajo, para luego negociar una progresiva actualización salarial. Los dirigentes se comprometieron a suspender los paros mientras duren las negociaciones y aceptaron las condiciones planteadas.

El conflicto aeronáutico tiene un alto voltaje y un fuerte impacto en todo el país. Escudados en el argumento de "la defensa de la empresa", los sindicalistas se oponen a la política de Cielos Abiertos, que permitiría la entrada de compañías privadas para cubrir rutas locales. Además, se alinean con el sindicalismo peronista, en el que gobernadores como Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto y Gustavo Melella esperan convertir esta postura en un ariete para una oposición debilitada y fragmentada.

Desde la reestatización en 2009, el Estado ha destinado casi 8.000 millones de dólares a Aerolíneas Argentinas. Este funcionamiento deficitario es un punto crítico, ya que, por un lado, la empresa debe garantizar el servicio a zonas no rentables del país. Al mismo tiempo, cuenta con 1.204 pilotos para 81 aviones activos, lo que implica que por cada aeronave hay quince pilotos, dentro de un total de 125 empleados, una relación desproporcionada en comparación con otras aerolíneas.

La posibilidad de privatizar totalmente la compañía, ya sea mediante una licitación o la venta de acciones, son las opciones que se plantean en este momento crítico. La declaración del "procedimiento de crisis" y el eventual cierre de la compañía, con el que amenaza el Gobierno, serían consecuencias extremas ante una situación insostenible.

Ese sería, probablemente, el resultado de las políticas extorsivas de los gremios y sectores políticos que dicen defender "la línea de bandera", pero que en la realidad la están llevando a su desaparición.

Ningún gobierno debe ceder a la extorsión gremial, nunca. En este caso, se torna imprescindible encontrar la mejor solución posible para todos, porque está en juego un servicio esencial. Es necesario que los convenios colectivos de trabajo, que actualmente se están negociando, eliminen las medidas de fuerza sorpresivas y escalonadas, y garanticen el empleo, los salarios y el óptimo funcionamiento del servicio.