Tras la imputación y arresto domiciliario que dispuso la Justicia Federal sobre Atta Miguel Gerala, intendente de Rivadavia Banda Norte acusado por robo y contrabando de rieles ferroviarios, el diputado Guillermo Durand Cornejo presentó un proyecto de ley para intervenir ese Municipio.

Todo indica que la iniciativa empezaría a transitar la próxima semana en la Legislatura un camino mucho más intrincado que el que tuvo el proyecto de intervención de Aguas Blancas, dos meses atrás, para convertirse en ley.

El jueves el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, descartó por el momento la intervención del Municipio del chaco salteño. En diálogo con Radio Salta, precisó que el Ejecutivo provincial se mantiene en contacto con el Concejo Deliberante y señaló que el objetivo inmediato de las acciones que se evalúan apunta a garantizar el funcionamiento regular de esa comuna, mientras se desarrolla el proceso judicial contra Gerala.

Ayer, Durand Cornejo insistió en que la gravedad institucional que subyace tras los delitos federales por los que el intendente está imputado y bajo arresto domiciliario, impone el remedio previsto por el artículo 179 de la Constitución de Salta, bajo los mismos fundamentos con los que fueron intervenidos los municipios de Aguaray (el 15 de octubre de 2020), Salvador Mazza (el 14 de octubre de 2021) y Aguas Blancas (el pasado 26 de septiembre).

El artículo 179 de la Constitución de Salta establece que la Provincia puede intervenir los Poderes Municipales para "normalizar una situación de crisis o gravedad institucional".

La Constitución prevé otro posible remedio institucional. Su artículo 181 establece que el intendente puede ser destituido por el Concejo Deliberante "por condena penal o mal desempeño en su cargo" . Para ello, se requiere la aprobación de dos tercios de los miembros del Concejo. En ese caso, Gerala podría apelar ante la Corte salteña, la que debería expedirse en un plazo máximo de 60 días.

La causa federal

El pasado miércoles el fiscal federal Eduardo Villalba imputó a Atta Miguel Gerala por robo y contrabando agravado de rieles y piezas ferroviarias del ramal C25. En esa audiencia, ante el juez de Garantías del Orán, Gustavo Montoya, Villalba también formalizó una acusación contra el intendente por malversación de caudales públicos, ya que se comprobó que los rieles del Estado Nacional fueron removidos con herramientas de corte y equipos del Municipio secuestrados por Gendarmería.

La Justicia Federal, además, dispuso el arresto domiciliario del jefe comunal, ya que tanto Villalba como Montoya concluyeron que su libertad podría afectar las investigaciones de una red transnacional de contrabando de materiales ferrosos y no ferrosos, entre los que se incluían productos sanitarios y de corralón, entre otras mercancías ilegales.

En la causa también están imputados y con prisión preventiva desde el pasado 30 de octubre José Miguel Gerala, hijo del intendente que supervisaba los cortes de rieles que tenían como "brazo ejecutor" a pobladores de comunidades originarias de la zona, y David Edilberto Medina, miembro de la organización ilícita que coordinaba en Orán el acopio de los bienes en galpones y fincas fronterizas de Aguas Blancas desde las que eran cruzadas a Bolivia.

De acuerdo con la investigación federal, Medina tenía múltiples proveedores de rieles robados. Uno de ellos, según las escuchas telefónicas que ordenó la Justicia, afirmaba contar con una "gran estructura" para robar los rieles y transportarlos a Orán. En julio pasado, la Fiscalía recibió una denuncia señalando al hijo del intendente, José Miguel Gerala, alias "Yopi", como uno de los responsables principales del saqueo de rieles. Las pruebas, basadas en la triangulación de llamadas, revelaron que el hijo de Gerala era uno de los proveedores de Medina y quien coordinaba activamente la recolección y transporte de los rieles robados desde Morillo y otras localidades vecinas de ese borde limítrofe de los departamentos Rivadavia y San Martín.

La investigación estableció que "gran estructura" mencionada por el hijo de Gerala estaba, en realidad, bajo el control del Municipio. La Fiscalía estableció que se usaron herramientas de corte, maquinaria y hasta un grupo electrógeno municipal en las operaciones ilícitas. También se descubrió que algunos rieles se almacenaban en terrenos del Municipio y en una propiedad del intendente, donde se incautaron rieles valuados en 19 millones de pesos.

El pasado 29 de octubre se realizaron en Morillo, Orán y Aguas Blancas nueve allanamientos en los que efectivos de Gendarmería y agentes de la Dirección General de Aduanas, además materiales valuados en $380 millones, incautaron armas, municiones, fuertes sumas de dinero en efectivo y documentación probatoria del accionar de la organización ilícita.

En la audiencia de imputación del miércoles último, el fiscal Villalba remarcó que sin la participación activa del intendente Gerala, la operación no habría sido posible, ya que él proporcionaba los recursos necesarios para el robo y tenía una fuerte influencia sobre los habitantes de la zona. En vista de ello, solicitó su arresto domiciliario para evitar que interfiera en el proceso y presione a testigos de la causa federal.

El juez Montoya compartió la preocupación de la Fiscalía y aprobó la medida de arresto domiciliario hasta el próximo 31 de diciembre.

El pasado lunes 4 de octubre, viendo la noche caer, Atta Gerala presentó al Concejo Deliberante del Municipio de Rivadavia Banda Norte un pedido de licencia por 30 días, sin exponer motivos en la solicitud que esa misma noche, en una sesión extraordinaria, fue aceptada.

Claudio Gerardo Ruiz, el presidente del Concejo de siete ediles y uno de los cuatro que conforman en ese cuerpo la mayoría del oficialismo, quedó al frente del Municipio en principio hasta diciembre.