La Cámara de Diputados de la Provincia de Salta aprobó esta noche un proyecto de ley que modifica el artículo 380 del Decreto Ley 9/75, el cual regula el "Fondo de Estímulo" de la Dirección General de Rentas.

Este fondo, creado en 1956, se establece con un porcentaje de la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones, y tiene como fin el otorgamiento de premios a los empleados del organismo en función de su rendimiento.

La modificación, impulsada por las diputadas Laura Cartuccia y Patricia Hucena, busca ajustar el porcentaje de la recaudación destinado al fondo y, al mismo tiempo, establecer un límite más razonable en los montos de los premios.

En el pasado, las sumas asignadas a los empleados no cumplían con el objetivo inicial de estimular el rendimiento, sino que se convirtieron en cifras desmesuradas, fuera de proporción con los salarios actuales.

Este cambio es una respuesta a la necesidad de implementar medidas más rigurosas de contención del gasto público, dadas las dificultades económicas que enfrenta la provincia y la creciente presión sobre los recursos fiscales.

Según los argumentos presentados por las autoras de la iniciativa, es imprescindible priorizar el uso de los fondos públicos en beneficio de todos los habitantes de Salta, en línea con lo estipulado por la Constitución Provincial.

El Fondo de Estímulo ha sido objeto de modificaciones a lo largo de los años. A partir de la Ley 7774 de 2013, el porcentaje de la recaudación destinado al fondo se incrementó al 10 por mil (10‰) y se sumó un 25 por mil sobre el incremento interanual registrado cada mes. Además, se introdujo un cambio en la forma de calcular el tope del premio, el cual pasó a ser un porcentaje del salario total del beneficiario. Sin embargo, este aumento y la forma de cálculo distorsionaron la finalidad original del fondo, que era un incentivo al rendimiento.

Con la reciente modificación, se busca regresar a la esencia del fondo: una herramienta para premiar el esfuerzo de los empleados públicos de manera justa y proporcional. Esta medida, además de mejorar la eficiencia en la administración pública, proporciona una mayor previsibilidad fiscal a la provincia, contribuyendo a una gestión más responsable de los recursos públicos. La reforma será clave para garantizar que los incentivos sean sostenibles y adecuados en el actual contexto económico.