La jueza de garantías entrerriana Carola Bacaluzzo rechazó ayer un habeas corpus de la defensa del exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, por lo que el exmandatario seguirá preso en la causa donde está condenado a ocho años de cárcel por peculado y enriquecimiento ilícito.

Bacaluzzo entendió que el "habeas corpus" no es la vía para cuestionar una decisión de un tribunal superior como es la Cámara de Casación provincial, que el martes dispuso hacer efectiva la prisión preventiva a Urribarri hasta que su condena quede firme.

La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó el martes la "inmediata detención" de Urribarri ante "el riesgo de fuga", al anular un fallo anterior que le había permitido seguir en libertad hasta que quede firme la condena en su contra a 8 años de prisión.

"Se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria", sostuvo la decisión de ese tribunal entrerriano integrado por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, indicaron fuentes judiciales.

Así se revocó una resolución de septiembre de 2024 del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná que había rechazado un planteo fiscal para ordenar la prisión preventiva y se dispuso que los dos condenados en el caso, Urribarri y Juan Aguilera, cumplan la pena hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise sus condenas.

Ante ello se ordenó la "inmediata detención y posterior traslado" a la Unidad Penal 1 de Paraná.

Los condenados "vienen realizando acciones concretas y comprobables para no someterse al procedimiento, que aún no ha finalizado- e impedir el cumplimiento de la pena", advirtieron en una resolución de 74 carillas a la que tuvo acceso esta agencia.

Los camaristas hicieron lugar a una apelación fiscal y mencionaron "tratados internacionales" que comprometen a la Argentina en la lucha contra la corrupción y le impone el "deber de investigar, juzgar y castigar" estos delitos con "una mayor intensidad".

"El análisis de la necesidad de la prisión preventiva debe conciliarse con la gravedad del hecho que se investiga, y con la obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino de prevenir, investigar, sancionar y reparar los delitos de corrupción", consignó la resolución.

Urribarri está condenado desde 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por "peculado" y "negociaciones incompatibles" con la función pública, al comprobarse que durante su gestión dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales, en una sentencia que está apelada ante la Corte Suprema de Justicia.