El intendente por Campo Santo, Facundo Tito Taché, dio a conocer a la población por medio de un comunicado publicado en las redes sociales, el embargo preventivo impuesto por la Justicia en contra de la municipalidad, por un monto de $ 24.000.000, a favor de una empresa local, que realizó una demanda judicial, por falta de cumplimiento con un compromiso económico asumido durante la gestión de la exintendenta Josefina Pastrana.

Se trata de una medida cautelar que fue dictada judicialmente, afectando las cuentas coparticipables del municipio. "Esto fue para nosotros una desagradable sorpresa, debido a que nos encontrábamos en un proceso de mediación, durante este proceso. No pudimos detectar de dónde salió esa deuda, qué compró el municipio, en qué obra se invirtió o cuál fue la contraprestación por la que se generó semejante monto" manifestó el secretario de Gobierno, Dante Giménez Guevara. Según el secretario, los propios demandantes no pudieron especificar cómo se generó la deuda. El proceso de mediación fracasó porque son cifras impagables. La jueza dio lugar a la demanda, pero solo con pruebas de los demandantes. Hay facturas que no cuentan con la conformidad de ninguna autoridad municipal, hay otras donde no hay detalles, solo la palabra varios, sin detalle alguno.

"Son muchas las irregularidades, razón por lo cual, el intendente dio instrucciones al asesor legal del municipio, para que se encargue de defender los intereses de la comunidad" expresó Giménez Guevara. Las deudas heredadas por la gestión anterior fueron varias. Aquellas que se encontraban debidamente acreditadas fueron canceladas. "Estamos sufriendo los recortes a nivel nacional, otro tanto a nivel provincial, estamos llevando adelante una gestión bastante austera, a pesar de todos estos inconvenientes logramos mantener un municipio equilibrado, pero situaciones como éstas ponen en riesgo todo el esfuerzo realizado" dijo secretario de Gobierno. Los fondos se encuentran retenidos, por lo que el municipio, por medio de su asesor legal, apeló esa retención. Una vez resuelta esta situación, se dará inicio a la apertura de pruebas, para discutir la cuestión de fondo.

La deuda data del 2022, generada por una empresa local integrada por dos personas y aún no hay una sentencia firme, por lo que el municipio no está obligado a pagar. "Los procesos están apelados porque nos oponemos a la medida cautelar, ahora estamos en un período de presentación de pruebas hasta que logremos determinar si la deuda existe o no. El embargo preventivo afecta las arcas municipales, pero los sueldos están asegurados" manifestó Rubén Darío Paz, asesor legal de la municipalidad, quién agregó que el actual intendente Taché, debido a situaciones como éstas, realizó denuncias en contra de la gestión anterior por peculado y malversación de caudales públicos, presentadas ante la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos. "Esta deuda carece de todo fundamento, pero nos genera preocupación, porque son herencias de una gestión que realizó acciones de tipo temeraria y hoy debemos afrontar" aseguró Darío Paz.