La tutora de los dos hermanos discapacitados que permanecieron 3 años detenidos por disposición de la justicia penal del distrito judicial Tartagal, le solicitó al procurador General de la provincia Pedro García Castiella que saque de archivo la denuncia formalizada contra un juez de Garantías, una fiscal de Violencia de Género, una defensora oficial, dos sicólogas, dos integrantes del Tribunal de Impugnación entre otros funcionarios , quienes entre los años 2018 y 2021 dispusieron privar de su libertad a dos hermanos oligofrénicos, acusados del abuso sexual de una chica, prima de ambos.

La mujer tiene el patrocinio letrado de los abogados Alexis Rambert Ríos y Gonzalo Maidana.

Ambos jóvenes, actualmente de 32 y 34 años de edad, sufrieron todo tipo de vejaciones durante ese lapso de 2 años y 11 meses, sin que ninguna autoridad competente haya advertido la condición de inimputables de ambos, a pesar de haber pasado por el control de legalidad y la audiencia de imputación que la Justicia prevé precisamente para garantizar a quienes son privados de su libertad, las garantías del proceso por ejemplo, que los detenidos no se traten de menores de edad o discapacitados como en este caso, que no comprendan la criminalidad de sus actos.

Archivo express

La situación de los hermanos Segovia, que actualmente siguen residiendo en Aguaray bajo la tutoría de una prima pero en condiciones de vulnerabilidad, se hizo pública a comienzos de este año cuando los letrados Maidana y Ríos se hicieron cargo de representar a la tutora de los jóvenes quien fue designada como tal por la jueza de Personas y Familia, Carmen Juliá. El magistrado que dispuso la libertad de los dos hermanos fue el camarista Anastacio Vázquez Sgardelis cuando, durante la feria judicial, recibió el expediente elevado a juicio para dictar sentencia.

Al encontrarse con dos discapacitados detenidos hacían casi tres años dispuso su inmediata libertad. Ambos evidencian su discapacidad ya que uno de ellos no habla y el otro solo balbucea incoherencias.

Gonzalo Maidana representante legal de la tutora de ambos jóvenes precisó que "cuando nos encontramos con esta situación hicimos las denuncias correspondientes contra quienes consideramos son responsables de haber mantenido en calidad de detenidos a dos personas inimputables, algo tan grave como haber tenido preso a niños de 7 u 8 años.

Con buen criterio el Procurador General de la Provinca dispuso la conformacíón de una unidad conformada por los fiscales del distrito capital, Ramiro Ramos Osorio y Gonzalo Miralpeix para que investiguen el caso.

En rigor no había mucho que investigar ya que todo está en el expediente. Allí constan las declaraciones de los familiares, los certificados emitidos por un siquiatra de Tartagal y dos del Hospital Ragone que ratifican el diagnóstico de oligofrénico de ambos.

Aquí no pasó nada y "nadie tiene la culpa" del grave error

A menos de dos meses de conformada esa unidad fiscal de investigación, Ramos Ossorio y Miralpex emitieron una resolución desestimando la denuncia y girando las actuaciones al Tribunal de Impugnación para su posterior archivo, pero sin dar ningún tipo de argumentos.

En síntesis lo que la unidad fiscal consideró fue que "nadie fue" el responsable de haber mantenido detenidos por el lapso de 3 años a dos discapacitados que sufrieron todo tipo de vejaciones, en lugar de que el Estado arbitrara los medios para su protección" explicó Maidana. El pedido a García Castiella de sacar de archivo esa causa fue presentada el viernes de la semana anterior.

Otra causa testigo

Pero a los penalistas Maidana y Ríos les tocó actuar, a comienzos de este año en otra causa similar cuando un chico de 18 años fue detenido acusado de robar un celular. La actuación estuvo a cargo del mismo juez de Garantías Nelso Aramayo, pero en esta oportunidad el fiscal fue Armando Cazón, no la fiscal de Violencia de Género, Lorena Martínez como sucedió en la causa de los hermanos Segovia.

"A la mañana siguiente de la detención nos avisan que la mamá de un chico de 18 años que le había encontrado un celular entre sus pertenencias llegó hasta la comisaría de Aguaray para devolver el aparato diciendo que su hijo que es enfermo mental le contó que tenía un celular. Como la mujer iba con el chico a la dependencia para enseñarle que no tenía que tomar cosas que no le pertenecieran, lo hicieron quedar detenido por lo que al día siguiente nos presentamos en la fiscalía de Cazón con la mamá que muy angustiada relataba la situación. Ante la sospecha que se trataba de una persona discapacitada, Cazón pidió que se le otorgue la inmediata lbertad, mientras su madre presentaba todos los certificados que daban cuenta de la discapacidad del jóven. Probablemente si la madre no se movía como lo hizo, si no nos presentábamos a las pocas horas de la detención, este chico hubiera corrido la misma mala suerte que los hermanos Segovia lo que nos dá todo el derecho a pensar cuántos más pudieron ser detenidos en esa condición, porque con los hermanos Segovia ni en el control de legalidad donde debería estar el o la fiscal presente, ni en la audiencia de imputación que se supone tiene que dirigirla el juez, nadie se dio cuenta que los hermanos Segovia no hablan, no razonan ni coordinan " explicó Maidana.

El letrado lamentó el grado de " enorme vulnerabilidad de estos dos muchachos a quienes su tutora les da lo que puede, pero que al menos merecerían ser reivindicados por todo lo que padecieron en esos tres años de detención" .