El lunes pasado, casi ocurre una tragedia social en Alto de La Sierra.

Hubo amenazas cruzadas y enfrentamientos entre criollos y aborígenes en la localidad, ubicada a casi 600 kilómetros de la ciudad de Salta, en Santa Victoria Este.

De un lado están los vecinos criollos, aproximadamente unas 500 familias que viven en el ejido urbano, quienes denuncian la violencia y las amenazas de las comunidades originarias. Del otro lado están las comunidades indígenas, que aseguran que son los criollos quienes supuestamente venden drogas, alcohol y nafta, perjudicando así a las infancias y adolescencias.

En el medio quedó un fiscal que busca que la problemática se resuelva de la mejor manera posible.

Violencia

Si bien el fenómeno se viene registrando desde hace varios años, en septiembre de este año comenzó la escalada de violencia, cuando un grupo de indígenas quemó y robó la casa de un criollo. Esa denuncia consta en una acusación realizada ante la Policía del lugar.

En dicha acusación, la asociación civil "Criollos Unidos por la Defensa y la Libertad" asegura que los indígenas los amenazan constantemente con linchamientos y con quemar casas y vehículos.

"El problema es que nos quieren sacar del pueblo porque dicen que somos usurpadores. Ya agredieron a las mujeres y nos amenazan todos los días con lincharnos; así no se puede vivir en paz. Ya fuimos al fiscal y le pedimos que intervenga. Aquí no hay presencia policial, y los indígenas viven amenazándonos constantemente. Esto en cualquier momento termina en una tragedia", dijo Norma Frías.

El fiscal al que hacen referencia es Armando Cazón, quien, ante el llamado de El Tribuno, dijo: "Es verdad que los indígenas están amenazando a los criollos. Los acusan de venta de alcohol, drogas y nafta. Pero no son todos los criollos los que venden. Este conflicto se desató el lunes, cuando los aborígenes intentaron quemar la moto de un criollo; también es verdad que agredieron a una mujer. El martes mandamos a Infantería, intervino, y ahora estamos en medio de una tensa calma", expresó el fiscal Cazón.

Desde hace varios años, este medio viene informando sobre el flagelo del consumo problemático de sustancias prohibidas en el Chaco salteño, un fenómeno que nunca fue abordado de manera integral. Las denuncias de los caciques siempre estuvieron presentes, pero eso no es argumento para llegar al linchamiento.

"Las amenazas y denuncias son cruzadas. Es por eso que fui a Alto de La Sierra a escuchar para resolver de manera pacífica el conflicto entre criollos e indígenas. Sabemos que está el flagelo de las drogas y el alcohol, pero esto no se puede resolver por mano propia. Es verdad que falta presencia policial en el lugar; faltan recursos de todo tipo. En el marco de esta estrategia de diálogo, hemos estado hablando con el intendente Rogelio Nerón, con el senador Mashur Lapad, con el diputado Moisés Balderrama y con la gente de Asuntos Indígenas de la Provincia, Luis Gómez Almaraz. He pedido que la Policía y Drogas Peligrosas investiguen los casos de microtráfico y así iremos avanzando. Hay otros temas en el panorama complejo de la comunidad, pero avanzaremos paso a paso", explicó Cazón.

Los puntos de coincidencia giran en torno a la falta de presencia policial. Solo hay dos policías para un vasto sector y no tienen móviles. También hay una carencia total en cuanto al abordaje del consumo problemático de sustancias prohibidas; no hay forma de detener un conflicto social ni de mediarlo. Los tiempos administrativos son lentos y la falta de presencia del Estado es evidente; la gente está en manos de la ley del más fuerte.

Por su parte, los criollos emitieron un comunicado de prensa en el que acusan a la coordinadora de Lhaka Honhat, Cristina Pérez, de instigar a la violencia entre los pueblos originarios y criollos. La hacen responsable directa de "cualquier desgracia que ocurra en Alto de la Sierra por fragmentar y lesionar los derechos humanos de los criollos", dice el comunicado.

"Equitativos"

"Siempre la prensa publica la versión de las comunidades, y nosotros pedimos que sean equitativos en la distribución de derechos, porque también somos seres humanos y ciudadanos argentinos. No pueden expulsarnos del territorio porque también tenemos nuestros derechos", concluyó Norma Frías.

No todos los caciques originarios comparten la violencia como método, pero desde todos los sectores coinciden en que la ausencia del Estado es el origen de toda violencia.

"Vamos a buscar solucionar los problemas mediante el diálogo, pero advierto que no me va a temblar la mano para llamar al juez de Garantías y pedir la detención inmediata de cualquiera que siga el camino de la violencia", concluyó el fiscal.

"Queremos que vengan funcionarios"

"El mensaje es claro, no queremos que le vendan alcohol a los indígenas", dijo Leopoldo Gabi, uno de los principales referentes.

El cacique confirmó que desde más de 15 años vienen trabajando con el fiscal Armando Cazón sobre la problemática de la venta de alcohol y marihuana a los integrantes de las comunidades indígenas que están alrededor de Alto de la Sierra.

"Sabemos que no son todos los criollos los que venden. Que hay un solo comerciante y que hay varios que venden todo de manera ilegal desde hace muchos años. Ya tenemos muchas notas, actas y acuerdos firmados en donde todos nos pusimos de acuerdo para que no se le venda alcohol ni drogas a ningún aborigen, pero lo siguen haciendo; y eso hace daño a nuestros pueblos", dijo Gabi.

Destacó el rol del fiscal en estos años, pero le pidió que para esta ocasión visite nuevamente el territorio. "Le pedimos que baje al territorio porque necesitamos más presencia del Estado. Desde hace un tiempo que venimos solicitando mayor presencia policial, pero también más controles sobre todo lo ilegal que se comercializa en la zona; esto es tierra de nadie", dijo Gabi.

"Pedimos la presencia de los funcionarios de la Municipalidad y del Gobierno para que vengan a mediar en esta situación", concluyó.