Autoridades del Hospital de Salud Mental Miguel Ragone trasladaron de área preventivamente a un trabajador de la institución luego de que se conociera la denuncia penal que se realizó por un supuesto abuso sexual a una paciente.

Según plantea una denuncia que se radicó el 30 de enero, una joven que permanece internada en el hospital manifestó haber sufrido un abuso por parte de uno de los integrantes del plantel. El hecho, según la acusación, habría ocurrido en la madrugada del 26 de enero.

Desde la dirección de la institución se comunicó que, hasta el momento, no se recibió ninguna notificación oficial por parte de la Justicia. Sin embargo, como medida de prevención se resolvió cambiar de sector a la persona que enfrenta la acusación.

Explicaron que esta decisión se tomó "para resguardar tanto a la denunciante y a las demás usuarias del hospital como al propio trabajador en atención a qué, según el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, rige para él el principio de inocencia".

Agregaron que no se puede aplicar otras medidas porque se desconoce el contenido de la denuncia y que "la gerencia se pone a disposición de la Justicia penal y la fiscalía actuante para ayudar en lo que fuese necesario" para el desarrollo de la investigación.

La denuncia fue realizada por una profesional que estaba en el hospital el día de los hechos. La trabajadora relató que la paciente, acompañada de su madre, le comunicó que fue agredida sexualmente por el denunciado durante la madrugada.

La mujer manifestó que, previamente, el acusado le habría dado una pastilla que la hizo dormir y que, cuando despertó, tenía signos de haber sufrido un hecho de violencia sexual.

La joven dijo, además, que le contó lo sucedido alguien que estaba en la portería del hospital pero que le pidió que volviera a su habitación. La paciente aseguró que, luego de eso, ella saltó una pared del hospital y se fue a buscar a su mamá al lugar donde trabaja.

Fue entonces que la madre la llevó de regreso al Ragone y le informaron lo sucedido a la profesional de la salud que luego realizó la denuncia penal. La paciente también describió que sufría dolores como consecuencia de la agresión.

Faltante de medicación

La situación se hizo pública en un complicado contexto, luego de que trabajadores del hospital denunciaran faltante de fármacos e insumos para sostener los tratamientos psiquiátricos.

En enero, médicos y médicas que prefieren reservar su identidad aseguraron que no cuentan con los medicamentos suficientes, tanto para los internados como para quienes se atienden de manera ambulatoria y para los que llegan a la guardia en crisis y necesitan una intervención farmacológica de emergencia.

La situación, según relataron, implica un alto riesgo porque una interrupción de las terapias psiquiátricas puede poner en riesgo a los pacientes.

Fuentes extraoficiales señalaron que la paciente que aseguró haber sufrido un abuso sexual por parte de un empleado del hospital se encuentra desestabilizada por un cambio de medicación que la afectó. Detallaron que, por su cuadro, debe tomar una pastilla muy específica, de alto costo, que solo se fabrica en un laboratorio y que no se está consiguiendo.

Deberá demostrar que no estuvo de guardia ese día

Como producto de la interrupción del tratamiento que venía sosteniendo hace tiempo, la paciente podría estar padeciendo una compleja crisis que podría estar afectando su salud, su estabilidad emocional y también sus capacidades. Además de su diagnóstico pisquiátrico, la mujer sufre las consecuencias del consumo problemático de drogas.

Los mismos informantes sostienen que el día de los hechos, el trabajador acusado no estuvo de guardia, lo que deberá demostrarse con documentación ante la Justicia.

La falta de suministros se debería a recortes presupuestarios, a la suba generalizada de los precios de las drogas, al hecho de que algunos laboratorios están entregando de manera irregular y también a la interrupción de los servicios para beneficiarios de Incluir Salud.

Incluir es un programa nacional que debe garantizar la cobertura médica a personas que perciben pensiones no contributivas y tienen discapacidad. Funciona con fondos nacionales pero el manejo administrativo está a cargo del Ministerio de Salud Pública de Salta, que se informó que el organismo no está enviando partidas desde octubre.

Por estas irregularidades, y por la crítica situación que atraviesan cientos de pacientes que dependen de esta asistencia, se resolvió intervenir Incluir Salud a nivel provincial.