El ministro de Interior, Guillermo Francos, recibirá esta tarde a la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) con el objetivo de apuntalar puntos clave de la ley de Bases, a pocas horas del encuentro que tendrá el consejo directivo central obrera en el que se podría definir una nueva medida de fuerza.

Se tratará de la primera reunión, prevista para las 16:30, entre el Poder Ejecutivo y la CGT de manera oficial, desde el inicio del mandato del presidente Javier Milei, el 10 de diciembre pasado. El triunviro cegetista advirtió en las últimas horas sobre una posible nueva movilización con paro.

El encuentro será a "agenda abierta", aseguran en ambas partes, aunque uno de los temas sobre los que más se avanzó en encuentros reservados entre Francos y el sector dialoguista de la CGT es sobre el nuevo impulso a la reforma laboral de Javier Milei, que ahora podría ser incluida en la Ley Bases, a partir de un proyecto de la UCR, pero sin dos de los puntos que más irritan al sindicalismo, como la limitación de las cuotas solidarias y de la ultraactividad de los convenios colectivos.

Al encuentro en la Casa Rosada irían los cotitulares de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), más el secretario adjunto, Andrés Rodríguez (UPCN), y dirigentes como Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Jorge Sola (seguro) , aunque se descuenta que no concurrirá Pablo Moyano (Camioneros), irreductible contra el Gobierno.

La sorpresiva convocatoria de Francos llega en el peor momento de la relación entre el Gobierno y el sindicalismo, con tensiones en ascenso por la no homologación de algunas paritarias, como la del Sindicato de Camioneros; los despidos en el Estado y la falta de acuerdo salarial de gremios clave como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), entre otros.

En esas reuniones, el designado ministro del Interior les dio garantías a los líderes cegetistas de que los cambios laborales no pondrían en riesgo al poder sindical, pero cuando Milei dictó el DNU 70 los dirigentes gremiales se sorprendieron porque incluía artículos que afectaban sus intereses.

Es que la última revisión del DNU 70 estuvo a cargo del asesor gubernamental Federico Sturzenegger, que endureció su contenido con artículos que irritaron a la CGT. Después de conocido el DNU, la central obrera impugnó su capítulo laboral ante la Justicia por considerarlo inconstitucional y se abrió una etapa de fricciones con el Gobierno que incluyó el paro con movilización del 24 de enero pasado y que este jueves, en una reunión de la conducción cegetista, podría llevar a una huelga de 24 horas.

El sector más combativo de la CGT impulsa un paro general antes de la movilización a la Plaza de Mayo proyectada para conmemorar el Día del Trabajador, el 1° de mayo, pero la fracción dialoguista es partidaria de concretar una huelga recién después de esa concentración callejera para "medir la fuerza real" del malestar de los trabajadores contra las políticas dispuestas por el Gobierno.

Francos retomó el diálogo reservado con una parte de la CGT en busca de desactivar el paro y podrían bajar dos artículos de la reforma laboral objetados por el sindicalismo.

"Activar la unidad para un paro nacional"

El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, sostuvo que es momento de "activar la unidad" en el movimiento obrero para "generar un gran paro nacional".

Palazzo subrayó que estamos bajo un gobierno que quiere "disponer los destinos de nuestro país en desmedro de la clase trabajadora" y que, por lo tanto "no podemos permitir que ocurra".

Fue en el marco de una conferencia de prensa ofrecida por el titular de ATE Capital, Daniel Catalano, en la que comunicó que esa organización no va a tolerar la "militarización de los puestos de trabajo", "la policía armada" en las dependencias públicas y "los despidos arbitrarios" por parte del Gobierno nacional.

Catalano comunicó que se realizó una denuncia con el objetivo de "ir contra las autoridades por incursionar en el delito del Art. 248 por abuso de la autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos".

Esta acusación está basada en "dos hechos gravísimos" vinculados con fuerzas de seguridad que estuvieron armadas "adentro de los establecimientos" que funcionan como oficinas de atención al público.

"No solo expusieron a trabajadores y trabajadoras que se estaban manifestando sino a la sociedad toda", explicó Catalano.

Además, se señaló que, adentro de las dependencias públicas, "la policía realizó tareas de inteligencia: sacó fotos, filmó, grabó a los compañeros y compañeras que estaban ejerciendo su derecho", disparó el dirigente que mantiene una línea dura contra el Gobierno.