El gobernador Gustavo Sáenz, criticó que el Ejecutivo haya eliminado la modificación de Impuestos Internos al Tabaco que estaba prevista en el Capítulo Fiscal del nuevo proyecto de la ley ómnibus y cuestionó que “un grupo de diputados que desconoce el interior argentino y sus economías regionales, junto a otro que se arroga espuriamente la representación del Sector Tabacalero le torcieron el brazo del Gobierno que dice combatir la ‘casta’”.

“Sacaron del Capítulo Fiscal la modificación de Impuestos Internos al Tabaco, que iba a terminar con el privilegio de una sola empresa. Una empresa que se autopercibe PyME pero factura más de 800 millones de dólares; que se dice nacional pero no compra ni un kilo de tabaco argentino porque importa de Brasil por más de 40 millones de dólares al año; que opera desde 2018 sin pagar el Impuesto Interno Mínimo y gracias a eso vende muy por debajo del precio de sus competidores”, detalló el mandatario en un extenso hilo publicado en la red social X.

El reclamo salió a la luz luego de que se conociera que la administración de Javier Milei dio marcha atrás con los cambios en la nueva Ley de Bases por presión de la Tabacalera Sarandí. La empresa en cuestión, perteneciente a Pablo Otero, había sido cuestionada por el presidente por el lobby que realizó en el Congreso para que no se tocara el marco tributario del rubro, que lo haría pagar impuestos en igualdad de condiciones con el resto de los jugadores del mercado.

Un grupo de diputados que desconoce el interior argentino y sus economías regionales, junto a otro que se arroga espuriamente la representación del Sector Tabacalero, torcieron el brazo del Gobierno que dice combatir la “casta” (+)

— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) April 10, 2024

Entre los diputados hubo fuertes acusaciones cruzadas, que apuntaron a varios legisladores en particular por haber puesto como condición el retiro del capítulo tabacalero para apoyar al resto de la norma.

El diputado que hizo más fuerza para que se saque fue el jefe de la bancada Pro, Cristian Ritondo, que lo habría puesto como uno de los no rotundos del bloque en las conversaciones con el Poder Ejecutivo. Interesados en el tema también estuvieron Diego Santilli; Carlos Castagneto; y Carlos Zapata, de La Libertad Avanza.

En un tono muy fuerte, Sáenz calificó a la decisión del oficialismo como “una prebenda” y aseguró que las consecuencias las pagan “las provincias tabacaleras del norte, que han sufrido una pérdida acumulada de más de 700 millones de dólares en concepto de menor recaudación del Fondo Especial del Tabaco”. Esa situación, aseguró, afecta a una economía regional “que mantiene a más de 200 mil personas y exporta el 80% de su producción”.

En tanto, remarcó que más allá de la afectación particular de los distritos productores, el costo de este acuerdo “también lo pagan los argentinos, a través de un costo anual de un billón de dólares que se dejan de recaudar en concepto de Impuestos Internos, coparticipables entre las 24 jurisdicciones del país y el Tesoro Nacional”.

A modo de ejemplo y “para entender la dimensión del daño al erario público nacional y provincial”, remarcó que “por este privilegio de una empresa se pierde el equivalente a un millón de jubilaciones mínimas al año en un momento en el que se le pide a los ciudadanos y a las provincias que hagan un esfuerzo histórico para equilibrar las cuentas públicas”.

“Señor Presidente, las provincias del Norte, y todos los ciudadanos del resto del país, le pedimos que no claudique ante las presiones e intereses que usted mismo ha atacado en público. No se deje ganar por el Señor Tabaco”, finalizó.

Fuente: La Nación