El incidente que protagonizó el viernes una mujer boliviana a la que le atendieron el parto en el hospital San Vicente de Paul de Orán y se negó a pagar los $250 mil que le facturaron por ser extranjera reavivó el debate en la comunidad en torno de la medida discriminatoria sancionada por el gobierno salteño.

El director del nosocomio, Alejandro Fabián Valenzuela Pérez, informó que primero la mujer había abandonado indignada el lugar cuando se presentó a la admisión y le dijeron los costos del servicio médico. 

Agregó que durante la madrugada regresó en pleno trabajo de parto y, dada la urgencia, tuvo que ser atendida.

Ya de alta, lo mismo que el bebé, le dieron la cuenta del parto y el servicio pediátrico, que ascendía a $250 mil y, entre gritos y protestas, se escapó sin cancelarla, por lo que las autoridades intentan encontrarla, en tanto ya le radicaron la denuncia judicial.

Primera provincia en aplicar la medida

Salta es la única provincia en el país que aplica desde febrero la obligatoriedad de pago a los extranjeros para ser atendidos en los hospitales públicos.

El gobernador Gustavo Sáenz había determinado mediante un DNU el arancelamiento de la atención sanitaria de los extranjeros que pertenezcan a las categorías de residentes transitorios y precarios en los hospitales provinciales, mientras que la atención de urgencia o en emergencias, cualquiera fuere la categoría que revistase, quedaba garantizada, como fue este caso.

El decreto señala que el Estado provincial arbitrará con posterioridad los medios necesarios para percibir los gastos ocasionados, que es lo que hizo el hospital de Orán, con lo que será la Justicia la que deberá resolver.

La comunidad salteña no aceptó de buen grado el cobro a la salud diferenciado, por más que la gobernación argumente que el sistema sanitario se encuentra jaqueado por los inconvenientes que ocasiona la alta demanda que tienen los hospitales de localidades de frontera debido a la atención a extranjeros.

La preocupación que causó la restricción del otro lado de la frontera hizo que el alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, visitara la provincia para reunirse con funcionarios y proponerles establecer un marco de previsibilidad en el cobro de estos servicios de salud, manteniendo una relación cordial entre el Gobierno de Salta y la vecina región boliviana.

Lo explicó así: "Un acuerdo donde todos ganemos, que la atención tenga un costo conforme a una negociación donde encontremos la forma de privilegiar la salud. Es un proceso que vamos a ir conversando".

El subsecretario de Gestión de Salud, Luciano Giasso, quien representó al Ministerio de Salud Pública en la reunión, dijo será analizado un convenio mediante el cual la Alcaldía de Tarija se haga cargo de los costos de la atención sanitaria de los ciudadanos tarijeños en Salta.

Nada se resolvió y el escándalo en Orán devolvió la cuestión a la agenda.