El presupuesto universitario del corriente año es el más bajo desde que se lleva registro (1997) y la caída interanual en su ejecución fue del 34,4%. El dato surge de un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

El análisis reveló el complejo panorama económico que enfrentan las casas de altos estudios para garantizar su funcionamiento, como consecuencia de la decisión del Gobierno de prorrogar el Presupuesto 2023 y profundizar el recorte de fondos sobre el ámbito educativo frente a un escenario de fuerte inflación que llegó a 287,9% interanual en marzo.

En ese sentido, desde ACIJ precisaron que "la decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar el presupuesto del año anterior implica una reducción del 72% en términos reales para ´Desarrollo de la Educación Superior´", por lo que aseguraron que "de no haber modificaciones que amplíen los montos disponibles, este será el presupuesto universitario más bajo desde 1997, año a partir del cual se cuenta con datos del programa".

En cuanto a la ejecución del presupuesto durante el primer trimestre de 2024, el estudio reflejó que "el Gobierno nacional ejecutó un 30% menos del gasto total en términos reales en comparación con el mismo período de 2023" y remarcó que "la reducción en las políticas universitarias fue aún mayor, alcanzando el 34,4%".

Asimismo, detalló que "dentro de las partidas que conforman las políticas universitarias, la más importante, ´Desarrollo de la Educación Superior´, experimentó una disminución del 32,9%" en los primeros tres meses del año, mientras que "lo ejecutado en becas Progresar sufrió una caída del 46,9%, y lo destinado a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria disminuyó un 18,4%", en tanto que "los programas de infraestructura universitaria prácticamente no tuvieron ejecución".

Al especificar el impacto de la reducción de las partidas en los distintos sectores, el informe indicó que "dentro del programa de desarrollo de la educación superior, la caída afecta de manera significativa a todas las actividades que comprende".

Al respecto, puntualizó que "los fondos asignados al pago de salarios registran una disminución del 32% para docentes y autoridades, y del 28% para el personal no docente".