"Considero que se encuentran cumplidos los recaudos para la procedencia de la acción colectiva", concluyó el fiscal federal Ricardo Toranzos en un dictamen que se conoció ayer y que ratificó la competencia de ese fuero para entender en el recurso de amparo que promovió la Cámara Hotelera Gastronómica de Salta contra los fuertes aumentos aplicados en el servicio de energía eléctrica a partir de los consumos medidos desde febrero último.

El pronunciamiento de la Fiscalía en el expediente 1342/2024, que se tramita ante el Juzgado Federal 2 de Salta, marcó un primer paso importante en la aspiración del citado sector empresario de ver frenado por la Justicia el tarifazo que tiene jaqueados a muchos comercios y pymes, desde los vencimientos que ya operaron en marzo y este mes, por facturas que registraron subas exponenciales.

En el dictamen, el fiscal Toranzos precisó que Juan Eduardo Lucero, en su carácter de presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica de la Provincia de Salta, interpuso la acción de amparo en contra del Estado Nacional y la Secretaría de Energía de la Nación, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 70/2023. Agregó, asimismo, que la entidad demandante solicitó una medida cautelar de no innovar "a fin de que la empresa distribuidora de energía local (Edesa) se abstenga de facturar (el servicio) conforme los aumentos autorizados por el art. 177 del DNU 70/23 y lo haga conforme lo venía realizando en forma previa al dictado del referido Decreto, hasta tanto sea resuelta la cuestión constitucional de fondo".

Un daño al comercio

En la presentación, Lucero puntualizó que, a través del citado DNU, el gobierno nacional facultó a la Secretaría de Energía de la Nación a fijar un nuevo esquema tarifario consistente, básicamente, en la eliminación de subsidios al sector energético. Señaló ello repercutió en forma notable en los incrementos que se tradujeron en un daño actual y presente para los miembros de la Cámara y sus respectivos locales comerciales. Sostuvo que "la fijación por parte del Estado Nacional de un nuevo esquema de tarifas influye de forma negativa debido a que establece un traslado a tarifas entre un 127% y un 337% de aumento para las tarifas de luz y de un 168% a un 336% para las tarifas de gas". Afirmó que "el Poder Ejecutivo, en un claro gesto inconstitucional, pretende usar un DNU para instaurar una política permanente de eliminación de subsidios al sector energético sin seguir los carriles legales necesarios". Y resumió que, "al haberse utilizado una herramienta indebida para el establecimiento de una política permanente, se ocasionó una lesión actual y concreta de derechos y garantías constitucionales para los miembros de la Cámara".

En la demanda también se puso de relieve que derechos como el poder ejercer toda industria lícita (artículo 14 de la Constitución Nacional) corren un "serio peligro de poder seguir ejecutándose, poniendo además en grave peligro la fuente de trabajo de miles de familias que dependen de manera directa e indirecta de las actividades que desarrollan los miembros de la Cámara" que representa a empresarios de los sectores gastronómico y hotelero en la provincia.

Antecedentes

En enero, tras una audiencia pública, el Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta (Enresp) aprobó un nuevo cuadro tarifario con una readecuación progresiva del competente de las facturas que se corresponde con la distribución (es decir con el servicio que presta EDESA del 101,68%. Es suba se autorizó en tres tramos: un incremento inicial del 78%, aplicado desde febrero; el segundo, del 11.84%, previsto a partir de marzo y el tercero, de otro 11,84%, desde abril.

Con posterioridad, por resolución 41/2024, Energía de la Nación también aprobó fuertes aumentos de precios en los otros componentes de las facturas: la generación y el transporte eléctrico. Edesa trasladó estos aumentos a un nuevo cuadro tarifario. Frente a los airados reclamos que desató el tarifazo, el gobierno provincial suspendió por 120 días la aplicación de los dos últimos tramos de la suba que había autorizado el Ente en la distribución.

Un descuento en la luz para el norte

El gobierno provincial anunció la presentación de un amparo contra Cammesa, la compañía que administra el mercado mayorista eléctrico, e instó al empresariado a acompañarla. Este fue uno de los puntos que los ministros de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; de Infraestructura, Sergio Camacho; de Producción, Martín de los Ríos; y de Turismo, Mario Peña, tocaron en las reuniones que mantuvieron con miembros de las cámaras empresariales y del sector productivo de los departamentos Santa Martín y Orán, junto al gerente de usuarios del Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp), Pedro de los Ríos; el titular de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún; intendentes y legisladores de la región.

En ese contexto, en el que se comprometieron medidas para diferentes problemáticas planteadas desde la zona, Camacho transmitió la decisión del Ejecutivo provincial de que el norte tenga en el directorio del Enresp un representante que será elegido en la región. "Un director va a salir de acá y va a tener como misión y función atender todos los problemas y los reclamos de cada uno de los usuarios, sean comerciales o residenciales", específicó.

El ministro a cargo de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas también anunció que se aprobará un descuento del 30% para usuarios comerciales, de las categorías G1 y G2 del servicio de energía, en ambos departamentos. Al respecto, Pedro de los Ríos agregó que para 5.543 usuarios de energía de Orán y San Martín se establecerá un descuento por el total de la facturación, incluido el cargo fijo del 30%, para los 12 meses del año. El funcionario adelantó que el Enresp emitirá la correspondiente resolución mañana y que se aplicará desde la próxima facturación.