La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala VII del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra un hombre de 32 años como autor de los delitos de grooming en dos hechos, abuso sexual con acceso carnal en un hecho y distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil.

El acusado llegó a juicio por denuncias respecto a dos adolescentes, a quienes con similar modus operandi, contactó por redes sociales, entabló una relación de confianza con las mismas y bajo engaños, las manipuló para obtener fotos o videos de carácter íntimo para luego extorsionarlas y someterlas a actos de abuso sexual. En esta relación de confianza obtenía el control de sus redes sociales, desde donde publicaba las fotos íntimas, con las que las ofrecía como trabajadoras sexuales.

La sofisticación de su estrategia radicó en la utilización de varios perfiles en las redes sociales, a través de los cuales se hizo pasar por diferentes personas, cada una con un rol diferente en la trama delictiva.

Contaba con un perfil que usaba para realizar el contacto telemático, establecer un vínculo y así obtener fotos íntimas de las damnificadas, rol que cumplía en el escenario online.

Además tenía con un segundo perfil, con el que se contactaba para extorsionar a las víctimas, rol que también cumplía en el escenario online.

A su vez, se presentaba con su verdadera identidad para encarar una relación de pareja y aparecer posteriormente y ante las extorsiones, como el salvador de una de las menores, supuestamente pagando las sumas de dinero solicitadas. Esto a cambio de mantener relaciones sexuales con ellas, objetivo que no había logrado en un principio y que concreta, solo ante esta situación de estrés para la víctima, rol cumplido en el escenario analógico/offline.

Finalmente, también aparece con otro perfil que utilizaba para realizar la extorsión a las damnificadas y sus familiares.

El juez Francisco Mascarello, en el veredicto, condenó al acusado a la pena de 9 años de prisión de ejecución efectiva y a realizar tratamiento psicológico por la naturaleza de los hechos por los que llegó acusado. En el mismo fallo, dispuso que el condenado sea registrado en el Banco de Datos Genéticos.