El principal acusado cumplía gozaba de arresto domiciliario por una condena de 5 años y 6 meses por transportar 26 kilos de cocaína, delito en el que reincidió, pero con una carga de 49 kilos. Su defensa intentó que siga con ese beneficio, pero la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez y ordenó su prisión preventiva, confirmada en segunda instancia. “No puede utilizarse la salud para sustraerse de su responsabilidad ante el Estado”, afirmó la magistrada.

A instancia de una meticulosa investigación del Área de Casos Complejos, de la Unidad Fiscal Salta, la jueza de Garantías N°2, Mariela Giménez hizo lugar a la imputación penal requerida por el fiscal federal, Ricardo Rafael Toranzos, contra tres integrantes de una organización narcocriminal que se dedicaba a la obtención de drogas desde Bolivia, y su posterior traslado al sur del país.

La acusación se presentó en la audiencia de formalización de la investigación penal, celebrada el viernes pasado ante la jueza Giménez, quien declaró legal la detención de los acusados, identificados como Armando Martín Escalante, su hermano, Rubén y Catalina del Valle Peralta, a quienes se le imputó el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

Al presentar el caso, el fiscal -asistido por el Investigador Pablo Carraro- sindicó a Armando Escalante como el líder de la organización, ya que de las evidencias reunidas se estableció el preponderante rol que tenía sobre el resto, incluso se verificó viajes que realizó al vecino país de Bolivia, a fin de negociar la adquisición de cocaína.

En virtud del peso de la acusación, las pruebas reunidas y la evaluación de los riesgos procesales, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de los tres acusados, planteo que fue aceptado por la jueza, siendo éste el principal punto de debate de la audiencia, pues el jefe de la organización es no vidente. Además, presenta otra patología delicada, como una herida intestinal abierta, lo que demanda ciertos cuidados sanitarios.

A ello, se sumó que Escalante, al momento del hecho, gozaba del beneficio de arresto domiciliario en el marco de una pena de 5 años y 6 meses de prisión homologada el 2 de agosto de 2022 por el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, en el marco de una investigación seguida contra el acusado, por ser coautor del delito de transporte de estupefacientes.

Una vez identificados los acusados, el fiscal explicó que la captura fue como resultado de pesquisas preliminares, las que tenían como principales objetivos a Escalante y Peralta, nombres surgidos de una investigación que personal de Gendarmería Nacional realizaba en torno a una organización que obtenía la droga en la frontera y la trasladaba al sur del país.

En dicha hipótesis, Escalante aparecía como la persona que llevaba adelante las negociaciones para abastecerse de droga, las que incluían viajes a Bolivia, para luego coordinar y dirigir el traslado del tóxico a la ciudad de Orán y, desde allí, a Salta.

Con otro cómplice, identificado como Víctor Sánchez, conformó una dotación de mochileros que cruzaban la frontera, a la altura de la localidad de Aguas Blancas, en el límite fronterizo. Pese a su condición -sostuvo el fiscal- demarcó el itinerario que debían hacer los cargadores por el monte.

Ya de lado argentino, los mochileros (también llamados “caminantes”) dejaban la carga en una finca de la zona, donde pasaba a una etapa de “enfriamiento” hasta que nuevamente salía en tránsito a Salta. La casa de Peralta, en Orán, también era utilizada para esa misma función.

“La gente está esperando”

Entre otras pruebas, la fiscalía expuso una serie de diálogos extraídos de escuchas telefónicas tomadas del teléfono celular de Escalante, quien aparece como la persona que coordinaba los viajes de los mochileros a nuestro país.

El viernes 3 de mayo, se estableció que Escalante acordó reunirse con Sánchez en un lugar no determinado del paraje “El Orejón”, en Bolivia, donde iban a recibir un cargamento de 49 kilos de cocaína y coordinar su ingreso a este país.

Esta pista se robusteció con un dialogo que ambos mantuvieron posteriormente, en el que Sánchez describe la carga: “hay de esos y también hay de grises”, lo que motivo la autorización judicial a fin de pasar a la modalidad de escuchas directas, a fin de poder interceptar a los acusados y neutralizar el transporte.

De esta manera, el lunes 6 de mayo, se interceptó otro contacto, en el que Sánchez le confirma a Escalante la entrega. “Esta tarde te entrego”, le dijo, a lo que el líder de la organización, el que responde: “sí, porque la gente ya está esperando”.

Posteriormente, los imputados dejan de comunicarse, por lo que no se pudo establecer el lugar exacto del encuentro, no obstante, sus movimientos estaban siendo vigilados, lo que permitió establecer la presencia de Rubén Escalante el martes por la tarde, cuando circulaba por las calles de la ciudad de Orán, al volante de un utilitario Renault Kangoo.

Siguiendo el diagrama armado por su hermano, llegó hasta la calle Corrientes, entre Alberdi e Independencia, donde se detuvo junto a un vehículo Chevrolet Spin, estacionado en el lugar. Bajó y sacó del asiento trasero una mochila, con la cual se dirigió al rodado, momento en que el conductor descendió para recibir la carga.

En ese momento, personal de seguridad, tanto del Grupo Operativo Conjunto NOA y la Unidad de Procedimientos Judiciales de Orán, de Gendarmería Nacional, entraron en acción y detuvieron a Escalante, quien arrojó la mochila al suelo e intentó darse a la fuga, sin éxito. Por el contrario, el receptor logró subir al coche y huir.

Luego, con el control judicial, se requisó el utilitario, encontrándose otra mochila con veinte paquetes más de droga. Otro más fue hallado dentro de la guantera, junto a un teléfono celular y la documentación vehicular. Reunidos todos los paquetes, se estableció un peso de 49 kilos y 672 gramos de cocaína.

Con el secuestro de la droga, la fiscalía avanzó con una serie de allanamientos, siendo el primer domicilio registrado, el del jefe de la organización, quien fue detenido, como así también se incautaron distintas evidencias de interés para el caso.

Otros de los inmuebles allanados fue el de Peralta, también detenida en dicho procedimiento. Su participación, según lo expuesto por la fiscalía, surge de una serie de conversaciones que mantuvo con Escalante, en cuya casa trabajaba como empleada doméstica.

Además de ello, la fiscalía obtuvo evidencias de que la misma también prestaba su casa para el acopio de droga, pues de algunos llamados que mantuvo con el jefe de la organización, en los que manifiesta tener “dificultades para guardar algo”, por lo que le solicita a Peralta hacerlo en su casa, a lo que la mujer da su consentimiento.

En cuanto al hombre que iba a recibir la droga, y que logró escapar, la fiscalía aportó la identidad del mismo, la que surgió de la verificación del rodado que conducía. En vista de ello, solicitó su captura nacional e internacional, como así también la de Sánchez.

Sobre la acusación, la defensa de los tres imputados no presentó objeciones, ni tampoco los acusados optaron por prestar declaración. La jueza Giménez, por su parte, declaró la legalidad de las detenciones, pues no ser advirtió ninguna irregularidad al respecto.

Prisión preventiva

Al momento de evaluar las medidas de coerción, la fiscalía tuvo en cuenta la situación de Peralta, quien tiene tres hijos menores a cargo, por lo que “ante el interés superior del niño” accedió a que la misma cumpla prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, no así respecto a los hermanos Escalante.

Entre los argumentos esgrimidos, la fiscalía resaltó la imposibilidad de evaluar una posibilidad de morigerar el cumplimiento carcelario de la medida, ya que la escala penal del delito imputad no admite la chance de ejecución condicional de una pena en expectativa.

Asimismo, destacó la envergadura de la maniobra y la naturaleza del hecho, la inversión puesta de manifiesto en la contratación de un grupo de mochileros, el riesgo de fuga y, aún más importante, de entorpecimiento del proceso, ya que aún resta detener a dos integrantes ya identificados, sin descartar la posible participación de otros más.

Sobre la situación de Armando Escalante, resaltó el antecedente condenatorio que pesa sobre el mismo por un transporte de 26 kilos de cocaína. “Este hecho, por sí solo, demuestra que su permanencia en una medida restrictiva inferior a la detención carcelaria no surtiría efecto, pues su nueva incursión delictiva demuestra que no supo aprovechar el beneficio otorgado en su momento”, indicó el fiscal.

Agrego que, de tener nuevamente esta modalidad de detención, es muy factible que ponga en aviso a los otros implicados. “Casi idéntica es la situación de su hermano, Rubén. Si bien, carece de antecedentes, la gravedad del hecho, el perjuicio del bien jurídico protegido y la peculiaridad de que conoce la zona de frontera, hacen más factible la posibilidad de sustraerse de la justicia, como así también dar aviso a otros cómplices”, explicó.

Planteada la medida, la defensa se opuso a que la prisión efectiva de Armando Escalante, dada su situación de no vidente y su estado de salud, ya que presenta una herida quirúrgica en región supraumbilical abierta y colostomía izquierda con bolsa de descarga, además de patología por tuberculosis, sin tratamiento.

Ante estos antecedentes médicos, la defensa insistió en mantener el arresto domiciliario de Escalante, lo que fundó en certificados médicos realizados por distintos profesionales que examinaron al acusado tras su detención, en los que no se recomendaba que siga alojado en dependencias de Gendarmería Nacional.

Descartó también el alojamiento de su defendido en la Unidad Carcelaria del Complejo NOA III, propuso la aplicación de una pulsera electrónica y, hasta tanto, instó a que se disponga una consigna fija y controles sorpresivos.

La fiscalía, en tanto, insistió en que Escalante quede detenido. Reconoció las certificaciones médicas aludidas, pero dejó en claro que las mismas se refieren a la situación de encierro del acusado en dependencias de Gendarmería, no obstante, y de comunicaciones con el área médica de la unidad carcelaria, quienes conocen la situación de Escalante, surgió la necesidad de una nueva evaluación sanitaria a fin de determinar si ese complejo está en condiciones de asistir al imputado.

“Carné para cometer delitos”

En función de ello, pidió ese nuevo examen por parte de los profesionales de la cárcel, quienes necesitan primero que el acusado ingrese en calidad de interno.

“Es importante que hagamos ese esfuerzo, ya que, de lo contrario, pareciera que estamos dando un carné para cometer delitos, pues tiene asegurado el orden domiciliario”, destacó el fiscal y remarcó que “este es su segundo y que el hecho de volverlo a su domicilio, no contiene de modo alguno su posibilidad de fuga y de entorpecimiento”.

Recalcó que Escalante “ya estaba en esas condiciones, sin embargo, no sólo cometió un nuevo delito, sino que dirigió la maniobra de tráfico”. En cuanto al hecho de que el imputado no puede valerse por sí mismo para su asistencia, tarea que estaba a cargo de su hermano, también detenido, el fiscal aclaró que no vivían juntos, con lo cual puso en dudas esa dependencia. Y, en todo caso, la situación amerita un informe ambiental.

Desechó, a su vez, la posibilidad de la pulsera electrónica y los controles de las fuerzas de seguridad por inviables, pues la provisión del dispositivo exige varios requisitos, entre ellos la conectividad de wifi, mientras que una consigna fija no impide que el acusado, dentro de la casa y con un teléfono, entorpezca la investigación.

Al momento de resolver, la jueza resaltó los riesgos procesales aludidos por la fiscalía y, en ese orden, rechazó el pedido de la defensa respecto a Escalante y dictó la prisión preventiva de los tres acusados, siendo para el caso de Peralta, bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Sobre el jefe de la organización, señaló que “su estado de salud no imposibilito el haber seguido con en este tipo de delitos”. Sostuvo que analizo su situación de salud y descartó que “este tribunal sea desaprensivo” con el mismo, pero “la circunstancia objetiva de su comportamiento, tanto en el proceso anterior como en este, hace que el riesgo (de entorpecimiento) sea mucho mayor”.

“No puede utilizarse la salud como motivo para sustraerse de su responsabilidad ante el Estado”, afirmó la jueza, quien, no obstante, ordenó el traslado del acusado al hospital local, a fin de que se le practique un control integral y, si se amerita, se disponga su internación. A su vez, dispuso que el Servicio de Atención Médica del complejo penitenciario evalúe el caso y determine si puede brindarle la asistencia requerida.

“De la misma manera que este tribunal tiene que equilibrar la preservación de salud del acusado, también lo debe hacerlo respecto a la obligación que tiene el Estado argentino a fin de que estos delitos no queden totalmente impunes”, concluyó la jueza.

Su decisión, sin embargo, fue impugnada por la defensa, razón por la cual, el asunto fue tratado este lunes por la Sala I de Revisión, integrada por los jueces Santiago French, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Ernesto Solá, quienes ratificaron de plano lo resuelto por la jueza de grado.

Ante los jueces de Revisión, la defensa insistió en que las instalaciones de la Gendarmería no eran aptas para alojar al acusado. También resaltó la necesidad de asistencia permanente, para lo cual propuso a una hermana del imputado.

Sus argumentos, sin embargo, fueron nuevamente rebatidos por la fiscalía, la que presentó un nuevo informe médico, en el que no se registra infecciones u otras dolencias en la herida abierta. Respecto a la asistencia permanente, el fiscal sugirió que dicha tarea puede ser cumplida por su hermano, quien estará detenido en el mismo pabellón, en el Complejo Penitenciario.

Al expedirse, los jueces coincidieron en que el reclamo respecto a las falencias en dependencia de Gendarmería, ya no tenían peso, pues la jueza Giménez había ordenado su traslado al hospital y de allí a la unidad carcelaria, lo que confirmaron.

Al margen de rechazar el planteo defensivo, los camaristas ordenaron que se extremen los cuidados del acusado por parte del Servicio Penitenciario Federal y afirmaron que el argumento de asistencia permanente “fue neutralizado” por la fiscalía al proponer al hermano, Rubén Escalante, como su asistente.