La Corte Suprema de Justicia enfrenta una nueva batalla interna, con la mayoría de los jueces respondiendo a la disidencia expresada por Ricardo Lorenzetti. Este conflicto surge tras la creación de una nueva secretaría penal, una decisión que Lorenzetti criticó duramente, alegando que oculta "oscuros intereses" y que "la ambición desplaza la excelencia".

Lorenzetti afirmó que la medida busca que los casos penales importantes queden bajo la gestión de un secretario con directivas no publicadas, lo que consideró inapropiado y generador de desconfianza. En respuesta, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y el juez Juan Carlos Maqueda acusaron a Lorenzetti de nepotismo y de entorpecer las medidas del tribunal. 

"El mayor acto de nepotismo en el tribunal fue perpetrado por el propio Lorenzetti al efectivizar a su esposa como prosecretaria administrativa del Juzgado Federal de Rafaela", señalaron los jueces de la mayoría, refiriéndose a la resolución N° 2983/2018. También responsabilizaron a Lorenzetti de demorar la votación en varias causas y de imponer cupos mensuales por secretaría, lo que, según ellos, generó atrasos significativos.

La mayoría de la Corte le contestó: “No hay antecedentes de que se hubieran demorado medidas de organización interna por una circunstancia similar a la que menciona el juez Lorenzetti” y recordaron que cuando asumieron Rosatti y Rosenkrantz en la Corte, Lorenzetti, Maqueda y Highton, reorganizaron secretarías y direcciones.

Además, defendieron la creación de la nueva secretaría penal, argumentando que era necesaria para manejar el incremento de expedientes penales y garantizar la buena administración de justicia.

Lorenzetti insistió en que la Corte debe enfocarse en resolver los problemas graves del Poder Judicial, criticando la falta de sentencias fundadas y la designación de nuevos funcionarios sin concurso. Sin embargo, la mayoría replicó que tales designaciones eran necesarias debido a la acumulación considerable de causas.

El enfrentamiento se amplió a otras decisiones administrativas recientes, como la creación de la Comisión de Lenguaje Claro y la Oficina de Bienestar Laboral. Lorenzetti consideró estas estructuras innecesarias, mientras que la mayoría defendió su utilidad y su costo cero.