La intensa jornada del miércoles en el Congreso, donde el oficialismo logró superar con acuerdos políticos las barreras a la sanción de la ley Bases, estuvo atravesada por la violencia en las calles. La convocatoria a resistir la sanción de esa ley, pronunciada por Pablo Moyano, el gobernador y los intendentes de la provincia de Buenos Aires y la izquierda, no tuvo una respuesta significativa en la gente. Los desmanes, absolutamente premeditados e impopulares, estuvieron a cargo de activistas que fueron razonablemente controlados por las fuerzas de seguridad. "La fuerza es el derecho de las bestias", se titulaba un libro de Juan Domingo Perón. Esta vez la impotencia en el recinto y la fuerza en las calles no lograron el objetivo de interrumpir la sesión.

De este modo, el presidente Javier Milei logró superar uno de los muchos exámenes que aún debe rendir para que su éxito electoral se traduzca en un gobierno sólido, con funcionarios estables y eficientes y una mirada mucho más amplia que la exhibida hasta ahora.

Con la sanción de la ley, que -es de esperar- no tendría nuevos obstáculos en Diputados, el Gobierno se propone un cambio, no de rumbo sino en el modo de gestionar.

En primer lugar el voto de confianza que transmiten las encuestas necesita ser sostenido con eficiencia y respuestas concretas. La confianza de la ciudadanía es, en este momento, un patrimonio más importante que las maniobras financieras y los eventuales éxitos en la seducción de los hombres de negocios.

En la Argentina nadie espera milagros, pero la mayoría de la gente, la sociedad no politizada, confía en el sentido común, en la transparencia y en los gestos inequívocos de responsabilidad.

El Presidente debe asumir que el Estado no es el problema del país. Lo que ha implosionado es la mala administración de la cosa pública durante décadas, y la distorsión de objetivos nobles, como la equidad, la calidad de vida y las garantías de trabajo, salud y educación para todos los habitantes del país.

Privatizar determinadas empresas del Estado no es vender la patria, como proclaman los detractores del actual oficialismo, pero los servicios que estas prestan no pueden quedar al libre albedrío del mercado, porque se trata de funciones inherentes a la calidad de vida de la gente, es decir del mandato constitucional que da sentido al Estado, a la existencia de gobiernos y al sistema republicano mismo.

La misma sociedad que en noviembre consagró a un candidato distinto, aparentemente ajeno a la política, que proponía romper con todos los dogmas bolivarianos, no va a adherir a ideas anarco-libertarias que desligan al Gobierno de velar por la suerte de los menos favorecidos.

Milei asumió la presidencia en un país con más de 7 millones de niñas y niños pobres por ingresos (57,5% del total) y 2,4 millones (19,4%) viven en hogares con ingresos menores a una canasta básica alimentaria. Al mismo tiempo, los indicadores educativos exhiben una sociedad que no está ni remotamente preparada para desarrollarse en la era de la cuarta revolución industrial y de la economía del conocimiento.

En estos seis meses el Presidente ha mostrado su proyecto, logró amortiguar sustancialmente la inflación y recuperó reservas del Tesoro, con un ajuste fiscal que aún cuenta con el apoyo ciudadano. El fracaso del sindicalismo tradicional en sus intentos por desestabilizar al Gobierno es una señal de fortaleza que Milei debe valorar. La movilización espontánea en defensa de la Educación pública fue una señal clara de alguno de los límites de esa confianza.

Si el Presidente elimina prejuicios, valora la importancia de la política y consolida la eficiencia de la gestión en toda la extensión del Estado, el país podrá iniciar un lento camino hacia un futuro más auspicioso.