Comienza hoy una semana clave para las reformas económicas y políticas que el presidente Javier Milei quiere imponer bajo su modelo de administración libertaria. La Cámara de Diputados tiene una agenda sin dilaciones: mañana se reunirán las comisiones para debatir la ley Bases y la reforma fiscal que, con cambios, le devolvió el Senado; ese día el oficialismo espera firmar dictamen insistiendo con temas marcados por la Casa Rosada, y el jueves 27 prevén llegar al recinto para dar sanción definitiva a ambos proyectos. Es un camino de urgencias para el Ejecutivo que espera tener, finalmente y después de siete meses, las primeras leyes.

Ayer, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, descartó tener acuerdos con la oposición dialoguista por la Ley Bases en la Cámara de Senadores y anticipó que insistirán con la sanción del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales y las privatizaciones de empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y los medios públicos.

En declaraciones a un programa radial, Francos detalló que el Gobierno intentará mantener la reversión del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales (suba de mínimo no imponible y baja de alícuotas) porque lo considera "un tema que favorecería mucho a las cuentas provinciales porque son impuestos coparticipables en el caso de Ganancias, y en el de Bienes Personales porque está vinculado al blanqueo".

Con respecto a las privatizaciones de las empresas del Estado, confesó: "No teníamos (en el Senado) los votos para aprobarlas como habían salido, entonces hubo que sacarlas. Pero si Diputados insiste con las privatizaciones, estamos totalmente de acuerdo".

"Eso no quiere decir que haya habido una acuerdo sino que no teníamos los votos, por eso lo retiramos", aclaró, y agregó: "En el Senado tenemos 7 de 72, si no tenemos los votos se saca. Nuestra intención era que se apruebe, si lo sacamos fue porque no teníamos los votos ni el apoyo. Eso no significa que estemos de acuerdo con esa medida".

Asimismo, defendió las modificaciones implementadas en el Régimen de Inversión para las Grandes Inversiones (Rigi), pero descartó la eliminación de los ítems en la Cámara alta.

A pesar de las quejas de diputados opositores como el radical Pablo Blanco, el jefe de Gabinete reiteró que la quita de empresas solo fue debido a la falta de apoyos.

"Es una política del Gobierno disminuir las empresas del Estado. Creemos que todas deberían estar", reiteró en la previa al llamado a comisiones para dar tratamiento al proyecto el próximo jueves.

Asimismo, sumó: "Queremos avanzar en este proceso de quitarle al Estado la decisión de empresas que son públicas".

El voto radical

La privatización de empresas es un tema delicado porque el bloque radical del Senado -cuyos votos fueron fundamentales para la aprobación en la Cámara alta- emitió un comunicado pidiendo respetar los acuerdos y en concreto mencionó la cuestión de las privatizaciones. El Gobierno asegura que sobre este punto no se acordó nada y que el retiro de algunas empresas de la lista a privatizar fue una decisión unilateral.

El tema toca de lleno a la interna de la Unión Cívica Radical. En Diputados, el presidente del bloque Rodrigo De Loredo ha pedido en forma reiterada a Francos que le confirme si existió o no un acuerdo con los senadores radicales que lidera Eduardo Vischi. Votar por volver a incluir las empresas -el oficialismo en Diputados necesita del apoyo radical- que retiraron sus correligionarios sería un golpe duro puertas adentro del partido.

El despido por bloqueos a empresas, en duda

La propuesta para despedir trabajadores con causa justa por bloqueos a empresas incorporada por el Senado a la Ley Bases no reunía hasta ahora los votos necesarios para su ratificación en la Cámara de Diputados, debido a la oposición de algunos bloques dialoguistas a esa iniciativa.

La Cámara baja, en la sesión prevista para el próximo jueves, podrá insistir con 129 votos en el texto sancionado por ese cuerpo legislativo o aceptar los cambios introducidos por el Senado, ya que ese título se aprobó con mayoría simple.

De todos modos, el primer indicio de si se aceptarán o no esos cambios se conocerá mañana, cuando el plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales emita dictamen de mayoría, donde se propondrá qué reformas se buscará aceptar y en cuáles insistirá con la sanción original.

El Senado aprobó el miércoles 5 de junio la Ley de Bases con sustanciales modificaciones en el capítulo de Modernización Laboral, donde se incluyó sanciones por bloqueos a empresas a instancias de la Unión Cívica Radical.

El artículo 94 que aprobó el Senado fija que "podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento".

Según un poroteo previo, este tema tiene el aval de la mayoría del radicalismo, el PRO y La Libertad Avanza, y podría sumar al MID, Independencia, Creo en Tucumán, y Producción y Trabajo (sumarían 114 votos). Unión por la Patria, la izquierda y otros bloques definirán su posición entre hoy y mañana.