Una vez más el sistema judicial de Salta, con sus auxiliares, dejó su marca. Desde un primer momento hicieron todo lo posible para que la imagen del contador público nacional Marcelo Omar Córdoba, no se viera perjudicada ni manchada.

El hombre de 72 años llegó a juicio acusado de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una exempleada y una expareja, además de los delitos de amenazas y desobediencia judicial, todo en concurso real.

Con un tribunal unipersonal, a cargo del vocal de la Sala I, el juez Martín Pérez, el imputado fue condenado a dos años y medio de prisión condicional por el delito de abuso sexual simple -fue absuelto por amenazas y desobediencia judicial y a la figura del `acceso carnal` lo pasaron a abuso simple-. Desde la Fiscalía habían solicitado seis años y la querella siete, mientras que su defensa pidió la absolución lisa y llana.

La audiencia oral y pública, de la que en ningún momento se informó ni desde el Poder Judicial ni desde el Ministerio Público Fiscal, comenzó el jueves 9 de mayo en la Sala I del Tribunal de Juicio.

Un importante número de personas acompañaron aquella primera mañana en la Ciudad Judicial de esta capital al conocido contador de General Güemes. Junto a su defensor, el doctor Pablo del Pino, antes del inicio de la audiencia al acusado se lo notó intranquilo por la presencia de la prensa, El Tribuno -único medio en esa primera jornada-, de hecho hizo un comentario al respecto y su defensor no le restó importancia al reclamo del contador.

Con intervenciones casi abusivas por parte del doctor del Pino, lo que provocó que el juez dijera que debían seguir porque "sino no terminamos más", en esa primera jornada el defensor de Córdoba solicitó que la doctora Sandra Domene no siguiera como querellante en la causa.

En la segunda audiencia, la abogada presentó el poder otorgado por escribano público para continuar como apoderada legal de una de las víctimas, documento que fue aceptado por el juez Pérez.

Falsos testimonios

Durante las audiencias de debate en la Sala I la representante y apoderada de una de las víctimas, abogada querellante Domene, solicitó a la Fiscalía en turno el falso testimonio para dos de las declarantes: C.B.G., testigo que fue presentada por la defensa, quien dijo no saber del abuso contra su hermana -una de las víctimas, ya fallecida- negando casi todo. Además, acusó a la querella de armar la causa, sin embargo reconoció haber enviado un mensaje -con sentimiento de bronca- donde señala que el señor Córdoba es un abusador.

También se solicitó el falso testimonio contra la doctora Daniela Córdoba Gavenda, hija del imputado, dado que ante la consulta de quién era el primer defensor de su padre la letrada dijo no saber, cuando en realidad ella junto al actual Procurador de la provincia habían asumido la defensa del contador Córdoba en la primera denuncia por abuso sexual en perjuicio de S.P.

Pericias psicológicas

Las psicólogas que le realizaron las pericias a las denunciantes fueron contundentes, se registró el daño causado por lo denunciado sin ser mendaces ni contender fabulación. Una de las damnificados, L.B.S., sufrió un profundo daño psicológico al punto tal que se bloqueó y estuvo sumergida en un universo de angustia muy profundo.

Según manifestó la fiscal Sodero Calvet, de muy buen desempeño en la causa, el imputado previo a hacerse las pericias psicológicas habría estado averiguando con profesionales particulares asesoramiento.

Las irregularidades ventiladas

No pocas fueron las irregularidades que se ventilaron en el juicio como la falta de información en la planilla prontuarial del contador Córdoba, según se dijo en una de las audiencias desde el Juzgado de Garantías 2 nunca asentaron la denuncia por abuso sexual de dos de las damnificadas.

Cuando la querella solicitó se actualizara dicha planilla prontuarial desde la Sala I del Tribunal de Juicio se lo requirieron al Juzgado de Garantías quien nunca emitió la información.

En ese sentido, actualmente el prontuario del profesional de los números cuenta con la condena por dos abusos sexuales contra dos mujeres, sin embargo no figuran las denuncias en su contra de otras dos presuntas damnificadas: S.P. y T.G.

También se ventiló en las audiencias que miembros de la fuerza policial en la localidad de Güemes filtraban información de las denunciantes que luego llegaba a manos del ahora condenado, Marcelo Córdoba.

Otra grave irregularidad que incluso podría derivar en una nueva investigación fue el aparente mal manejo del teléfono celular del imputado donde se habría borrado información importante en la causa.

El teléfono celular fue secuestrado el 15 de diciembre de 2022, se perito recién el 19 de abril de este año, y según se sostuvo en la causa el aparato estuvo hasta el 17 de abril de 2024 en movimiento, es decir se habrían borrado ubicaciones durante el tiempo que estuvo secuestrado. Había 41 ubicaciones que se borraron desde el secuestro hasta las pericias, una de ellas la de Torzalito, en julio de 2022, donde ocurrió el hecho denunciado por L.B.S.