Mientras en el Senado de la Nación sigue sin tratarse la ley bases, el Gobierno nacional recibió anoche un duro golpe. Es que luego de negociaciones los distintos bloques opositores aprobaron un proyecto común para instrumentar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria distinta a la que impuso el presidente Javier Milei a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024 que dictó en marzo pasado

La votación finalizó 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones. Hubo más de trece horas de debate, en medio de chicanas entre todos los sectores y una férrea oposición de los libertarios.

La iniciativa también incluye una recomposición de ocho puntos de los haberes jubilatorios por el pico inflacionario que se registró en enero pasado, que trepó al 20,6%; el Gobierno solo reconoció el 12,5% en aquel DNU.

El oficialismo y sus aliados de PRO rechazaron la iniciativa opositora porque, a su juicio, impactará negativamente en el equilibrio fiscal que el Gobierno procura preservar. Los opositores, en cambio, retrucaron que buena parte del superávit fiscal que ostenta la gestión libertaria se alcanzó merced a la licuación que sufrieron las jubilaciones y pensiones por efecto de la inflación y exaltaron que su propuesta es "fiscalmente responsable". Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), esta iniciativa tendría un impacto fiscal del 0,43% del PBI.

Asimismo, la OPC informó que, al cierre del primer cuatrimestre, los haberes jubilatorios tuvieron una caída del 28,5% interanual en términos reales al cierre del primer cuatrimestre 2024. Las jubilaciones que superan el haber mínimo tuvieron una caída del 37%.

Este fuerte deterioro del poder adquisitivo de los ingresos de los jubilados y pensionados motivó a que la oposición dialoguista -encarnada por la UCR e Innovación Federal- unieran filas con el kirchnerismo para consensuar una ofensiva común. Acordaron, en primer lugar, adicionar un 8% de recomposición a los haberes jubilatorios por efecto de la inflación por enero pasado. Además, diseñaron una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que combina el índice de inflación con la variable salarial (RIPTE).

En efecto, proponen que los ingresos se actualicen mensualmente por inflación (en sintonía con el DNU presidencial) e incluyen una cláusula para que se instrumente un aumento adicional en marzo de cada año de acuerdo al índice de salarios Ripte. Si este indicador es mayor al índice de inflación, se trasladaría a las prestaciones un alza equivalente al 50% de la diferencia. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado.

Los opositores también coincidieron en que la ley debería garantizar un piso del haber mínimo jubilatorio, el cual no debe ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor, que actualmente es de $250.286 mensuales. El kirchnerismo y los dialoguistas fijaron como parámetro el valor de 1,09 canasta básica.