El flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó una serie de reuniones con gobernadores patagónicos y el de Córdoba con la intención de destrabar las negociaciones para conquistar los apoyos necesarios en el Senado para la Ley Bases. 

En este sentido, Salta no figuró en la agenda y por ahora no es incluida dentro de estas negociaciones, mientras el gobernador Gustavo Sáenz no para de insistir con los fondos que la provincia dejó de recibir para la obra pública.

En los últimos días, el mandatario salteño inició una ronda de encuentros con diferentes personalidades de la provincia, como legisladores, gremialistas y empresarios, para realizar el "Pacto de Güemes", por el cual se dirigirá nuevamente al Gobierno nacional para gestionar esas "obras prioritarias".

En el documento firmado se detallan las obras que estaban iniciadas y que la nueva gestión nacional dejó de financiar. Se tratan de por lo menos unas 70 obras, por la que Nación le debe a Salta unos 120 millones de dólares por esos trabajos que dejó paralizados.

El encuentro con Llaryora

En primer lugar, Francos recibió en su despacho al cordobés Martín Llaryora, quien llegó a Casa Rosada con una serie de reclamos por la situación de la obra pública en su provincia. Al término, hizo su ingreso el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y cerró la tarde con la visita del neuquino, Rolando Figueroa.  

Con los últimos dos, Francos acordó el traspaso de obras públicas en ejecución que quedaron paralizadas para que ellos puedan finalizarlas, y se sumaron así a los convenios celebrados por el mismo tema con las provincias de Entre Ríos, Jujuy y Chaco. 

Tras su ascenso a jefe de ministros, Francos continúa a la cabeza de la búsqueda de acuerdos para la media sanción en el Senado del proyecto de ley y el paquete fiscal.

Por su parte, Llaryora insistió en el reclamo de avanzar con el traspaso de obras públicas nacionales, actualmente paralizadas, con el objetivo de completarlas desde el Gobierno provincial. Se trata de un pedido transversal que une a los mandatarios provinciales a pesar de sus diferencias ideológicas. 

En el caso del cordobés no se firmó un convenio al respecto, pero sí se habló del "futuro traspaso de obras públicas al Gobierno de Córdoba, así como a temáticas relacionadas con el desarrollo económico y productivo provincial", informó Jefatura de Gabinete en un comunicado.

Por la autopista San Francisco-Córdoba

En la previa a la visita, el gobernador anticipó que su prioridad es avanzar en la autopista San Francisco-Córdoba y en la autovía Holmberg-Río Cuarto.

Francos, hasta ahora, accedió a este reclamo de traspasar obras para que las provincias puedan finalizarlas sólo con cinco gobernadores, Torres, Figueroa y previamente con los aliados de Juntos por el Cambio: el de Jujuy, Carlos Sadir; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Chaco, Leandro Zdero.

"Acordamos distribuirnos responsabilidades respecto a la continuación de ciertas obras. Algunas continuarán a cargo del Gobierno nacional, mientras que otras lo harán bajo la órbita de las provincias", dijo Francos el lunes pasado tras recibir a esos tres mandatarios provinciales. 

La reunión con Chubut y Neuquén

Luego de Llaryora, el jefe de Gabinete se entrevistó con el chubutense Torres (de Juntos por el Cambio pero con una relación tensa con el presidente Javier Milei) y con el neuquino Figueroa (del Movimiento Popular Nequino).

"Con la celebración de estos acuerdos con Neuquén y Chubut, las provincias se comprometen a asumir la financiación o ejecución de las obras detalladas los convenios, entre las que se incluyen la construcción de hospitales y Centros de Desarrollo Infantil (CDI); la terminación de obras hídricas, de saneamiento y mejoramiento urbano; y de rutas y caminos, entre otras", detalló la Nación. 

Por el Impuesto a las ganancias

El nuevo proyecto y el paquete fiscal a aprobar en el Congreso abrieron una extensa negociación entre el Poder Ejecutivo y las provincias, con especial eje en el Impuesto a las Ganancias y el traspaso de obras con los que se está avanzando serviría para acercar posiciones y que la gestión libertaria obtenga su primer éxito legislativo desde su asunción. 

Las idas y vueltas derivaron en la decisión del oficialismo de ceder al pedido de los mandatarios patagónicos y declarar zona desfavorable a la región del sur. 

De conseguir las firmas necesarias para su aprobación, se restablecerá el 22% en el mínimo no imponible para los habitantes de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, y los pisos pasarán a $2.200.000 millones para solteros, y a $2.600.000 millones para casados con hijos.