Cumplida la primera etapa de la gestión del presidente Javier Milei, simbolizada por la demorada Ley Bases, la piedra refundacional y pieza maestra del proyecto político y económico libertario, se inicia una agenda parlamentaria necesariamente distinta.

En el plano legislativo, hay algunos proyectos en el horizonte cercano como la reforma electoral, la baja de la edad de imputabilidad y la ampliación de la Corte Suprema.

La primera versión de la Ley Bases presentada en diciembre pasado, que contenía más de 600 artículos, entre ellos la obligación para los jueces de utilizar toga negra y martillo, incorporaba entre otros capítulos una ambiciosa reforma electoral. La resistencia de las provincias y de los partidos políticos de la oposición a que ese fuera una tema debatido en el marco de una ley ómnibus hizo que ese fuera el primer capítulo amputado de la redacción de la norma.

La decisión del Poder Ejecutivo es reflotar la reforma electoral que, según murmuran las paredes del Palacio Legislativo, podría presentarse y empezar a tratarse en agosto.

Para que las modificaciones al Código Electoral pueda, implementarse en las elecciones del año que viene, la iniciativa tiene que sancionarse en ambas cámaras antes de diciembre, ya que en los años electorales no se pueden implementar reformas electorales con efecto inmediato.

La reforma electoral que tiene en mente el Poder Ejecutivo puede resumirse en: eliminación de las PASO, con el argumento de que el Estado no tiene que incidir ni volcar recursos públicos para financiar las internas de los partidos políticos, boleta única y listas abiertas para que los ciudadanos tengan mayor participación en la selección de los candidatos, y bajar la edad de votación a los 13 años, igualando el criterio con la edad de imputabilidad que está proponiendo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para los menores que delinquen.

La ampliación del número de ministros de la Corte es un tema recurrente. Ya lo había planteado el Gobierno anterior, que quiso llevarlo a 15.

Ahora el Gobierno de Milei quiere no solamente conseguir que se aprueben los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en el Senado, sino seguir agrandando el Tribunal Superior con el espíritu de sumar mujeres y darle a la Corte una impronta más federal.