Acceso web El Tribuno:
www.eltribuno.com
Contacto:
Editor: Pablo Juarez
E-mail: pjuarez@eltribuno.com.ar
Teléfono: +54 387 4246200
Por cualquier consulta administrativa o referida al sitio, puede escribirnos a: contactoweb@eltribuno.com.ar
Director: Sergio Romero
Telefono: +54 0810 888 2582
Razón Social: Horizontes On Line SA.
Registro de propiedad intelectual: 69686832Domicilio: Av. Ex. Combatientes de Malvinas 3890 - CP (A4412BYA) Salta, Argentina.
Como funcionario, Emilio Pérsico manejó fondos que habrían sido malversados.
El juez Casanello agravó la acusación en la causa por desvío de fondos estatales y extorsión a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. Le aplicó un embargo por $390 millones.
30 DE Julio 2024 - 01:27
El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue procesado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El juez federal Sebastián Casanello considera que tiene pruebas suficientes para sostener que el dirigente piquetero desvió fondos recibidos por la Asociación Polo Obrero en el marco del Plan Potenciar Trabajo y que los destinó, al menos en parte, a financiar política partidaria. A la vez, lo embargó por 390 millones de pesos.
La acusación llegó después de que el fiscal Gerardo Pollicita imputara a Emilio Pérsico, exfuncionario de Desarrollo Social, por haber sido parte de una "maquinaria de corrupción".
Según el juez, la administración fraudulenta se hizo mediante la presentación de facturas falsas y el uso de empresas fantasmas; sobre todo, Rumbos, que en teoría era proveedora de la Asociación Polo Obrero, pero en la práctica no tenía actividad real y no era más que una "caja partidaria" usada para "dibujar" gastos y canalizar fondos.
Casanello advirtió Rumbos no solo emitió facturas apócrifas sino que, además, su cuenta bancaria se usó para depositar recaudaciones de "cápitas", aportes obligatorios que debían hacer beneficiarios de los planes para no perder la ayuda estatal, de acuerdo con la investigación.
"Amenazas coactivas" es el otro delito que se investiga en este expediente. El juez consideró probado que la Asociación Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor -vinculada a ella-, que se habían comprometido a controlar el cumplimiento de las actividades que debían hacer los beneficiarios del Plan, no lo hacían porque lo que les exigían, en realidad, era que fueran a las marchas para no perder el plan.
Por eso, a juicio de Casanello, no solo existió un "desvío" de fondos, sino también un "aprovechamiento de la posición de poder" que tenían ambas organizaciones.
"El desvío de los fondos no fue inocente ni accidental, sino planificado y dirigido hacia una finalidad en particular: financiar la actividad político-partidaria de la agrupación", escribió el juez en alusión al Polo Obrero. Consideró que la mecánica ingeniada por los directivos de la asociación "les permitió aplicar de manera oculta los fondos asignados en el marco del Programa Potenciar Trabajo para solventar actividades de prensa, militancia y campaña electoral".
La causa se inició el 20 de diciembre de 2023 con una denuncia del Ministerio de Seguridad basada en llamadas anónimas recibidas en la línea telefónica 134 de supuestos beneficiarios del planes sociales que decían que los obligaban movilizarse. Hasta entonces el caso era por amenazas coactivas y extorsión, pero después se amplió. Cuando el juzgado analizó cómo funcionaba el Plan Potenciar Trabajo, dio con pruebas de una presunta defraudación al Estado.
El fiscal federal Gerardo Pollicita llamó a indagatoria a Emilio Pérsico, el exsecretario de Economía Social de lo que supo ser el Ministerio de Desarrollo Social en el marco de la causa en la que investigan el accionar del Polo Obrero.
A Pérsico se lo investiga por haber actuado en complicidad con Eduardo Belliboni para desviar fondos millonarios destinados a la ayuda social.
Para la fiscalía, existe "una matriz de corrupción" que operó desde principios de 2020 hasta finales 2023 por lo que se pidió la indagatoria de exfuncionarios de la exsecretaría a cargo de la asignación y el control de los fondos de asistencia social.
Según el fiscal, los funcionarios "actuaron en forma coordinada" con los dirigentes sociales. En el requerimiento de indagatoria, Pollicita señaló: "La prueba reunida permite afirmar que la conducta ilícita desplegada por los imputados no se trató de un engaño o una puesta en escena por parte de las autoridades del Polo Obrero frente a los funcionarios del exMinisterio de Desarrollo Social".
"Sino que, por el contrario, se ha podido acreditar la existencia de una matriz de corrupción en el por entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde marzo de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2023", añadió.