El 26 de marzo de 2002, un jubilado del barrio Autódromo, Delfín Olmos, se acercó a un periodista de El Tribuno en una movilización de deudores hipotecarios. Tras la crisis del corralito y el derrumbe de la convertibilidad, cientos de familias salteñas reclamaban en las calles porque un nuevo indexador, el CER, había tornado los créditos de sus viviendas casi impagables. "Parece que a ustedes, solo les interesan las víctimas de los bancos y a nosotros, que caímos en las garras de usureros particulares, que nos parta un rayo", increpó Olmos, envuelto en lágrimas e impotencia. Y no era para menos, ya que su techo estaba a punto de ser rematado y una jueza había ordenado el lanzamiento de su grupo familiar, a pesar de la suspensión que regía en esos momentos en los desalojos con alcance nacional.

Así empezó una larga investigación periodística que desentrañó a aceitadas redes de usura y las puso contra las cuerdas. Tras la publicación del informe inicial que sacó a luz la trama ilegal en la que había caído Olmos, otro jubilado, Juan Martín Royano, se comunicó desde el barrio Santa Victoria con la redacción de Limache. El, sin acceso a créditos bancarios y con un hijo en estado de salud delicado, también había caído en las garras de otra red de usura y su vivienda estaba a punto de terminar rematada.

Tras el dramático testimonio que ofreció en su casa, junto a su esposa, el 29 de marzo de 2002, incontables casos conexos comenzaron a salir a la superficie y en los siguientes meses tomaron cuerpo cerca de 350 causas judiciales en las que fiscales del Ministerio Público encontraron elementos más que suficientes para promover acciones penales por usura agravada, falsedad ideológica y asociación ilícita.

Los nombres de decenas de prestamistas, comisionistas, supuestos inversores e incluso algunos abogados y escribanos comenzaron a vislumbrarse en los expedientes como piezas de un mismo rompecabezas, junto a operatorias calcadas que, lejos de perseguir el fin de los créditos lícitos, estaban articuladas para esquilmar a familias de bajos ingresos y forzar -mediante apremios y sucesivas hipotecas- el remate de sus viviendas.

Con el paso de los años, los expedientes se fueron diluyendo en una Justicia que no siempre responde o llega tarde. Muchas causas se perdieron en los tortuosos caminos de los tribunales. Otras, por lentitud e inacción, terminaron declaradas prescritas y las acciones se extinguieron como la esperanza de cientos de familias humildes que terminaron vilmente despojadas de sus techos.

Entre los expedientes que quedaron en pie, uno se convirtió en la causa testigo contra la usura y marcó un antes y un después. A fuerza de un peregrinar inclaudicable de 13 años por los laberínticos pasillos de los tribunales, Royano y su esposa lograron contra vientos y mareas imponer la verdad.

El apellido del jubilado del barrio Santa Victoria, desde el oeste de la capital salteña, se convirtió en un emblema de una lucha angustiosa y dispar contra redes usurarias que dejaron un verdadero tendal de familias humildes sin techo y de hogares consumidos por las culpas.

Solo la instrucción de esa causa insumió cuatro largos años, en los que el expediente pasó por las manos de tres jueces y llegó hasta la Corte de Justicia antes de ser elevado a juicio a fines de 2005.

Antes, con una lapidaria resolución dictada en 22 de marzo de 2004, la Sala I de la Cámara de Acusación había sentado con total claridad qué rasgos diferencian a los créditos lícitos de aquellos que son punibles con cárcel. Hoy la Justicia tiene sentada esa jurisprudencia sobre las operatorias enmascaradas tras escrituras que no reflejan la realidad. Las condenas dictadas contra una escribana y un prestamista en la causa testigo a reafirmaron aquellos rasgos ilícitos.

Royano pudo salvar su techo familiar, pero sus ojos siguen humedecidos de impotencia, como en aquella primera entrevista en su casa, 22 años atrás, porque otros quedaron en la calle y partieron, como Delfín Olmos, sin ver justicia.