En la madrugada de 26 de enero de 2020 un funcionario provincial que se dirigía al chaco salteño se cruzó con camiones cargados con caños. Era Adrián Zigarán, entonces secretario de Participación Ciudadana de Salta. Su aviso terminó poco después con dos equipos de transporte demorados en el puesto de Gendarmería de Aguaray. La tierra colorada y el diámetro de los tubos hacía sospechar que habían sido extraídos del Gasoducto del NEA (GNEA), una obra de interconexión regional que tenía los trabajos paralizados desde diciembre de 2015. Los choferes acreditaron la carga con una resolución que había dictado el intendente Jorge Prado y que facultaba a una empresa mendocina a retirar de la jurisdicción de Aguaray esos caños de ENARSA que en la disposición municipal habían sido encuadrados como pasivo ambiental contaminante. De esa forma, aquellos y otros camiones atravesaron los controles camineros de medio país bajo un paraguas de aparente legalidad.

Con esos antecedentes, El Tribuno inició entonces una amplia investigación periodística que desnudó los alcances de un millonario fraude que luego se definiría en medios de prensa nacionales y en el propio recinto legislativo de la Provincia como el "robo del siglo".

El 10 de mayo de 2020, en uno de los tantos informes publicados, este diario reveló los antecedentes que actores implicados en la maniobra tenían en causas impunes por saqueos consumados en tendidos hidrocarburíferos de Chubut, La Pampa, Mendoza, La Rioja y Catamarca. Describió, además, su relación con empresas chatarreras del conurbano bonaerense que reducían los tubos robados como supuesto material en desuso. Con respecto al destino de los caños del GNEA, también precisó que los tubos acerados de 24 pulgadas por los que Estado Nacional había pagado 5.000 dólares por unidad a la empresa Tenaris (grupo Techint), se vendían a $197.000 ($15.367 el metro con IVA incluido) para ser convertidos en comederos y bebederos de hacienda, usados en obras de alcantarillado, cruces de rutas, conducciones de riego y otros proyectos de ingeniería.

El 16 de agosto de 2020, en un nuevo capítulo del insólito desmantelamiento del GNEA, El Tribuno reveló que tras huir el 18 de abril, luego de allanamientos en los que Gendarmería había secuestrado 128 tubos en predios de dos empresas de esa localidad norteña, la banda comandada por el mendocino Adrián Vera había empezado a saquear caños del GNEA en la zona de El Chorro (Formosa). En ese informe, y frente a la inacción de fuerzas y jueces federales de la vecina provincia, este diario publicó una foto en la que pudo verse maquinaria y un colectivo de la línea 620 de La Matanza (en el que se movilizaba la cuadrilla de saqueadores) a resguardo de la propio destacamento policial del lugar.

Tiempo después Vera fue detenido en Buenos Aires, junto a cinco cómplices, mientras desmantelaba otro gasoducto entre las localidades de Cañuelas y San Vicente. El mendocino, pieza clave del saqueo del GNEA, cayó en el mismo sitio donde días antes El Tribuno lo había mostrado con un soplete en la mano y una camioneta robada en Salta. Esa foto, que el propio Vera había subido a una red social para mostrarse como "un intocable", terminó siendo clave para ponerlo tras las rejas luego de una larga carrera delictiva favorecida con toda clase de complicidades.

Prado terminó destituido y el Municipio de Aguaray, intervenido en octubre de 2020. En diciembre de 2021 la Justicia Federal de Salta condenó al exintendente a seis años y medio de prisión e inhabilitación absoluta. Vera y empresarios del norte salteño, Mendoza y Buenos Aires implicados en el saqueo del GNEA recibieron penas de menor cuantía.