A la par de los trenes que corrían en el norte salteño por ramales como el C25 (entre Embarcación y Formosa) y C15 (entre Perico y Salvador Mazza) crecieron muchos pueblos que no solo extrañan aquellos servicios que los integraban, movían su producción y apuntalaban su economía. Hoy también ven indignados cómo se saquea y desmantela la infraestructura que quedó en pie tras el ocaso ferroviario de los noventa. Si entonces "ramal que para, ramal que cierra" fue la sentencia política que borró del chaco salteño a los trenes de pasajeros y cargas, ahora "obra que abandona el Estado, obra saqueada" parece ser la regla fáctica que corona el decadente ciclo del Ferrocarril Belgrano reduciendo sus vías a chatarra de contrabando que cruza a Bolivia para terminar fundida por 190 dólares la tonelada.

En 2020 cientos de caños que el Estado Nacional había adquirido para el Gasoducto del NEA (GNEA), a 5.000 dólares la unidad, terminaron convertidos bajo las mismas reglas vandálicas en comederos de vacas de $197.000. También entonces hubo tubos acerados de 24 pulgadas de diámetro y tres toneladas de peso que se filtraron hacia Bolivia, aunque la mayoría atravesó los controles camineros de cinco provincias, con toda clase de complicidades, vistas gordas y documentación fraguada. El municipio de Aguaray terminó intervenido y su intendente, Jorge Prado, destituido y condenado en 2021 junto a empresarios implicados. Ese descomunal saqueo, si embargo, también sentenció a 4 millones de argentinos a seguir costeando onerosas garrafas en Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes en espera de recibir gas de Vaca Muerta desde el norte de Santa Fe. Así, una inconclusa obra de interconexión regional que le había costado al bolsillo de los argentinos más de 2.000 millones de dólares, quedó relegada en el norte del país a la condición de un florero.

Con las líneas ferroviarias que están desmanteladas en el norte provincial todos los ribetes del saqueo del GNEA brillan con pasmosa similitud.

En los últimos años hubo decenas de procedimientos en los que destacamentos policiales de Rivadavia, San Martín y Orán secuestraron kilómetros de rieles de los ramales C25 y C15, sopletes, amoladoras, grupos generadores, herramientas especiales, camiones y camionetas. Se abrieron en el fuero federal innumerables causas con personas detenidas. Pero, ¿cómo pudo suceder que frente a semejante logística desplegada no se haya podido actuar antes de que las vías fueran removidas de las líneas, cortadas en segmentos de tres metros, cargadas en camiones y cruzadas a Bolivia? ¿Cuántos equipos de transporte cargados con rieles atravesaron la frontera? ¿Cómo? ¿Por dónde?

Con distintas fuentes, El Tribuno reunió evidencias de la oscura trama que en Rivadavia Banda Norte tiene por estos días a algunas comunidades originarias apuntadas y a otras preocupadas por esas acusaciones que incluyen documentación fraguada que una red transnacional de contrabando esgrime como paraguas legal.

Fincas fronterizas

En un informe publicado el pasado 15 de julio, este diario advirtió que la ocupación irregular de la frontera norte es aprovechada por narcos y contrabandistas, en abierta violación a la ley 14.027, una norma con plena vigencia.

Los 98 kilómetros de frontera que separan a Salvador Mazza de Yacuiba, con una quebrada seca de pocos metros, están ocupados por fincas, galpones y viviendas donde la presencia de gendarmes, policías federales y agentes aduaneros está impedida con candados y obstaculizada por otras normas que restringen los allanamientos. Así, por esos cien kilómetros, personas, mercaderías de contrabando, vehículos robados, armas, dinero del lavado y ladrillos de cocaína trasponen la permeable línea internacional fuera del alcance de los controles aduaneros, migratorios y de seguridad, circulares policiales, órdenes de detención y alertas rojas de Interpol.

Por esa grieta, con la que el clan Castedo llegó a ejercer un dominio absoluto de 40 kilómetros de línea fronteriza con las fincas El Pajeal y el Aybal, en la zona de Madrejones, son cruzados a Bolivia los rieles saqueados en los ramales de San Martín y Rivadavia.

En Aguas Blancas

El cargamento de 35 toneladas de rieles (1.720 metros lineales cortados en segmentos) que interceptaron motoristas de la Policía de Salta el pasado 15 de junio, en la ciudad de Orán, prendió otra luz de alerta sobre el contrabando de piezas ferroviarias que se canaliza por el frente fronterizo de Aguas Blancas con Bermejo (Tarija). Otro operativo en el que efectivos del Area Naval 3 de Bermejo secuestraron 22 toneladas de vías que habían sido cruzadas a Bolivia, en gomones, había sido el primer llamado de atención el 12 de marzo último.

Diez años

Los saqueos de vías en el ramal C15 tienen en el frente fronterizo del departamento San Martín antecedentes que se remontan hasta 2014. Ese año la Fiscalía Penal de Salvador Mazza, a cargo de Armando Cazón, giró al fuero federal actuaciones en las que policías intervinieron ante robos flagrantes de vías de la línea del Ferrocarril Belgrano que se extienden desde Perico (Jujuy) hasta Pocitos, en la frontera con Bolivia.

Hay mucha preocupación en una comunidad chané   

En la zona de Campo Durán, punto en el que se desprende de la ruta nacional 34 hacia Santa Victoria Este la ruta provincial 54, reina la preocupación en la comunidad chané. El temor embarga también a la docencia de la escuela de El Algarrobal, sobre todo por la seguridad de los niños y niñas que alberga ese establecimiento educativo en sus aulas, porque en las noches inhóspitos caminos vecinales tienen intensos e inusuales movimientos vehiculares.

Días atrás la Directora Nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centro de Monitoreo, Virginia Cornejo, recibió la preocupación de la comunidad chané y docentes, acompañada por funcionarios de Gendarmería. En el departamento San Martín, la funcionaria mantuvo otras reuniones en las que la ocupación irregular de la frontera, el estado del Sistema de Vigilancia Integrada y el desmantelamiento de los ramales ferroviarios ocuparon buena parte de la agenda.

En esos encuentros, en relación con los rieles, distintas fuentes le informaron a Cornejo que "vienen equipos de cortadores y acarreadores de Bolivia" a desguazar vías en el chaco salteño. También le manifestaron que "de cada 50 camiones que cargan con vías y otras piezas ferroviarias no se detiene ni el 20%" en su tránsito hacia la frontera.Todo esto fue confirmado a El Tribuno por la propia funcionaria de la cartera de Seguridad de la Nación, quien hizo notar, además, que el robo "no solo es de rieles, sino también de material rodante (bogies) y durmientes".

Fuentes de inteligencia transfronteriza señalaron a una planta siderúrgica instalada en el vecino país como destino de los componentes metálicos que en los últimos meses tuvieron al ramal C25 como foco principal de saqueos en el área de Pluma de Pato, Dragones, Morillo y Padre Lozano.

"La fiscalía federal actuante es la de Tartagal y en nuestro caso, desde el Ministerio, estamos trabajando para fortalecer la vigilancia y definir políticas de control en tierras privadas en todo el frente de frontera. Los usos y costumbres son con intervención del sistema judicial", aclaró Cornejo, tras insistir en que hay leyes que confieren libertad de acción a las fuerzas federales. Hizo una referencia puntual a la ley 14.027, por la que propietarios y ocupantes de tierras limítrofes a las fronteras de la Nación están "obligados a permitir a la Policía Federal y Gendarmería Nacional el franco acceso a los puntos de comunicación internacional y su libre desplazamiento a lo largo de la línea divisoria". Cornejo recordó que, por la citada norma de orden público, también están obligados a "consentir la instalación de los destacamentos que las autoridades consideren indispensables para la vigilancia de los pasos no habilitados", como así a "denunciar inmediatamente cualquier movimiento de personas o mercancías" en las tierras que poseen u ocupan en la zona de seguridad fronteriza.

Campo Durán: línea caliente

La presencia de Cornejo junto a funcionarios de Gendarmería en la zona de Campo Durán concordó con denuncias que señalan a caminos vecinales que se proyectan desde la ruta provincial 54 hacia la frontera como "línea caliente" en la que habría establecidos hasta "cobros de peaje" por el uso de pasos ilegales.

"También visitamos la escuela de El Algarrobal, donde la docencia y toda la comunidad chané están atemorizadas por la cantidad de vehículos que circulan en horas de la noche", puntualizó Cornejo. "Estamos trabajando fuertemente para equipar a Gendarmería y en una mesa operativa que reúne a diferentes fuerzas de seguridad para revertir esta situación. El objetivo no es otro que aplicar todo el peso de la ley para desterrar la idea de que en nuestras fronteras todo vale", afirmó la funcionaria. En este punto, confirmó que el próximo martes distintas áreas de las carteras nacional y provincial de Seguridad mantendrán la segunda reunión de la mesa de coordinación operativa que se conformó para avanzar en los protocolos de intervenciones conjuntas en procedimientos contra el contrabando, narcotráfico y otros delitos.