El Procurador General, Pedro García Castiella, dictaminó que la Corte de Justicia de Salta resulta competente para tramitar y resolver la acción constitucional interpuesta por el presidente del Comité Provincial para la Prevención de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes de Salta, referida a las condiciones en que se encuentran más de 800 detenidos en numerosas comisarías de la provincia.

Destaca la responsabilidad del Estado provincial y de cada uno de los ministerios involucrados en las políticas públicas correspondientes, que se deben ejecutar en el estricto marco de los Derechos Humanos y los compromisos internacionales.

Hace tres semanas, el Comité había presentado a la Corte un recurso de Habeas Corpus en el que daba a conocer un escenario estremecedor, registrado por el organismo en sus recorridas por las cárceles de la provincia, a lo largo de más un año.

La superpoblación del sistema carcelario provincial, no resuelta y cada vez más grave, provoca que muchos detenidos, imputados y procesados, incluso, algunos con condenas muy pesadas, sean alojados en las celdas de los destacamentos policiales, cuya finalidad es solo el confinamiento transitorio de esas personas.

Allí, las personas son hacinadas sin las mínimas condiciones de higiene, camas ni alimento garantizado.

En el escrito, el comité presidido por Rodrigo Sebastián Solá, denuncia "condiciones deplorables de detención que las tornan inhumanas y mortificantes convirtiendo en 'ilegítimas' dichas privaciones de la libertad". También destaca "que se violan los estándares mínimos para el trato de personas privadas de su libertad, configurando supuestos de penas crueles, inhumanas y degradantes, y generando responsabilidad internacional del Estado".

En el Hábeas Corpus Colectivo Correctivo, el comité solicita a la Corte que tome las decisiones que corresponden para que esta situación, violatoria de la dignidad humana, sea resuelta.

El recurso fue firmado por Rodrigo Sebastián Solá, en su carácter de presidente del Comité Provincial, con la asesoría legal de Tania Nieves Kiriaco. El organismo está integrado, además, por el vicepresidente, Ramón Rosa Corregidor; y de los vocales Cristina del Valle Cobos y Andrés Giordamachi. María José Castillo es la secretaría ejecutiva.

Las visitas de monitoreo fueron realizadas en las comisarías 3 y 4, y el Cuerpo Policial Femenino de Tartagal, Nro.1 de Pichanal, Nro. 1 de Embarcación, Nro.1 de Rosario de la Frontera, Nro. 1 de Metán, Cuerpo Policial Femenino de Metán, Comisarías Nro. 1, 3 y 4 de Orán, Subcomisaría Nro. 9 y Brigada de Investigación de Orán, y Comisaría 2 de Colonia Santa Rosa.

En los fundamentos, el dictamen de García Castiella destaca el comité solicita a la Corte "ordene la reparación de la situación lesiva que se describe" y que se tomen medidas para que en el futuro se evite su reiteración.

También pone de relieve el reclamo de inhabilitación y clausura como lugares de alojamiento de personas privadas de la libertad de las Comisaría Nro. 3 y 4 DUR 4 de Tartagal y el traslado inmediato o a centros penitenciarios los detenidos con prisión preventiva y condenados alojados en dependencias policiales.

Además, menciona la conformación de una mesa de coordinación e implementación de las medidas emergentes de la acción interpuesta, integrada por los tres poderes del Estado y el Comité Provincial contra la Tortura de Salta.

El procurador general invoca como jurisprudencia fallos de la misma Corte salteña sobre la responsabilidad del Estado provincial y los municipios, frente a amparos como el presentado en 2009, tras el alud que arrasó a Tartagal, solicitando que se declarara zona de desastre en la ciudad, la emergencia sanitaria del departamento San Martín y la emergencia ambiental. Otro pronunciamiento similar emitió la Corte en 2012, referido a las políticas públicas relativas a la protección de los bosques nativos; y en 2014, en un recurso constitucional a favor de los derechos de las comunidades indígenas.

Abarca a todos los ministerios

Con respecto a la crisis carcelaria que vive Salta, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, considera que las condiciones de habitabilidad de dependencias policiales, de aumentar la capacidad de alojamiento de los centros penitenciarios, de gestionar la prestación de servicios de alimentación, asistencia médica e higiene alcanzan las competencias de los ministerios de Seguridad y Justicia, de Economía y Servicios Públicos, de Infraestructura y de Salud Pública. Al convalidar el pedido de competencia de la Corte salteña, García Castiella destaca "el impacto de la demanda sobre la política penitenciaria y policial de toda la provincia".