Lo que ocurre en Venezuela constituye un punto de inflexión en el escenario político de América Latina. Sea cual fuere el todavía incierto final de los acontecimientos en curso, el régimen de Nicolás Maduro presenta síntomas inequívocos de agotamiento. El desconocimiento de su derrota en las elecciones presidenciales y la consiguiente oleada de manifestaciones populares de repudio en Caracas y en las principales ciudades del país implicaron un durísimo golpe que lo colocó en una situación de extrema fragilidad interna e internacional.

En medio de ese convulsionado panorama cabe empero una certeza: Venezuela ya no volverá a ser lo que fue hasta el 28 de julio pasado. Con un agregado preventivo: esta novedad no representa en sí misma una buena noticia. La crisis del régimen tiene dos salidas posibles: una difícil y cada vez más problemática solución negociada para acordar una etapa de transición hacia el restablecimiento de la democracia o un endurecimiento represivo con millares de víctimas que multiplicaría el número de siete millones de venezolanos que huyeron de su país en los últimos años. La dilucidación de ese enigma surgirá de la evolución de la relación de fuerzas en lo que a esta altura ya puede caracterizarse sin eufemismos como el campo de batalla.

A favor de la alternativa democrática juega un hecho inédito. Por primera vez desde 1998, fecha de asunción de Hugo Chávez a la presidencia, la oposición encontró en María Corina Machado un liderazgo capaz de encolumnar a la totalidad de sus dispersas y dispares expresiones. En las elecciones internas de la alianza opositora celebradas en octubre de 2023, en la que participaron residentes en el exterior y votaron 2.300.000 venezolanos, Machado cosechó el 93% de los votos.

Una expresión elocuente de la potencia de ese liderazgo que acaba de recibir una contundente ratificación en las urnas es que cuando Machado fue inhabilitada legalmente por la justicia electoral y ante la imposibilidad de presentarse, estuvo en condiciones de designar como sustituto a Edmundo González Urrutia, un diplomático de 74 años cuya nominación fue aceptada por los otros eventuales postulantes, para luego ponerse personalmente al hombro la campaña proselitista de su candidato hasta llevarlo a la victoria. Con un perfil más contemporizador y políticamente "centrista" que Machado, González Urrutia tiene las condiciones apropiadas para encabezar un gobierno de transición democrática.

Una estrella ascendente

Machado, con sus 56 años, es una veterana luchadora "antichavista". En enero de 2012, siendo diputada, tuvo un intercambio en el Congreso con Chávez, quien irónicamente la bautizó como "la burguesita de la fina estampa" y la desafió a que "gane las primarias porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Águila no caza ratones". Diez años más tarde Chávez, fallecido en 2013, ya no estaba pero ella le hizo caso y subió al ruedo para competir con Maduro y terminar con el "chavismo".

La "Dama de Hierro", como la definieron sus partidarios, se diferencia de la dirigencia política que precedió al advenimiento de Chávez en 1998 y hoy mayoritariamente está refugiada en Miami. Hija del acaudalado empresario del acero Enrique Machado Zuloaga, uno de los propietarios de la empresa siderúrgica Sidetur, expropiada por Chávez, es ingeniera industrial (primera en su promoción en la Universidad Católica Andrés Bello) y docente universitaria. Tuvo también una destacada participación en organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Capítulo Venezolano del Foro Internacional de la Mujer, la Red de Jóvenes Líderes Globales y el grupo ASHOKA de emprendedores sociales.

Junto a su madre, la psicóloga Corina Parisca Pérez, Machado desarrolla una intensa acción social que es motivo de reconocimiento público. Fue cofundadora de la Fundación Atenea para el cuidado de niños huérfanos y jóvenes abandonados y de Organización Oportunitas para la asistencia a niños de hogares de extrema pobreza.

Su protagonismo político empezó en 2002 como fundadora de SUMATE, una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos ciudadanos. En 2004, amparada en una cláusula constitucional, promovió la convocatoria a un referéndum revocatorio y recolectó 2.800.000 firmas, que equivalían a una cuarta parte del padrón electoral. En represalia, la Fiscalía General de la República la procesó por recibir financiamiento de una fundación estadounidense.

En febrero de 2010 Machado renunció a la presidencia de SUMATE para presentarse como candidata para la Asamblea Nacional de Venezuela y fue la diputada electa con más votos en las elecciones de septiembre de ese año.

En 2012 fundó el partido Vente Venezuela, una expresión idiomática que podría traducirse como "Ven, Venezuela", para postularse como candidata en las elecciones primarias de la Mesa de Unidad, la anterior denominación de la alianza antigubernamental, en la que resultó ganador Henrique Capriles Radonski, un opositor moderado.

La beligerancia de Machado provocó que en 2014 la mayoría oficialista en el Congreso aprobara su destitución como diputada. Inhabilitada judicialmente y con prohibición de viajar al exterior, donde residen sus tres hijos, no cesó empero en su militancia opositora. Impedida de viajar en avión, recorrió el país en automóvil. Sus giras estuvieron signadas por frecuentes escándalos públicos cuando los retenes policiales pretendían interrumpir su paso en incidentes que incrementaron su popularidad.

El capitalismo popular

El programa de Machado está basado en la plataforma que presentó en esas elecciones primarias de 2012 de la Mesa de Unidad. Su consigna de "capitalismo popular" resume su agenda de gobierno. Explica que "el capitalismo popular pone en el centro al individuo y a la familia, no al Estado". Proclama asimismo que "le dará a la gente el poder y la propiedad". Si bien reconoce que el término de "capitalismo popular" adquirió patente en Gran Bretaña con Margaret Thatcher, la "Dama de Hierro" originaria, aclara que "la Venezuela de hoy es muy distinta a la Gran Bretaña de entonces".

Machado denuncia a los" vividores del Estado", un concepto amplio que incluye desde la "boli-burguesía" venezolana, un reducido grupo de empresarios que lucra con el "capitalismo de amigos" gerenciado por Maduro, hasta los burócratas estatales y los beneficiarios de las prácticas asistencialistas con que el régimen trata de compensar en los sectores populares las consecuencias de sus fracasos económicos y consolidar su hegemonía política.

Para esa franja de la sociedad, Machado plantea la eliminación de la "limosna humillante" y la generación de fuentes de trabajo genuino. A tal efecto, preconiza la prioridad de la iniciativa privada, el aliento a las inversiones, la eliminación de las regulaciones burocráticas y una fuerte reducción impositiva acompañada de un drástico achicamiento del aparato del Estado. Postula la privatización de las empresas públicas, incluida PDVSA, la compañía petrolera estatal, una "vaca sagrada" de la política venezolana a la que la actual administración llevó virtualmente a la ruina.

Machado, que cultiva lazos con el Partido Republicano estadounidense, se autodefine ideológicamente como "liberal de centro". Su partido integra la Red Liberal de América Latina. En su lanzamiento recalcó que el suyo es el único partido "no socialista" del espectro político venezolano, rasgo que lo distingue de otras fuerzas opositoras de tinte socialdemócrata. No obstante, busca eludir el mote de derechista. Defiende el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto en casos de violación, la legalización de la marihuana medicinal y la eutanasia en casos extremos.

Su convocatoria a la movilización contra el régimen de Maduro, basada en una estrategia que definió como de "no violencia activa", una consigna que evoca la prédica de Mahatma Ghandi en la lucha por la independencia de la India, encontró un eco que parecía olvidado en un clima de opinión pública que mezclaba el miedo con la desesperanza. Las manifestaciones callejeras alcanzaron la masividad del célebre "caracazo" de 1989 pero se diferencian de aquél precisamente por un carácter pacífico, que contrasta con la violencia gubernamental.

Si algo faltaba para reforzar la legitimidad de las protestas, la Iglesia venezolana, a través de los cardenales Baltazar Porras y Diego Padrón, acaba de hacerlo con una declaración que en atención a las circunstancias, es impensable que no haya sido previamente consultada con el Papa Francisco. El mensaje afirma que "es previsible que el gobierno, en señal de pretendida legitimidad y seguridad y buscando "jugar adelantado" convoque a "diálogos", a comenzar por las iglesias y confesiones religiosas, bajo la premisa de reconocer la proclamación de los resultados por el Consejo Nacional Electoral y sobre todo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Eso para nosotros es inadmisible porque sería ignorar el fraude evidente, la usurpación manifiesta, desconocer la soberanía popular inequívocamente expresada y el consecuente derecho a expresar pacífica pero decidida y firmemente la legítima protesta".

Mayor apoyo es imposible pedir.