El hilo conductor es el narcotráfico; no cabe la menor duda de ello. Los escándalos que se repiten con asombrosa frecuencia y que dejan expuestos, de manera casi infantil, los vínculos entre magistrados, narcotraficantes e intermediarios, han llegado a un punto donde se hace necesario un análisis en profundidad, no ya sobre casos aislados, sino sobre un fenómeno que afecta en su conjunto a la Justicia en Salta.

Solo por recordar, el caso del exjuez de Instrucción de Orán, Edgardo Laurenci, quien dejó escapar a un sicario vinculado al crimen narco de Liliana Ledesma, enfrentaba un jury de enjuiciamiento por este escándalo, pero fue premiado con una jubilación de privilegio que le marcó un "cierre exitoso" para su carrera judicial. Esto ocurrió con su renuncia a fines de marzo de este año y todo el proceso y los recursos invertidos en la investigación, cayeron en saco roto.

El reciente caso del juez, también de Orán, Claudio Alejandro Parisi, magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 2, ahora sospechado junto a su secretario por otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria al líder de una banda de sicarios vinculada a los asaltos tipo comando en la frontera, es un elemento más que pone en tela de juicio el accionar de los magistrados, al margen de las implicancias que conlleva la conformación de otro jury de enjuiciamiento contra un juez provincial.

Pero pese a que las luces se prenden sobre la justicia local, el tema resulta transversal a los fueros, ya que el proceso contra el exjuez federal oranense, Raúl Reynoso, condenado con prisión efectiva a 13 años de cárcel y luego excarcelado, sigue sumando variantes y toma dimensiones mayores al avanzar en investigaciones paralelas que ahora también involucran al propio fiscal federal de Orán, José Luis Bruno. Se trata de la causa Reynoso en su cuarta etapa, en la que se constató que tanto el exmagistrado federal, como Bruno habrían recibidos sustanciosos pagos en dólares (US$150.000) por parte de narcotraficantes detenidos, a cambio de su liberación.

Sin retirar la mirada sobre la actuación de Laurenci y Parisi en el fuero provincial, se debe decir que ambos, desde sus áreas específicas (Instrucción y Garantías) conformaron el Tribunal que condenó en noviembre del año pasado a los hermanos Castedo a cadena perpetua por el crimen de Liliana Ledesma. El proceso estuvo plagado de demoras, dilaciones y denuncias contra el Tribunal, integrado también por el juez Raúl López.

En aquel momento, los cuestionamientos a la actuación de la Sala se manifestaron por parte de la Fiscalía que alegó parcialidad, debido a las restricciones que formularon los jueces para las preguntas a los acusados Castedo.

Las objeciones llegaron a un punto máximo cuando se supo que Laurenci (presidente del Tribunal) unos meses antes había autorizado una salida transitoria de Lino Moreno, un peligroso sicario que estaba acusado de ser justamente el autor material del crimen de Liliana Ledesma, en Salvador Mazza. Con esa autorización, que había sido desaconsejada por los fiscales, pero aprobada por Laurenci -en aquel momento como juez de Ejecución- el sicario Moreno se dio a la fuga. Fue el 18 de junio de 2023. Desde ese momento Laurenci demoró 53 días en solicitar el pedido de captura.

En el caso más reciente que involucra al juez Claudio Parisi, la Unidad Fiscal creada por la Procuración General, argumentó la elevación a juicio contra el magistrado a raíz de una investigación que determinó "un arreglo" entre las partes, con el fin de dictar una sentencia que beneficiara con el arresto domiciliario a José Dimas Ruiz, quien se encontraba privado de la libertad por disposición del propio juez Parisi en un expediente judicial relacionado con el multimillonario robo a la empresa Abra del Sol, donde hay varios detenidos e implicados en violentos crímenes mafiosos en la frontera.

Lo más sorprendente de todo esto es que será el juez Raúl López, el mismo que integró el cuestionado tribunal que condenó a los Castedo, quien deberá decidir sobre el pedido de elevación a juicio contra su colega Parisi, quien también integró aquel tribunal.

Pero todo esto no queda ahí, ya que este último proceso también podría tener otras derivaciones que salpicarían a otros magistrados del mismo distrito. "El tema está muy caliente y seguro habrá mas novedades" indicaron fuentes judiciales del norte de la provincia al ser consultadas por este medio.

Como en una espiral sin fin, los casos más resonantes vinculados a los crímenes del narcotráfico en esa región, recayeron una y otra vez en los mismos actores. Al parecer, el problema está Oran y esto lo advierten claramente las autoridades de la Justicia en Salta.

Los casos contra los jueces fueron impulsados por la Procuración con sendas tareas de fiscales que tuvieron que invertir valioso tiempo y recursos para investigar a los propios jueces, en una especie de práctica circular que se puede resumir en una justicia que termina investigando a sus propios actores, descuidando otros aspectos del valioso servicio a la comunidad.

Decir que el narcotráfico asedia a la justicia provincial y federal en Salta tal vez pueda resultar una exageración. Es entendible que los casos señalados no pueden generalizar un estado absoluto dentro del marco institucional del orden y las leyes, pero a la luz de los acontecimientos, se hace necesaria una visión honesta y superadora sobre la ya inocultable influencia del narcotráfico en la Justicia.

El foco de atención en el norte de la provincia

Con los últimos resonantes casos que se dieron en el distrito del norte, Orán se ha transformado en el centro de las miradas sobre el accionar de la Justicia en torno al narcotráfico.

En ese sentido, el comportamiento de los jueces y fiscales viene concentrando la atención de la opinión pública. Para el caso del ahora jubilado juez Laurenci y Claudio Parisi, hay que decir que fueron ternados por el anterior Consejo de la Magistratura, conformado durante la gestión del exgobernador Juan Manuel Urtubey.

Más allá de esa consideración, el desempeño de los jueces también tiene algún correlato con la actuación política en el departamento limítrofe con Bolivia y vinculado geográficamente con el vecino país a través de la localidad de Aguas Blancas, donde otro impactante caso tiene al intendente como protagonista. En abril pasado Carlos "Conejo" Martínez, fue allanado por la Policía de Salta en una causa que investiga el homicidio de su hermano; César "Oreja" Martínez, ligado al narcotráfico en la zona de frontera fue asesinado en noviembre de 2023, en la vía pública y cuando supuestamente cumplía una condena con arresto domiciliario.

Tiempo después Gendarmería detuvo a un camión de Bomberos Voluntarios de Aguas Blancas con 25 paquetes embalados con una cinta de color amarilla y el logo de un delfín. Se trataba de un cargamento de 314 kilos de cocaína.

 Órdenes sobre decisiones

Sobre el caso del crimen de "Oreja" Martinez, el juez Pablo Mariño hizo lugar a la presentación de la Fiscalía que solicitaba la ampliación de los allanamiento denegados por el Juez de Garantías. También dispuso el apartamiento del magistrado Francisco Oyarzú, al considerar que existen circunstancias de gravedad objetiva que atentan la imparcialidad.