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La fiscalía formalizó la acusación contra los once detenidos quienes podría enfrentar un mínimo de 6 años de prisión.
1 DE Septiembre 2024 - 17:59
La captura de once mochileros narcos y el secuestro de más de 200 kilos de cocaína en el paraje La Porcelana, en la localidad de Embarcación, fue prácticamente de película.
Los detalles del caso fueron formalizados por el fiscal federal Marcos Romero, a cargo de la Sede Descentralizada de Tartagal.
Romero junto al auxiliar fiscal, Rafael Lamas, llevaron adelante las diligencias del minuto cero del caso, el miércoles pasado a las 14.50, cuando la dotación de gendarmes recorría la zona de monte de La Porcelana, un sector donde ya se registraron procedimientos similares, pero no con la misma magnitud.
En la audiencia de formalización de la investigación, el viernes pasado, la jueza de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández controló la legalidad de la detención de los once acusados, en su mayoría, jornaleros residentes en las localidades de Embarcación, Pichanal.
Al momento de presentar la acusación, el fiscal Romero explicó que la patrulla de gendarmes, encabezada por el sargento Daniel Portillo junto a los cabos Rutilio Alcaraz, Bruno Rodríguez y Rodrigo Franco, se adentró en una senda montuosa en “La Porcelana”, donde decidieron permanecer ocultos entre la maleza.
A los pocos minutos vieron a una formación de mochileros que eran dirigidos por un hombre armado con una escopeta, este último marcaba el paso de la caravana narco. Sin ponerse al descubierto, los gendarmes esperaron hasta que pudieron dar aviso y pedir apoyo.
De inmediato se dispuso el refuerzo y recursos para atrapar a los mochileros. El primero en caer fue el líder, quien fue interceptado con una mochila y armado con una escopeta. Se trata de Ramón Saban, con residencia en Embarcación.
El resto de la cuadrilla, en tanto, había quedado atrás a la espera de que regresara e indicara el camino a seguir. Al verse con los gendarmes, Saban se mostró bastante nervioso y al intentar explicar qué hacía allí, sostuvo que había salido a cazar en solitario, pero su arma solo tenía un cartucho, siendo esa zona de gran variedad de animales.
A los pocos metros, dieron con el grupo de mochileros. “Alto Gendarmería”, fue el grito de los gendarmes que puso en fuga a todos. En la persecución, fue detenido Miguel Ángel Matorras, comerciante de Pichanal, quien afirmó que había salido a cazar con su tío y que este llevaba una escopeta, en referencia a Saban.
En el lugar, también se hallaron el resto de las mochilas con la carga de droga que transportaban, cuyo peso ascendió a 202 kilos de cocaína. Las mismas eran 12 y en 11 de ellas se hallaron paquetes de drogas. Además, todas eran uniformes con un color que se mimetizaba con las malezas.
La pesquisa continuó hasta el mediodía del día siguiente, cuando una patrulla interceptó una camioneta Ford Ranger que salía de una finca, en ese mismo paraje, por lo que le dieron la voz de alto. En la caja viajaba una sola persona, mientras que otras seis iban en la cabina.
Llamó la atención que el pasajero que iba en la caja tenía la cara con rasguños, además se identificó como Alberto Matorras, apellido similar al del segundo mochilero detenido. Los otros ocupantes del rodado, para evadir a los uniformados, explicaron que eran jornaleros y había terminado de trabajar. Sin embargo, cuando se les preguntó en qué finca y las tareas realizadas, no supieron dar precisiones por lo que todos fueron detenidos.
Los mismos fueron identificados como Marcelo Fernández, José y Elías Pereyra, César Aguirre, Rodrigo Ferreyra y Eliseo Gustamante. De todos ellos, solo tres pudieron presentar sus respectivos documentos de identidades, mientras que el resto no tenía manera de verificar sus datos personales. Asimismo, se procedió al secuestro de un revólver.
A partir de estos elementos de pruebas, la fiscalía formalizó la acusación contra los once detenidos por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, calificación que eleva la escala penal con un mínimo de 6 años de prisión.
Resaltó entre otros argumentos, la gravedad del hecho, la naturaleza de la acción, la logística desplegada para la comisión delictiva, la obligación del Estado Nacional de investigar a fondo los delitos de narcotráfico en razón de los compromisos a nivel internacional adquiridos por el país.
En ese marco, y dado que están latente los riesgos de fuga y de entorpecimiento del proceso, la fiscalía pidió con éxito la prisión preventiva de todos los acusados. La jueza federal compartió los fundamentos esgrimidos por la fiscalía, que ahora avanza con la investigación del caso en busca de determinar qué otras personas están involucradas en la cadena criminal.