El Senado aprobó anoche el proyecto que propone implementar la Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones nacionales, una iniciativa que había sido impulsada por el oficialismo y aliados y que deberá volver a la Cámara de Diputados para que se revisen los cambios aplicados.

La votación se definió por 39 votos afirmativos y 30 negativos, y en caso de convertirse en ley se implementaría desde las elecciones legislativas del año próximo. Pasada la medianoche, se trata la ley de financiamiento universitario y los fondos por la SIDE, un tema que el Gobierno quería evitar.

La BUP

El dictamen de mayoría que se aprobó ayer en el recinto había tenido el acompañamiento en la firma del 10 de enero último de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR y bloques federales, que fueron los que votaron a favor en el recinto, mientras el kirchnerismo y otros sectores habían impulsado uno de minoría.

Entre los cambios aplicados se quitó el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, lo que había sido uno de los reclamos de los partidos provinciales.

La recuperación legislativa del proyecto de BUP se dio en medio del intento del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por eliminar las PASO, una iniciativa que no tuvo consenso y que obligó al Gobierno a conformarse con la boleta única.

El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde 2022 y ahora volverá a ese cuerpo por los cambios aplicados durante el debate en Senado.

Según esta iniciativa, la Cámara Nacional Electoral (CNE) será la responsable de diseñar las BUP; mientras que las Juntas Electorales Nacionales serán las encargadas de adaptar la boleta a la oferta electoral de cada distrito.

En tanto, el Ministerio de Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE) es responsable de imprimir y distribuir las boletas.

Minutos antes del cierre de esta edición, el Senado comenzó a debatir el proyecto de aumento a las universidades nacionales aprobado en la Cámara de Diputados, que es rechazado por el oficialismo, con el argumento de que pone en riesgo el objetivo de alcanzar el superávit fiscal.

La propuesta opositora incrementa los recursos para las Universidades para garantizar su funcionamiento.

Ese aumento de los recursos para las universidades nacionales, que incluye un incremento para los docentes y no docentes, generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso. .