Una derrota política en el Senado de la Nación para el Gobierno nacional. La oposición en la Cámara alta aprobó esta noche el la ley que recompone el presupuesto de las universidades nacionales. La norma podría ser vetada por el presidente Javier Milei pese a que en abril último, una masiva marcha se manifestó en contra de la resistencia del Poder Ejecutivo de financiar las casas de altos estudios.

La iniciativa fue aprobada con 57 votos a favor, 11 negativos y una abstención. 

La Cámara Alta también aprobó los artículos 1°, 2°, 3°, 4 , 5°, 6°, 7°,8° y 9° en los que la ley declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el ejercicio 2024, con el objetivo de atenuar el impacto de los crecientes costos de bienes y servicios en los compromisos salariales y gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.

Se establece que el 85% de los recursos asignados se destinará a salarios, mientras que el 15% se utilizará para gastos generales, con una actualización bimestral basada en la inflación, la cotización del dólar y las tarifas de servicios públicos.

Además, se modifica el artículo 58 de la Ley N° 24.521 para que la distribución del aporte estatal a las universidades se realice en función de diversos criterios, como el número de estudiantes, egresados, áreas de formación y actividad científica, entre otros. La distribución de los recursos deberá ser pública y transparente, garantizando el acceso a la educación superior en todo el país, fomentando la calidad y la eficiencia en el uso de los fondos. También se prevé la adecuación del presupuesto prorrogado de las universidades al índice de inflación anual de 2023.

Finalmente, se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar ajustes presupuestarios para asegurar la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades, en línea con la emergencia declarada y los criterios de actualización previamente mencionados.

Según los defensores del proyecto, el costo fiscal de la norma es de apenas el 0,14% del producto bruto interno (PBI). En números, serían unos $780.000 millones de pesos. El oficialismo acusó a la oposición de hacer demagogia con un tema tan sensible como la educación, amén de destacar que la iniciativa no establece la fuente de financiamiento de la mayor erogación que implicará para el presupuesto nacional.

Fuente: Clarín, La Nación e Infobae.